El diálogo social en España se debilita por la precariedad parlamentaria y la falta de entendimiento

“Hay negociaciones actualmente abiertas que están en encefalograma plano”, dice el principal negociador del diálogo social de CC OO, Javier Pacheco. “Hay cada vez menos reuniones”, agrega su homólogo en UGT, Fernando Luján. “Nuestro diálogo con Trabajo está en punto muerto desde 2022″, comentan fuentes de la CEOE, mientras que Celia Ferrero, representante de la asociación de autónomos ATA, reflexiona sobre su relación con la Seguridad Social: “Para nosotros ahora mismo no existe el diálogo social”. Por su parte, la presidenta de la patronal de pymes Cepyme, Ángela de Miguel, recalca que es “un pilar de la democracia y se está debilitando”, opina.

Desde posiciones muy diferentes, sindicatos y patronales coinciden en que el diálogo social no atraviesa su mejor momento. Más allá de la percepción de cada actor, el debilitamiento se aprecia tanto en el ritmo de las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social como en la frecuencia de los pactos. Los representantes de los trabajadores y los de los empresarios coinciden al relacionar esta tendencia con la precariedad parlamentaria del Gobierno y la falta de entendimiento en las medidas propuestas. Aunque los empresarios matizan este último punto: ven más opciones de reencontrarse con la Seguridad Social que con Trabajo.

Un vistazo al calendario de reuniones del último año muestra que, salvo en agosto, la norma era celebrar varios encuentros cada mes, en ocasiones en el Ministerio de Seguridad Social y en otras en el de Trabajo. Pero esto ha cambiado últimamente: en abril solo hubo una convocatoria y en mayo, de momento, no se ha celebrado ninguna, pese a que hay varias mesas pendientes de avanzar.

Luján opina que esta contracción tiene mucho que ver con “las dificultades del Gobierno para sacar adelante cualquier disposición en el Parlamento”, dada la mayoría de derechas. Esas complicaciones, sin embargo, no evitaron un mayor ritmo de negociaciones y propuestas en la primera mitad de esta legislatura, protagonizada por el diálogo de la reducción de jornada. Pacheco cree que ese precedente es uno de los factores que ha cambiado la estrategia del Ejecutivo: “Se constató el voto contrario de Junts y que la correlación parlamentaria hace inviables las modificaciones legislativas. Por eso, entre otros motivos, el diálogo social ha cambiado de carril”.

La única gran iniciativa surgida del diálogo social que ha triunfado en lo que llevamos de legislatura es la tercera parte de la reforma de pensiones. Frente al fracaso de Trabajo para atraer a la patronal a la reducción de jornada, la Seguridad Social sí lo consiguió para esta política —que incluye medidas que a los sindicatos les costó aceptar—. Ese respaldo empresarial fue precisamente el argumento aducido por el PP para apoyar la reforma en el Parlamento y, la falta del mismo, el que empleó para rechazar la contracción del tiempo de trabajo.

Con una lógica parecida es previsible que fracasen en el Parlamento otras medidas que Yolanda Díaz solo ha pactado con los sindicatos y que están pendiente de desarrollo: el endurecimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, la ampliación del permiso por fallecimiento o el estatuto del becario. Este último, el único que ya ha llegado al Congreso, ya cuenta con el rechazo de un grupo que normalmente respalda al Gobierno, el PNV. El grupo vasco ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad.

Ante la pregunta sobre el debilitamiento del diálogo social, el Ministerio de Trabajo sostiene que su compromiso con la negociación “está fuera de toda duda; más, si cabe, teniendo en cuenta las dificultades que impone la aritmética parlamentaria”. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social dice que el diálogo social es “fundamental” y que por eso ha convocado “varias mesas en los últimos meses y continúan los trabajos con los interlocutores sociales”.

La patronal choca con Trabajo

La CEOE viene manifestando su oposición a los últimos cambios propuestos por Trabajo, acordados con CC OO y UGT. Fuentes de la gran patronal española señalan que los puentes están rotos desde 2022, tras las modificaciones en normativa laboral que, en opinión de la asociación que dirige Antonio Garamendi, contravienen el espíritu de la reforma laboral, el gran pacto alcanzado en 2021. Ponen como ejemplo el cambio en la priority de los convenios colectivos, sin respaldo ni sindical ni empresarial.

La asociación patronal insiste en que el rechazo es de fondo, que no está de acuerdo con los planteamientos de Trabajo porque los considera “perjudiciales”. El departamento de Díaz, sin embargo, hace otra lectura: cree que el rechazo obedece, en gran parte, a las elecciones en la CEOE y que Antonio Garamendi adopta una posición de férrea oposición para ganar enteros en esos comicios previstos para el segundo semestre. Así explican que la patronal no participe en ningún acuerdo con ellos desde hace casi dos años. CEOE descarta esa interpretación, al igual que la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel: “Rara vez cambiamos de posición. Somos prácticos y miramos al largo plazo. Si no estamos de acuerdo con algo es porque creemos que es negativo para la empresa y el conjunto de la economía”.

Trabajo achaca a las patronales que no haya habido más “agilidad” en algunas negociaciones: “En algunos casos han querido prolongar sine die los trabajos sobre algunas normas con ánimo meramente dilatorio. Un caso especialmente singular fue en la mesa de prevención de riesgos, en la que mostraron su oposición a cuestiones sobre las que había un acuerdo previo en la estrategia que sirvió de marco a la redacción de esta norma".

Las dos negociaciones abiertas de Trabajo son la que pretende dar entrada a los sindicatos en la dirección de las empresas y la reforma de la indemnización por despido. La patronal rechaza hasta tal punto los proyectos que se ha levantado de ambas negociaciones, en la primera sin tan siquiera una primera reunión, algo que nunca antes había sucedido desde que Díaz dirige Trabajo. Sin los empresarios en la ecuación, el ministerio ha dilatado ambas negociaciones: hace mes y medio que los sindicatos presentaron su propuesta conjunta para encarecer el despido (tras los pronunciamientos del Consejo de Europa que respaldan su posición al respecto), pero Trabajo aún no se ha reunido con CC OO y UGT para tratar el tema —los ha convocado para el 29 de mayo—. Y la última reunión sobre la democracia en la empresa data del 12 de marzo.

Más cercanía a la Seguridad Social

Los empresarios diferencian entre la interlocución con Trabajo y con la Seguridad Social. “Es diferente”, sostiene De Miguel: “Con la Seguridad Social está costando llegar a acuerdos porque partimos de posiciones muy diferentes, pero avanzamos poco a poco. En Trabajo el resultado de las mesas está decidido de antemano”.

El departamento de Saiz tiene dos grandes negociaciones en marcha. Una es la de la incapacidad temporal, que busca atenuar el fuerte incremento de las bajas laborales en los últimos años. “Está siendo difícil, pero lo estamos intentando. Queremos llegar a un entendimiento”, añade CEOE, que sitúa este tema como uno de los prioritarios en su agenda. Pacheco y Luján también ven opciones de pactar estos cambios (pese a la fuerte discrepancia), una vez que el Gobierno se ha comprometido a desbloquear la jubilación parcial del personal laboral de la Administración pública.

Todas las partes son menos optimistas respecto al otro gran diálogo pendiente, el de las cuotas de autónomos. “Está totalmente paralizado. El ministerio cometió una torpeza al plantear una primera propuesta sin hablar con nadie y ahora llevamos meses esperando novedades. Estamos en un punto muerto”, dice Ferrero, de ATA. Fuentes conocedoras de la decisión aseguran que La Moncloa pidió parar la negociación tras el aluvión de críticas que despertó la primera propuesta de la Seguridad Social (que elevaba más algunas cuotas de tramos bajos que las de los intermedios), luego corregida.

La última reunión al respecto se celebró en octubre del año pasado, bloqueo que condujo a una prórroga de las cuotas de 2025 que ya se alarga casi cinco meses. Los sindicatos denuncian que esta parálisis complica mucho satisfacer el objetivo de alcanzar la cotización de autónomos por ingresos reales en 2032, pese a que ese destino final fue acordado por todo el diálogo social en 2022. Con todo, varios grupos parlamentarios anticiparon su rechazo frontal a un incremento de las cuotas, lo que aleja aún más esta posibilidad. “La negociación y la búsqueda que consensos han sido una de las claves del éxito de las políticas puestas en marcha en los últimos años, algunas de las cuales se están desplegando aún”, agrega la Seguridad Social.

Choque por los decretos sin rango de ley

Otro aspecto que enfada tanto a los sindicatos como a patronales es cómo se están gestionando las medidas por decreto, las que no exigen el respaldo del Parlamento al no tener rango de ley. Pero el análisis es muy distinto: lo que critican UGT y CC OO es la falta de desarrollo de esos reglamentos, mientras que la patronal considera “antidemocrática” esta vía.

Los representantes de los trabajadores centran su denuncia en el refuerzo del registro horario, que aún está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, tras recibir un informe muy desfavorable del Consejo de Estado. Trabajo achaca ese varapalo a la parte socialista del Gobierno: "Pese a que no requieren tramitación parlamentaria son normas que tienen una tramitación más compleja por la necesidad de que informen los órganos consultivos y, por supuesto, el conjunto de ministerios del Gobierno que, en algunos casos tratan de impedir el avance de estas normas".

Es un análisis que, de forma más velada, replican los sindicatos. “Estamos en el límite de tensión con este tema. Antes del verano tiene que estar resuelto y no me vale la excusa de que una parte del Gobierno no está de acuerdo. No caben más coartadas ni dilaciones”, dice Pacheco. “No podemos esperar más. Si no cambian pronto las cosas nos plantearemos movilizaciones”, añade Luján. Los representantes de los trabajadores también critican que no haya más avances en el prometido reglamento que evite que los empresarios puedan absorber las subidas del salario mínimo eliminando complementos salariales.

“En democracia”, añade De Miguel, “las medidas deben partir del diálogo y del consenso, no de la unilateralidad, lo que es más propio de regímenes no democráticos; esperamos un cambio en estas medidas que afectan especialmente a las pymes”.