La Comisión Europea recomienda a España limitar el uso del IVA reducido
La Comisión Europea recomienda a España que limite el uso del IVA reducido y señala especialmente a los hoteles y restaurantes, ya que, a su juicio, estos tipos preferenciales tienen un “efecto redistributivo muy limitado” en la sociedad a pesar de su alto coste para el Estado. Es decir, que benefician más a las rentas más altas que a las bajas porque son las que más lo consumen, señalan fuentes comunitarias. Mientras, el impacto de este impuesto que se deja de recaudar es enorme: el IVA del 10% para hostelería está costando a España un 0,4% del PIB, o el equivalente a casi 7.000 millones de euros cada año.
La revisión de los tipos preferenciales del IVA se incluye en una de las sugerencias que hace Bruselas a España dentro de la evaluación del paquete fiscal de esta primavera, en el que advierte que el país presenta una de las mayores “brechas de política de IVA” de toda la Unión Europea. El sector de la hostelería destaca especialmente, indican los economistas comunitarios, porque la aplicación de tipos de IVA reducidos supone una pérdida destacada para las arcas públicas y hace que el sistema tributario español sea más complicado.
Bruselas reabre así un debate espinoso que ya lanzaron hace unos meses algunos economistas catalanes, y que provocó un rechazo frontal de las patronales y los sindicatos por el impacto en la actividad y en el empleo en uno de los sectores más destacados para la economía española. El IVA que se paga por los servicios de restauración y hostelería es reducido, del 10%. Es menos de la mitad que el del resto de actividades –incluida la industria– que, como norma general, alcanza el 21%.
“Un uso más restringido de los tipos preferenciales del IVA contribuiría a simplificar el sistema tributario”, afirma el documento comunitario de junio. Lo que entienden, apuntan estas fuentes de la Comisión, es que Españatiene demasiadas exenciones y beneficios en IVA, fundamentalment, y piden que esta sea “una de las vías para aumentar la recaudación pública”.
El documento también apunta que, pese a que organismos como la AIReF han realizado algunas evaluaciones, en España no existe un “enfoque sistemático” para analizar si estos beneficios fiscales, como el IVA preferencial para los hoteles y restaurantes, son realmente efectivos para sus propósitos. “La calidad de las finanzas públicas podría mejorar gracias a una mejora de la información consolidada y a una evaluación sistemática de todas las desgravaciones fiscales en todos los niveles territoriales”, señala el Ejecutivo comunitario.
Otra de las tareas pendientes de España tiene que ver con la redistribución intergeneracional de la riqueza. El documento apunta a que España presenta una serie de debilidades en el sistema de protección social, incluyendo una cuestionable distribución de los gastos sociales entre las distintas generaciones en un contexto de recursos fiscales limitados.
Lo que señalan en la Comisión es que el gasto en pensiones es enorme, mientras existe una necesidad de dirigir el gasto público hacia políticas que apoyen específicamente a los niños y jóvenes, como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo. Por lo tanto, debería aumentar la eficiencia del gasto para crear el “espacio fiscal necesario” que permita atender tanto las presiones del envejecimiento poblacional como las necesidades de las generaciones más jóvenes.
En líneas generales, la Comisión señala que España cumple las reglas fiscales de la UE gracias a haber activado la cláusula de escape para el gasto en defensa, pero avisa del riesgo de que en el año en curso termine incumpliendo la senda de gasto público pactada con Bruselas, al aumentarlo un 5,1% frente al 3,5% acordado. Esto supondría un desvío equivalente al 0,6% del PIB en 2026, por encima del máximo del 0,3% anual que permiten las reglas comunitarias, y del 0,7 % del PIB acumulado durante el periodo, también superior al tope del 0,6%. Pero España puede respirar: al aplicar la cláusula de escape, puede descontar del cómputo acumulado el gasto adicional en defensa, que para este año será del 0,3% del PIB, según cálculos de Bruselas.
Bruselas ha añadido una nueva flexibilidad para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán. El Ejecutivo comunitario ha confirmado este miércoles que permitirá que los Estados miembros utilicen la apertura de esta cláusula de escape para defensa que permitió el año pasado, que implicaba que los Gobiernos que deseaban gastar hasta un 1,5% del PIB para impulsar el gasto militar lo hiciesen sin tener que estar sujetos a las estrictas normas fiscales europeas, para afrontar la subida de los precios de la energía.
El razonamiento, según fuentes comunitarias, es que es también una cuestión de “seguridad europea”. Pero hay límites: los Estados miembros podrán usar este margen solo para destinar 0,3% del PIB (un máximo del 0,6% hasta el 2028) para gastos relacionados con la transición energética con el fin de reducir la dependencia energética de la UE de los combustibles fósiles.
