Incendio en Almería: Fallos en planes de emergencia y urbanismo agravan la tragedia

La ausencia de un plan de emergencia local actualizado, la ineficaz evacuación y la existencia de un territorio lleno de casas dispersas entre barrancos y plagado de “caminos ciegos” proclives a convertirse en 'ratoneras', son algunas de las claves que rodean la tercera mayor tragedia causada por el fuego en España. Los municipios de esta zona de Almería diseminados por el territorio tampoco cuentan con planes de autoprotección, como exige la ley andaluza.

Los Gallardos es uno de los municipios que figura en el listado oficial de localidades andaluzas que tienen un territorio catalogado como ‘zona de peligro de incendios’, por lo que, a tenor de la legislación andaluza, está obligado legalmente a tener aprobado, actualizado o revisado un plan local de emergencia por incendio forestal (Pleif).

Este plan debe incluir estrategias de prevención locales, planes de evacuación claros y sistemas de aviso a la población integrados en el Plan Infoca.

De hecho, este lugar aparece explícitamente en el apéndice normativo del Plan Infoca (“zonas de peligro”) del gobierno andaluz, en el listado oficial de la provincia de Almería.

Casi todo el término municipal de Los Gallardos está clasificado normativamente como zona de peligro de incendios forestales.

Sin embargo, los Gallardos tiene actualmente solo en fase de redacción y renovación su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL), el documento que organiza la respuesta municipal ante situaciones de grave riesgo, como incendios forestales, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos.

Es decir, el municipio no tenía completamente al día ese instrumento obligatorio en el momento del incendio.

La existencia de estos planes facilita la coordinación entre administraciones, la movilización de recursos y la adopción de medidas de protección para la población en caso de emergencia.

Ecologistas en Acción ha denunciado que este es un mal que afecta a otros municipios de la zona. Pese a la obligación de disponer de un Pleif, hay ayuntamientos “que a estas alturas carecen de estos planes, muchos no los tienen actualizados y la inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas”.

Por otra parte no se se realizan simulacros en los municipios forestales “para que la población sepa qué tiene qué hacer para colaborar en la prevención y extinción de los incendios forestales, cuándo tiene que confinarse y cuándo y cómo proceder a su evacuación”, añade esta organización.

Además, los municipios diseminados territorialmente deberían contar también con un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF), que es un instrumento técnico obligatorio para núcleos de población aislada, urbanizaciones y campings situados en zonas de peligro.

Su objetivo es evaluar los riesgos, definir medidas preventivas, organizar la evacuación y facilitar la intervención de emergencia. Nada de estos existía en las zonas incendiadas.

Las autoridades andaluzas han relacionado las muertes con el hecho de que las personas fallecidas no atendieron debidamente las instrucciones de evacuación, erraron el camino de la escapada y se vieron atrapadas, por este error, en un callejón sin salida.

Otras fuentes creen sin embargo que sería conveniente aclarar qué órdenes recibieron exactamente las personas evacuadas.

La inseguridad se relaciona así con una ocupación del suelo con construcciones aisladas, muy dispersas y diseminadas en el territorio, en praderas de espartales y barrancos, con casas nuevas y viejos cortijos semiabandonados, una red de caminos estrechos que “a veces acaban en una casa”, en bucles sin salida, como “caminos ciegos”, que complican la evacuación, explica Rubén Vives, miembro de Ecologistas en Acción en Murcia y buen conocedor de esta zona.

Los grupos conservacionistas culpan de lo sucedido a la tendencia de la Junta de Andalucía a promover “las segundas residencias sin ligación con las fincas rústicas”.

Expresan anónimamente su preocupación a que esta proliferación de las viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa siga siendo alentada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía.

Y temen que ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (2021), la normativa que regula el urbanismo en Andalucía (que simplifica la burocracia y reduce los tipos de suelo a únicamente rústico y urbano), agravará aún más esta situación al permitir todo tipo de construcciones en suelo no urbanizables.

“Estos incendios forestales demuestran también el fracaso de las políticas de prevención, no solo en las actuaciones sobre las masas forestales para hacerlas más resistentes a la propagación de los incendios, sino incluso en terrenos forestales con escasa vegetación arbórea, como es este caso, sobre todo por la inoperancia demostrada de los planes de emergencia locales”, señalan.

Todo este territorio que arde y sus inmediaciones no es un bosque convencional sino una zona forestal, sobre todo desarbolada, un área llena de barrancos, algunos pinos, arbustos y vegetación baja, en la que predominan los espartales, que han colonizado el suelo de manera desaforadas al haberse abandonado el antiguo aprovechamiento de las actividades rurales tradicionales.

El esparto es una gramínea, una hierba de hoja muy resistente que antiguamente se empleaba para fabricar sillas, cestos y otros elementos. Este icono de la cultura rural, hoy asusta; alcanza el metro de altura y cuando se seca se convierte en un combustible que puede ser letal.

En toda la zona apenas hay árboles, llueve unos 200 o 300 litros al año, lo que imposibilita el crecimiento de un bosque. Por eso, los pinos quedan enclaustrados en barrancos, donde se acumula más humedad; hay pequeñas áreas replantadas pero no de manera sistemática o estandarizada.