Reabren la investigación sobre la muerte de Haitam Mejri en Torremolinos durante una actuación policial

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la investigación sobre la muerte del marroquí Haitam Mejri, de 35 años, durante una actuación policial ocurrida el pasado mes de diciembre en Torremolinos (Málaga, 71.329 habitantes) que incluyó la utilización de pistolas táser. Los tres magistrados de la sección primera han solicitado a la jueza que lleva el caso, que decidió archivarlo el pasado mes de abril, que lo retome para realizar más diligencias. Requieren una investigación “profunda y efectiva” para “esclarecer los hechos denunciados” respecto a lo ocurrido durante la detención del hombre. Las imágenes de dos cámaras del propio establecimiento y otras dos de los policías han sido clave en la reapertura.

El polémico caso se conoció poco después de la muerte de Mejri durante su detención a última hora de la tarde del domingo 7 de diciembre. Entró a un locutorio de Torremolinos en busca, supuestamente, de un cargador para su móvil. Lo hizo nervioso y alterado, lo que asustó al propietario del local, que pensó que el cliente quería cometer un delito. El empresario salió, cerró la puerta por fuera y dejó encerrado al joven mientras llamaba al servicio de Emergencias 112 Andalucía para denunciar un presunto robo. A los 15 minutos acudió una patrulla de Policía Nacional y, poco después, otras dos más. Los seis agentes entraron, hablaron con Mejri y él se ofreció a colaborar. Nunca se resistió, pero lo tiraron al suelo y, entonces, le dispararon varias veces con táser e incluso los policías se animaban entre ellos a hacerlo en más ocasiones, como se puede escuchar en los vídeos.

El varón, con una rodilla sobre su cuerpo para ser inmovilizado, tirado en el suelo, empezó a sentirse mal. Y, aunque los agentes llamaron a una ambulancia, falleció allí mismo sin que los sanitarios —que fueron informados del uso de pistolas eléctricas— pudieran hacer nada por salvar su vida. “Los policías sabían que había un riesgo y aun así emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, señaló días después el abogado de la familia de la víctima, Samuel Tejada.

Los allegados denunciaron el uso “desproporcionado y excesivo” de la fuerza policial y aportaron un informe que señalaba que Mejri sufrió 86 lesiones externas ocasionadas durante la intervención policial. Los vídeos de las dos cámaras de videovigilancia del negocio y las de dos de los dispositivos táser sirvieron como argumento clave. La jueza que dirigía la investigación, sin embargo, archivó el caso en febrero y, tras el recurso de la familia, volvió a ratificarlo en abril. Lo hizo en base a los resultados de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, que reflejaban que la muerte tuvo una causa no natural, según reveló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El informe señaló una parada cardiorrespiratoria motivada por el consumo de sustancias tóxicas, lo que se denomina delirio agitado. El archivo no era definitivo y dependía de la sección penal de la Audiencia Provincial de Málaga, que ahora ha decidido que la investigación debe continuar, como ha adelantado eldiario.es. Y lo hace, precisamente, a partir de los vídeos grabados durante la detención.

Los tres magistrados de la Sección Primera de la audiencia malagueña describen en el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS lo ocurrido como una sucesión de hechos: “La actuación policial, la situación en la que se encontraba el fallecido durante la reducción, la postura de los agentes sobre él, las descargas de táser realizadas, cómo el fallecido se va quedando sin respiración y el momento en el que se hace la reanimación”. “A la vista de lo que aparece en dichas imágenes”, los magistrados solicitan una investigación “profunda y efectiva” porque, sostienen, en los supuestos de fallecimiento de una persona durante una intervención policial estando ya retenida por los agentes, hay que “despejar cualquier duda sobre la actuación policial”. Por eso acuerdan que el sobreseimiento de la causa quede sin efecto, que se consideren los informes periciales aportados por la familia —que el auto subraya que fueron rechazados por la instructora de forma “genérica”— y que se tome declaración a los peritos.