La defensa de Puigdemont denuncia a España ante instancias europeas por la amnistía

La defensa del expresident Carles Puigdemont presentó el lunes dos denuncias contra España ante instancias europeas como respuesta a la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar la ley de Amnistía a la treintena de ex altos cargos de la administración catalana a los que se reclaman los gastos del procés. El órgano fiscalizador, una vez se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que respondía a las cuestiones prejudiciales que había elevado en el 2024, reactivó la causa y en lugar de aplicar el olvido penal abrió un plazo de diez días para que las partes aleguen y aporten documentación que acredite la procedencia de los fondos destinados al referéndum del 1-O y a la acción exterior de la Generalitat.

A juicio de la defensa del expresidente, a cargo del abogado Gonzalo Boye, esa maniobra contraviene la resolución de Luxemburgo, que señalaba que no había que presentar nuevas alegaciones si corresponde aplicar el olvido penal. Por ello presentó ante el propio TJUE, por un lado, y otro ante la Comisión Europea, sendos escritos para que el ente comunitario tome cartas en el asunto. En concreto, Boye ha presentado ante la Comisión “una denuncia por incumplimiento del Derecho de la Unión”.

¿Cómo funciona este procedimiento?

Cuando se presenta una demanda de este tipo ante Bruselas corresponde a la propia Comisión admitir a trámite la demanda o archivarla –a no ser que el escrito sea insultante o carezca de sentido y no requiera una respuesta sustantiva–; investigar los hechos denunciados; y, si lo considera oportuno, llegar a abrir un procedimiento de infracción contra el país, que podría iniciar con un diálogo informal entre las partes conocido como EU Pilot. Habitualmente Bruselas abre los expedientes por no transponer a su legislación las directivas comunitarias. Según detalla la defensa del expresident, el escrito al TJUE refuerza la denuncia ante el ente comunitario. En concreto, si se abre el procedimiento, el estado miembro en cuestión tiene dos meses para responder por carta a la Comisión y a partir de ahí se decide si se archiva el caso o si se emite un dictamen y se da un plazo de dos meses más para corregir la situación. La fase sancionadora llega después, pasa por los tribunales y es económica.

“Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señala al respecto el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

“Tenga en cuenta que el papel de la Comisión es garantizar que los países de la UE cumplan adecuadamente el Derecho de la Unión, y no resolver su situación individual”, advierte a la Comisión Europea en el buzón donde recibe estas demandas.

¿Cuál es el origen de la denuncia?

Más allá de remitir a Bruselas y a Luxemburgo sendas denuncias, la defensa de Puigdemont ha remitido también un escrito al Tribunal de Cuentas en el que, como también hizo la fiscalía ayer, reprocha al órgano fiscalizador que haya hecho esa maniobra en lugar de archivar las causas y que haya eludido que en la sentencia del TJUE, en la que se aclara que no hubo afectación a los fondos comunitarios ni a los intereses financieros de la Unión. En el escrito remitido al órgano fiscalizador se da cuenta también de que se han remitido dos escritos a instancias europeas por, a su juicio, incumplir el fallo de Luxemburgo.

¿Hay otros precedentes?

El abogado de Puigdemont considera que hay precedentes análogos de otros países que han sido sancionados por incumplir sentencias del TJUE. Es el caso, por ejemplo, de Polonia y Hungría. A Varsovia se le condenó a pagar una multa diaria de un millón de euros, remarca. El propio Puigdemont, en un escrito en la red social X, recuerda que a Polonia sí se le multó y pregunta si “la Unión Europea tolerará a Madrid lo que exigió a Varsovia”. “Si lo que se exigió en Varsovia se tolera en Madrid, la Comisión estaría certificando que las sentencias europeas se cumplen o no según quién sea el acusado”, agrega.

¿Por qué se ha denunciado a España?

Aunque en este caso es el Tribunal de Cuentas quien ha eludido aplicar la amnistía, la denuncia es contra el Reino de España. Así funciona la justicia europea. Cuando un tribunal español sobrepasa los límites legales o comete una violación de los derechos humanos, la condena siempre va contra el Reino de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por ejemplo. En este caso, sucede lo mismo.