El Tribunal Supremo se opone al indulto del ex fiscal general Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo ha informado en contra del indulto del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. La sala que lo condenó considera que no hay razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que permitan dar fundamento a la solicitud realizada por varios ciudadanos.

En el informe que debe realizar el tribunal sentenciador a cada petición de indulto, el Supremo destaca que los hechos por los que García Ortiz fue condenado "fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

"La contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia", explica la sala, que ha adoptado esta decisión por mayoría de los magistrados que formaron parte del tribunal.

En las peticiones de indulto, la opinión del tribunal sentenciador no resulta vinculante, sino que la medida de gracia es una prerrogativa del Gobierno, que será el que decida en última instancia. Tal y como expone el escrito del Tribunal Supremo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, informó en favor del indulto a quien fuera su superior directo, pero su criterio no ha sido compartido por los magistrados de la Sala de lo Penal.

En uno de los argumentos que expuso la Fiscalía en su informe está el quid de la cuestión: la teniente fiscal expuso que la pena de inhabilitación "carece de relevancia", dado que Álvaro García Ortiz ya ha dimitido como fiscal general y no podrá volver a ocupar ese cargo, tal y como dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

El Tribunal Supremo contesta que, aunque la teniente fiscal pone de manifiesto "la pérdida de relevancia de la consecuencia jurídica", "también es procedente afirmar esa pérdida de relevancia respecto al indulto que se propone".

Más adelante, el informe del Supremo destaca la "sustancial falta de contenido del indulto que se solicita", y advierte de que "se indultan las penas, no el delito". Así lo recoge este escrito que suscriben el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Susana Polo, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. En dicho informe, los jueces del Supremo se muestran favorables a que el ex fiscal general cumpla íntegramente el fallo de la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre.

Sin embargo, será el Gobierno quien decida sobre un indulto que, en todo caso, tendría efectos meramente simbólicos y no supondría el regreso de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la ley que regula el indulto, que data de 1870, en la tramitación de esta medida de gracia, el tribunal que haya dictado la sentencia debe remitir el correspondiente informe al Ministerio de Justicia, como ha hecho la sala a través de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.