Judicial and fiscal sectors express indignation over alleged PSOE 'cloaca' operations

Las últimas noticias sobre la presunta 'fontanera' Leire Díez, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán y su supuesto plan para "desestabilizar" causas judiciales han provocado indignación en diversos sectores judiciales y fiscales. También ha soliviantado al órgano de gobierno de los jueces la reacción de "altas instancias del Estado" tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero o la entrada de la UCO en Ferraz por orden del juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentó este martes a través de un comunicado institucional las "manifestaciones" de "altas instituciones del Estado" contra independencia judicial, aludiendo sin mencionarlas directamente a las palabras de miembros del Gobierno, como Óscar Puente, que ven "intereses claros para derribar a un Gobierno con métodos nada democráticos".

Pero el Consejo no habló en su comunicado de las supuestas operaciones de las 'cloacas' del PSOE, reveladas al conocerse el auto que dictó el pasado miércoles el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Varias asociaciones judiciales han mostrado su "profunda inquietud" ante esta supuesta trama y lamentaron este martes la falta de "contundencia" del CGPJ.

También denunciaron el silencio de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que no ha hecho pronunciamiento alguno al respecto de los últimos acontecimientos. La Fiscalía no tiene pensado remitir ningún comunicado, según fuentes de la institución.

Las asociaciones coinciden con el CGPJ a la hora de señalar que "los ataques desde al política a miembros del poder judicial" suponen un "riesgo" para el Estado de Derecho. Pero apuntan que "lo publicado estos días va mucho más allá, en la medida que apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial".

Los dos acontecimientos sucedidos en las últimas semanas —la imputación de Zapatero y la investigación a las presuntas 'cloacas' del PSOE— han servido para reavivar una discusión que se ha mantenido viva desde el inicio de la legislatura. Se trata de una discusión en la que las posturas de las partes son prácticamente invariables.

El origen de este clima de confrontamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por un lado, y el Judicial, por otro, se sitúa en el pacto de investidura sellado entre el PSOE y Junts tras las elecciones del 23J. El compromiso de Pedro Sánchez de amnistiar a los líderes del procés generó duras críticas por parte de muchos sectores del Poder Judicial. A su vez, ese pacto fue el germen de un término abanderado desde entonces por miembros del Gobierno y sus socios, el lawfare.

Las alusiones al lawfare han provocado recurrentes protestas por parte de las mismas asociaciones que este martes firmaron el comunicado mencionado previamente: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En abril de 2024 sucedió otro hito de máxima relevancia que avivó el confrontamiento entre poderes del Estado: el juez Juan Carlos Peinado imputó a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras admitir a trámite una querella del pseudosindicato Manos Limpias. Esto no hizo sino aumentar la intensidad de los ataques del bloque de investidura al instructor en concreto y a la judicatura en general.

Pero, además, en aquellas fechas y a raíz de este acontecimiento sucedió algo que no se conocía con certeza hasta la semana pasada. El ex número tres del PSOE Santos Cerdán, a quien aún no se investigaba en ninguna causa penal, encargó presuntamente a Leire Díez la ejecución de una operación encaminada a "desestabilizar" las causas judiciales que afectaban al Gobierno, al PSOE o al entorno del presidente.

Cerdán puso a disposición de esta trama "la estructura misma" del PSOE y más de 180.000 euros que salieron desde Ferraz a los bolsillos de distintos presuntos implicados en las 'cloacas': Leire Díez, la difunta periodista Patricia López y el actual abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo.

Bajo las órdenes de Cerdán, la trama habría intentado obtener información sensible de los cargos de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la judicatura que dirigen las investigaciones que perjudican al PSOE. El juez ha localizado supuestos intentos de soborno a fiscales y a una investigada, Carmen Pano, que ha asegurado varias veces en sede judicial que entregó 90.000 euros en efectivo en Ferraz.