La transición de Péter Magyar en Hungría: Reformas exprés y primeras críticas

La transición que capitanea el conservador Péter Magyar en Hungría avanza con ímpetu para dejar atrás la era iliberal de Viktor Orbán. Respaldado por el rotundo aval que le otorga su histórica victoria electoral de abril, el líder de Tisza ha emprendido una agenda reformista exprés, con algún que otro tropiezo y más de una incógnita. El régimen de Orbán ha pasado de parecer una fortaleza inexpugnable a desmoronarse a una velocidad insospechada. Solo resistía la jefatura de Estado de Tamás Sulyok, que finalmente firmó el sábado la reforma constitucional que le destituye como presidente.

Con operaciones de nombres épicos como Purgatorio o Fuego Purificador, el nuevo dirigente mantiene una frenética actividad legislativa para desmontar el entramado corrupto con el que Orbán capturó el Estado húngaro. En los poco más de dos meses desde que tomó posesión el 9 de mayo, Magyar ha hecho un uso intensivo de su supermayoría parlamentaria —141 diputados de los 199 del Parlamento—. Ha emprendido dos enmiendas constitucionales, reformas legislativas de calado, un giro radical a las relaciones diplomáticas —reconstruyendo puentes con Bruselas, Kiev o Varsovia—, y un sonoro cerrojazo a los informativos de la radiotelevisión pública. También ha aparcado la persecución a las minorías como el colectivo LGTBI, que este año pudo desfilar libremente en el Orgullo de Budapest en junio.

El nuevo Gobierno está centrado en lo urgente: acceder a los 16.000 millones de euros que la UE bloqueó a Hungría por la deriva del Estado de derecho, la mayor parte de los cuales expiran a finales de agosto.

Para cumplir con las condiciones de Bruselas, Magyar ha cerrado la polémica oficina de defensa de la soberanía de Orbán, que buscaba silenciar las voces críticas. Ha reforzado los organismos anticorrupción y ha puesto en marcha la creación de una Oficina de Recuperación y Protección de Bienes Nacionales. El objetivo es desmontar las fundaciones con las que el anterior Gobierno privatizó las universidades, entre otras instituciones, y devolverlas al Estado. También ha sumado al país a la Fiscalía Europea, además de lanzar investigaciones a contratos públicos de la era de Fidesz.

El apoyo a Tisza, que en abril obtuvo el 53% de los votos, ahora supera el 60%, según las encuestas. Con ese empuje, Magyar se siente legitimado en su cruzada contra Fidesz y los altos cargos colocados por el partido de Orbán en instituciones clave. En la primera reforma constitucional limitó el mandato de los primeros ministros a dos legislaturas, para impedir el retorno de Orbán. En la segunda, aprobada el pasado lunes y ratificada el sábado, amplió el cerco a Fidesz. Las enmiendas buscaban destituir al presidente, restringir a tres los mandatos de los diputados y recuperar los 70 años como la edad tope para la jubilación de los jueces del Tribunal Constitucional, lo cual implica la salida del actual presidente y deja libres varias vacantes.

Primeras críticas

Estos últimos movimientos han empezado a generar algunas críticas, sin embargo. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Comité Helsinki de Hungría, encendieron las alarmas en junio, cuando se presentó la reforma. Nadie dudaba de que Sulyok —a quien Magyar llama “marioneta” de Orbán—, debía dejar su puesto por poner los intereses de Fidesz por delante de sus obligaciones constitucionales. Pero el procedimiento empleado preocupa.

Las ONG denunciaron que destituir a un presidente es suficientemente trascendental como para zanjarlo con una línea en la Constitución, un mecanismo que le despojaba de derechos procesales. Así lo hicieron saber en el poco tiempo que las enmiendas estuvieron abiertas a consultas, apenas cinco días, pero su opinión no se tuvo en cuenta.

Sulyok finalmente firmó la reforma el sábado, al límite del plazo legal. En el vídeo en el que anunció su decisión, consideró la maniobra de Magyar “un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político”. Este lunes, el Parlamento iniciará el proceso para reemplazarle al menos hasta que se apruebe una nueva Constitución. El primer ministro anunció el domingo que le propondrá el cargo a la gran maestra de ajedrez Judit Polgár.

La reforma de Magyar devuelve también competencias al Tribunal Constitucional y, en aras de la independencia judicial, establece que sean los jueces quienes nombren a los presidentes del poder judicial y del Supremo. El juez Tamás Matusik, presidente de la Audiencia Regional de Budapest, critica la medida por adoptar una enmienda constitucional en blanco que carece de detalles cruciales en cuanto al fondo. Matusik argumenta además que delega en los jueces una decisión que no es judicial sino política, porque según el, “esto no parece una vía legal, no se conocen garantías como el juicio justo y la posibilidad de apelar”.

El límite impuesto a los mandatos de los diputados, una medida que no estaba entre las promesas electorales de Tisza ni en el debate público, también ha generado objeciones. Zsuzsanna Végh, analista del German Marshall Fund of the United States, considera que la cuestión, “muy delicada y compleja”, no debería tener rango constitucional, sino que debería haberse debatido como parte de la futura reforma del sistema electoral. “En última instancia, esto supone una limitación del derecho a ser elegido. Y los votantes deberían tener la oportunidad de decidir si eligen o no a un determinado representante”, apunta.

Péter Kreko, director del centro de análisis Political Capital, coincide en cuestionar el tope de los 12 años y cree que desde el punto de vista jurídico es legítimo plantear críticas a algunos procesos. Considera sin embargo que la mayoría de los cambios están justificados y son necesarios. “No siempre se comprende bien que Fidesz construyó un Estado de Fidesz en Hungría a lo largo de 16 años. No podemos considerar las instituciones que están siendo objeto de cambios en este momento como guardianas de la democracia constitucional”, afirma.

El politólogo y especialista en ciencias del comportamiento no ha visto hasta ahora “intentos de debilitar los procesos democráticos en general”, pero reivindica el ejercicio de la crítica: “La sociedad húngara no ha cambiado por completo. Sí, existe un Gobierno más democrático, de eso no hay duda; también hay una mayor demanda de democracia en la opinión pública. Pero los reflejos y las prácticas que hicieron posible que Fidesz gobernara durante 16 años —como el conformismo, la obediencia a la autoridad y otras similares— no han desaparecido de la noche a la mañana”.

Mucha velocidad, poco debate

Kreko, que reconoce la urgencia de acceder a los fondos europeos, cuestiona que muchas de las reformas legislativas emprendidas por Magyar, “se han tramitado mediante proposiciones individuales presentadas por diputados”. “Esta es una maniobra destinada a eludir parte de los mecanismos de control parlamentario, que Fidesz utilizó ampliamente”, señala.

Jakub Jaraczewski, coordinador de investigación de Democracy Reporting International, un think tank con sede en Berlín, advierte de que “es muy peligroso que el primer ministro se acostumbre a esta velocidad y falta de debate”. Jaraczewski observa con satisfacción que Magyar no tiene las dificultades para restaurar el Estado de derecho que existen en su país, Polonia, donde el Gobierno tiene una exigua mayoría parlamentaria y el presidente, a la contra. Pero a la vez señala: “Es este momento, los únicos límites que tiene son los que él se autoimponga”.

El tope a los mandatos y las competencias recuperadas del Constitucional apuntan al autrocontrol, porque también conciernen a Tisza. Los analistas esperan a ver cómo se desarrolla el proceso constituyente del otoño, en el fondo y en las formas. Edit Zgut-Przybylska, académica húngara e investigadora en el Instituto de Filosofía y Sociología de la Academia Polaca de las Ciencias, incide en que “el principal desafío ahora es reforzar la dimensión deliberativa y participativa del proceso de reforma mediante una implicación significativa de la sociedad”.

Sobre el fondo, la principal incógnita es hasta qué punto se blindará la Constitución para que resista las tentaciones de líderes como Orbán de instrumentalizarla y modificarla a su servicio. Más crucial aún, la gran cuestión es la reforma de la ley electoral que genera supermayorías poco representativas. Modificarla en profundidad impediría que partidos como Fidesz se perpetuasen con un poder casi absoluto, pero también cortaría las alas a Tisza. Por ahora, Magyar da pocas pistas, más allá de pinceladas como rebajar la edad para votar a los 16 años, y el tema no está aún en la agenda.

Orbán declaró el lunes pasado la muerte de la democracia húngara antes de volar a Estados Unidos para ver el mundial de fútbol, mientras el partido y el sistema que construyó se desmorona de forma acelerada. El lunes dimitió el líder del grupo parlamentario de Fidesz, Gergely Gulyás, en protesta por la reforma constitucional. El exministro de Exteriores, Péter Szijjárto, investigado por sus vínculos con el Kremlin, atravesó el miércoles la puerta giratoria hacia BYD, la empresa china de coches eléctricos. Algunas voces de la formación hacen autocrítica, como el exministro Tibor Navracsics, que reconoció que una parte de la sociedad les ve “como una banda de criminales”, y otras apuestan por crear una nueva formación.