El Gobierno esquiva el debate ético sobre las joyas de Zapatero

Tres semanas después de que el sumario del caso Plus Ultra destapara que la UCO halló un surtido de joyas en una caja fuerte durante el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno sigue evitando responder a una pregunta incómoda: si considera compatible con los estándares de ejemplaridad que se exige a los cargos públicos conservar este tipo de obsequios. A las puertas de la declaración judicial del expresidente, prevista para este miércoles, Moncloa rehúye el debate ético y se refugia en que las informaciones conocidas proceden de filtraciones. En todo caso, tratan de justificar la actuación de Zapatero al admitir que recibir regalos ha sido una práctica habitual en los distintos gobiernos, aunque hoy esos obsequios están regulados y no pueden incorporarse al patrimonio personal. Una explicación con la que trata de exculpar la actuación de Zapatero apelando a que, desde entonces, "las leyes han cambiado".

La argumentación de Moncloa se apoya en que el marco normativo sobre los regalos recibidos por los altos cargos se ha endurecido con el paso de los años. Sin embargo, el primer paso en esa dirección lo dio precisamente el propio Zapatero. En 2005 aprobó un Código de Buen Gobierno que ya establecía que los miembros del Ejecutivo debían rechazar los obsequios que excedieran los usos habituales de cortesía y que los de especial relevancia institucional pasaran a formar parte del patrimonio del Estado. Años después, con Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, esos principios fueron reforzados y elevados a rango legal mediante la Ley de Transparencia y la Ley de Altos Cargos. No obstante, esta última regula expresamente a los miembros del Gobierno y altos cargos en ejercicio, mientras que la situación de los expresidentes no está contemplada de forma tan específica.

De momento, el origen de las joyas sigue apoyándose exclusivamente en las explicaciones ofrecidas por el entorno de Zapatero. Tras el registro, su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, aseguró que algunas de las piezas procedían de una herencia familiar, tanto del expresidente como de su esposa, Sonsoles Espinosa, y otras eran regalos de viajes. Más tarde, su portavoz, Luis Arroyo, amplió esa versión al afirmar que se trataba de "herencias" y "regalos" y estimó su valor entre 30.000 y 50.000 euros. Aquella cifra acabó convirtiéndose en un problema añadido para la defensa pública del expresidente: Arroyo tuvo que disculparse después de que la tasación ordenada por el juez José Luis Calama fijara el valor de las joyas en 1,3 millones de euros, más de cuarenta veces por encima de la valoración inicialmente trasladada a los medios.

En cualquier caso, el debate sigue condicionado por una incógnita fundamental: ni la investigación ni las explicaciones conocidas hasta ahora han aclarado cuál es exactamente el origen de las joyas halladas en el despacho de Zapatero ni cuándo fueron recibidas, un dato clave para determinar qué normas resultarían aplicables y valorar el alcance de las responsabilidades que pudieran derivarse. En Moncloa llevan semanas sorteando la polémica y este martes volvieron a hacerlo, especialmente en lo relativo a su dimensión ética. El Gobierno evita valorar el fondo del asunto y se ampara en que no puede pronunciarse sobre "informaciones conocidas por filtraciones".

Sí entra, en cambio, en el terreno jurídico, insistiendo en que las reglas han cambiado desde la etapa de Zapatero y recuerdan que hoy cualquier regalo recibido por miembros del Ejecutivo debe ser identificado, registrado e inventariado. "Ahora lo que se regala se etiqueta y se inventariza", resumen. En esa defensa deslizan además una crítica al PP al señalar que, de no haberse endurecido la normativa, "a lo mejor Aznar tendría que devolver lo de hace 25 años".

Moncloa también apela a otro elemento para contextualizar el debate fiscal: las diferencias existentes entre comunidades autónomas. Recuerdan que tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones están parcialmente cedidos a las autonomías, lo que puede traducirse en tratamientos tributarios distintos para un mismo bien. En cualquier caso, una de las claves sigue siendo la fecha en la que las joyas llegaron a manos de Zapatero. Ese dato resulta determinante para saber qué normativa era aplicable en cada momento y también para valorar si una eventual irregularidad relacionada con su adquisición o declaración podría encontrarse prescrita si los hechos se remontan a muchos años atrás.