Contrato de ciberseguridad del Estado paralizado por falta de presupuesto

El contrato de ciberseguridad del Estado, el tercero del gran programa de telecomunicaciones del Gobierno, conocido como ‘CORA’, afronta un nuevo contratiempo. Según consta en el acta de la mesa de contratación del Ministerio de Transformación Digital, el lote que fue adjudicado, en última instancia, a Telefónica ha quedado paralizado debido "a la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente" que, respalda el órgano administrativo está motivada por "la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito (RC) por parte de los organismos cofinanciadores (IMSERSO, INGESA y DGRCC) durante la pendencia del recurso especial".

En este contexto, el acta de la mesa que se dio cita el pasado martes, refleja el "suspenso de la tramitación del procedimiento". "La continuidad de la actividad queda paralizada, acordándose no practicar actuación adicional alguna hasta que obre en el expediente constancia fehaciente de que los créditos correspondientes a las citadas entidades han sido nuevamente retenidos y autorizados". En la práctica, esta decisión supone un nuevo 'frenazo' administrativo al proceso, que obliga a restablecer previamente la disponibilidad presupuestaria antes de poder retomar la adjudicación del contrato presupuestado en 78 millones de euros, prevista a la teleco que preside Marc Murtra.

Se da la circunstancia de que, en el mismo acta, la mesa ejecuta la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que falló a favor de anular la exclusión de Telefónica de este contrato. "Se anula la resolución de exclusión y por ende la resolución por la que se declara desierto el procedimiento, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la exclusión, prosiguiendo este por sus trámites" cita.

Moncloa prevé retomar la adjudicación a Telefónica tras el verano

Tras la publicación de esta información, fuentes del Ejecutivo aseguran que el servicio de ciberseguridad queda garantizado por Telefónica y califican lo ocurrido como un "mero trámite administrativo" que se resolverá "a la mayor brevedad posible". En concreto, tras abrir un nuevo plazo para presentar alegaciones, como obliga la normativa de contratos del Estado, las mismas fuentes apuntan a después del verano para proceder con la adjudicación definitiva a Telefónica.

Cronología de un contrato rodeado de polémica

El conflicto en torno al conocido como CORA III se remonta a julio de 2025, cuando Telefónica impugnó ante el TACRC la adjudicación realizada a la UTE liderada por MasOrange al considerar que una de sus integrantes, Mnemo, no cumplía con la obligación legal de disponer de un plan de igualdad. El tribunal estimó el recurso en septiembre y anuló la adjudicación. Sin embargo, meses después, durante la fase de formalización del contrato, la mesa requirió a Telefónica que acreditara el cumplimiento de los requisitos de igualdad por parte de todas las empresas vinculadas a la ejecución del proyecto. La operadora defendió entonces que la normativa de contratación pública permite modificar determinados aspectos de la estructura de subcontratación sin afectar a la validez de la oferta.