Spanish Prosecutors Met with Individuals Investigated for Undermining Judicial Cases

La Fiscalía General del Estado ha confirmado este miércoles que los fiscales Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz durante su etapa a frente de la Fiscalía General del Estado, y Beatriz López Pesquera mantuvieron entre marzo y abril de 2025 dos reuniones con la entonces militante socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, ahora investigados en la Audiencia Nacional por, supuestamente, intentar torpedear investigaciones y causas judiciales contra el PSOE y el entorno del Gobierno. Según ha precisado un portavoz de la Fiscalía General, durante el primero de esos encuentro, Teijelo informó de la existencia de “una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal”, mientras que en el segundo, que se produjo unas semanas después, el letrado informó de su intención de presentar varias denuncias ante la Fiscalía relacionadas con esos hechos, aunque no consta que finalmente lo hiciera. El ministerio público asegura que el entonces fiscal general solo fue informado de estas reuniones “a posteriori”.

La Fiscalía General ha respondido este miércoles al requerimiento que le hizo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que informara sobre posibles reuniones mantenidas con Díez, Teijelo y otros tres imputados por la supuesta trama que, según el magistrado, lideraba el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán: el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Ismael Oliver y Antonio García Cabrera. Según la información facilitada por la Fiscalía, solo hubo reuniones con los dos primeros y, en esos encuentros, el abogado Teijelo llevaba la voz cantante, aunque iba acompañado por una mujer que tuvo “una intervención menor” y que “sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación” como Leire Díez.

El juez Pedraz preguntó por las reuniones entre miembros de la trama y la Fiscalía General después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera varias conversaciones que apuntaban a ello. En una de ellas, del 18 de febrero de 2025, Díez le dice al letrado García Cabrera: “Te cuento, te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”. Y unos días más tarde, el 8 de abril, la exmilitante socialista le escribe al abogado: “El jueves estuve en FGE, cuando puedas hablamos”. La fecha de este mensaje coincide con la versión dada este miércoles por la Fiscalía General, que ha fijado el primero de los encuentros en el 6 de marzo y, el segundo, en “en fecha no determinada de finales de marzo o principios del mes de abril de 2025″.

Según la Fiscalía General, ni Villafañe, que entonces era teniente fiscal de la Secretaría Técnica, ni López Pesquera, que también formaba parte de ese departamento, recibieron nunca “indicación alguna” de García Ortiz, que en ese momento estaba imputado por revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una causa por la que acabó siendo inhabilitado para el cargo de fiscal general, puesto que ahora ocupa Teresa Peramato. En la respuesta dada al juez, la Fiscalía asegura que los encuentros con Teijelo y Díez no derivaron en ninguna actuación por parte de los dos fiscales que asistieron, ya que estos entendieron que el relato del abogado “se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto”.

En los registros de la Secretaría Técnica no existe ninguna denuncia formulada por Teijelo en los años 2025 y 2026, aunque sí hay una presentada el 17 de septiembre de 2025 por Leire Díez contra una persona a la que un portavoz del ministerio público ha identificado como J. G. G. Estas iniciales coinciden con las del fiscal José Grinda González, que ha contado al juez que intentaron sobornarle para que ofreciera información comprometedora del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. En la información enviada a Pedraz, el ministerio público señala que esa denuncia fue remitida a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, y fue archivada el 15 de diciembre de 2026 porque no aportaba “indicio alguno” que justificara una investigación.

En el requerimiento enviado a la Fiscalía General, Pedraz preguntaba también por denuncias presentadas entre enero y junio de 2025 por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, una medida con la que el instructor pretende indagar si, como sospecha la UCO, Díez se confabuló con otras personas para presentar denuncias contra los investigadores de las causas que afectaban al Ejecutivo. El ministerio público ha constatado que en ese periodo se recibieron cinco “escritos/denuncias” de Koldo García o alguien en su representación. Todas fueron archivadas, por la Secretaría Técnica, Anticorrupción o la Fiscalía Provincial de Madrid.

La Asociación de Fiscales, la mayoritaria del sector, ha mostrado en un comunicado su “profunda indignación ante la insuficiente respuesta” ofrecida por la Fiscalía General del Estado sobre la “presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado” y contra varios integrantes de la carrera. La asociación, que se mostró muy crítica con la Fiscalía General durante el mandato de García Ortiz y que también ha criticado aspectos del actual mandato, considera que la explicación aportada “deja sin respuesta cuestiones esenciales”. Se pregunta por qué no constan “apertura de diligencias” para verificar la supuesta información que iban a aportar Díez y Teijelo y por qué, si lo que comunicaron carecía de relevancia penal, se celebraron “sucesivas reuniones” e intervinieron altos responsables de la institución.