La entrada masiva en Ceuta: una decisión política de Marruecos, no un fallo de control

La entrada de decenas de miles de marroquíes en Ceuta no ha respondido al patrón habitual de las mafias que trafican con personas, por mucho que Rabat se refugie en esa explicación y el Gobierno español no lo haya cuestionado. Esta vez el detonante ha sido otro. La rápida difusión de mensajes en las redes sociales alentó a miles de jóvenes a dirigirse hacia la frontera, pero nada de eso habría desembocado en una avalancha sin la complacencia de las autoridades. El régimen marroquí permitió que la concentración creciera y que miles de personas desbordaran a la policía española. No fue un fallo de control, sino una decisión política.

El director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, declaró a RNE: "Es la primera vez que vemos un grupo de personas tan grande que entran y vuelven a salir". Esa observación resulta difícilmente compatible con un fenómeno migratorio convencional, protagonizado por personas que aspiran a establecerse o solicitar protección internacional en la Unión Europea. Lo ocurrido en Ceuta se asemeja mucho más a una irrupción colectiva, en parte festiva y transgresora, facilitada —cuando no alentada— por las autoridades marroquíes para poner en dificultades a España.

El precedente de 2021 debería haber bastado para comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces Marruecos abrió la frontera como represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario. Cinco años después ha recurrido a un mecanismo distinto, aunque con el mismo propósito: utilizar la presión migratoria para poner a prueba al Estado español y obtener una nueva contrapartida política. Que miles de esos jóvenes hayan regresado poco después confirma que el objetivo nunca fue emigrar definitivamente, sino participar en una operación de presión deliberadamente tolerada por las autoridades marroquíes.

La gravedad de lo sucedido aumenta si se recuerda que Marruecos sigue sin reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, a las que considera territorios pendientes de descolonización. Cada episodio de este tipo adquiere así un significado que trasciende la inmigración y afecta directamente a la defensa de la soberanía nacional.

El Gobierno español tampoco puede eludir su responsabilidad. Desde hacía semanas aumentaban las llegadas irregulares y existían indicios suficientes para prever un episodio de mayor envergadura. Sin embargo, no reforzó la vigilancia ni reaccionó diplomáticamente cuando la situación comenzó a deteriorarse. Ni siquiera convocó de urgencia al embajador marroquí una vez consumada la avalancha. En cambio, dirigió sus críticas hacia Italia por plantear restricciones temporales en el espacio Schengen. No solo Italia ha mostrado preocupación por lo ocurrido, aunque en su caso también influyan factores de política interna. En otras capitales europeas empieza a consolidarse la impresión de que España no controla eficazmente una de las fronteras exteriores de la Unión.

El régimen marroquí persigue consolidar su influencia como potencia regional y no duda en instrumentalizar a sus propios nacionales. La vida de quienes cruzan la frontera —más de sesenta muertos en esta ocasión— pesa menos que el rendimiento político que Rabat espera obtener de cada crisis.