El PP solicita la revisión de la instrucción que amplía la Ley de Nietos

El PP anunció ayer, en pleno lunes de resaca del Mundial, que ha solicitado a la Secretaría de Estado de Justicia la "revisión de nulidad de oficio" de la instrucción que amplía las nacionalizaciones de la Ley de nietos más allá de lo que contemplaba originalmente la Ley de Memoria Democrática, y que permite nacionalizarse español a los bisnietos e incluso tataranietos de los exiliados, sin que éstos hubieran sido objeto de represalia en la Guerra Civil o en la dictadura franquista. En gran medida, casualmente, se trata de ciudadanos del país contra el que se enfrentó España en la final de Nueva Jersey, Argentina.

La instrucción, firmada por la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente), interpretó que cuando la Ley de Memoria dice que se pueden nacionalizar "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio...", ese "y que" quiere decir "y, además, aquellos que".

Es una interpretación que va totalmente en contra del espíritu que se le dio a la norma en el Congreso. Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, la mayoría de la Cámara Baja rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos que venía a decir que cualquiera podía recuperar la nacionalidad si había salido de España.

Por eso el PP ha iniciado el proceso de reclamación. "Hemos enviado un escrito al Ministerio, y si responde, tras eso habría un informe vinculante del Consejo de Estado", aseguran. Es decir, lo que quiere el PP es que el máximo órgano consultivo determine si una instrucción interpretativa puede ampliar de manera determinante el espectro de personas que pueden acogerse a la medida.

Eso sí, en Génova no tienen muchas esperanzas en que el Gobierno permita el trámite ni en que el Consejo de Estado les dé la razón. La Secretaría de Estado tiene tres meses para contestar, y si no lo hace, el silencio es negativo: o sea, se dará por desestimada la petición del PP. "Pero el Gobierno tendrá que contestar por qué no responde", retan.

La dirección nacional de los populares ha decidido emprender esta iniciativa ante el Ministerio de Justicia -tres semanas después de que lo hiciera Vox- tras conocer las "dudas razonables" que tiene sobre la aplicación de la norma la Junta Electoral Central (JEC). Este órgano independiente se reunió el jueves puerta cerrada para deliberar sobre las reclamaciones presentadas respecto al proceso de nacionalizaciones en virtud de la conocida como Ley de nietos.

El conjunto de los vocales de la Junta acordó reclamar que, en las solicitudes que se presenten, quede "suficientemente motivada" la elección del municipio al que se adscriban los nuevos ciudadanos españoles. Pero algunos de los vocales presentes querrían que el órgano hubiera hecho más para "poner fin" a los que consideran un "incremento formidable e irreversible del censo".

Cuatro vocales suscribieron un voto particular asegurando que se está produciendo un "incremento irregular del censo" y que la JEC "no puede permanecer inactiva". "Si la JEC no es la competente para poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la Ley, ¿quién lo sería?", expone el voto particular formulado por el vocal Carlos Vidal -catedrático de Derecho Constitucional-, y al que se suman otros tres miembros del órgano.