Zapatero estudia acciones legales por la filtración de su chat y agenda

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estudia emprender acciones legales por la filtración en varios medios del contenido íntegro del chat con su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como de su agenda para los años 2024 y 2025. Se trata de un compendio ingente de información de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que levantó el secreto de las actuaciones el pasado 19 de mayo de 2026.

Fuentes del entorno del expresidente han señalado la intención de tomar medidas legales y cuestionan que el juez Calama no haya efectuado una selección previa de los mensajes de su chat que son relevantes para la causa que instruye y que apunta al posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Como anexos al último informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el pasado 22 de junio, figuran el contenido íntegro de su agenda para los años 2024 y 2025, así como un documento de más de mil páginas con el volcado de su conversación de WhatsApp con su secretaria.

En estos mensajes aparecen valoraciones personales y comentarios acerca de la vida privada del expresidente, más allá de los elementos que la UDEF considera indiciarios para probar lo que apunta en este último informe, en el que se indica que Zapatero cobró 200.000 euros por hacer de intermediario con el Gobierno de Bolivia y un grupo empresarial peruano, Gloria, para que este último saliese beneficiado.

Tras esta filtración, Zapatero estudia acciones legales, aunque por el momento se desconoce en qué se concretarán, según explican las fuentes consultadas.

Tras divulgarse la agenda y los mensajes con su secretaria, el expresidente ha recibido el espaldarazo de su partido. En un comunicado, el PSOE señala que esta filtración “de agendas, conversaciones y mensajes privados, ajenos a la causa” supone una “grave invasión de su privacidad y una vulneración de derechos fundamentales”.

Desde el PSOE lamentan que “utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”, por lo que consideran “un escándalo mayúsculo” esta difusión y ”una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”. La secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, ha insistido en estos argumentos a través de las redes sociales.

Fuentes del Gobierno mostraron su preocupación por la “creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso. Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”

En este sentido, señalan que “los derechos fundamentales no son negociables. Tenemos la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos. Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial”.

Zapatero está imputado por la Audiencia Nacional de España en relación a la investigación judicial que se sigue del caso Plus Ultra, una aerolínea que recibió en 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros y que opera vuelos regulares con varias ciudades de Latinoamérica.