La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en ayudas a jóvenes ex tutelados de la Generalitat

La Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat de Cataluña a jóvenes ex tutelados, después de que la Oficina Antifraude advirtiera sobre la falta de control en las empresas encargadas del seguimiento de esas prestaciones, un servicio externalizado por parte de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) autonómica, refundada hace un año como DGPPIA.

El Ministerio Público ha abierto diligencias sobre la línea de prestaciones económicas y la posible existencia de plazas fantasma en la acogida de jóvenes de entre 18 y 23 años (recursos habitacionales pagados por la Administración que no habrían sido utilizados por los ex tutelados a los que iban destinados), informa Efe.

Antifraude abrió, el año pasado, una investigación tras la denuncia que un educador social presentó por posibles irregularidades en las prestaciones de la DGAIA a través de la unión temporal de empresas donde prestaba servicios, la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis. Otros empleados siguieron sus pasos y relataron experiencias similares a la de este alertador protegido por el ente fiscalizador dirigido desde este año por Josep Tomàs Salàs.

4,7 millones de euros

En un informe presentado en junio de 2025, la Sindicatura de Cuentas detectó 4,7 millones de euros en pagos indebidos de la DGAIA entre 2019 y 2022, mayoritariamente a jóvenes ex tutelados que ya no cumplían los requisitos de residencia de forma continua en Cataluña y no superar el índice máximo de ingresos permitidos, es decir, 1,5 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (fijado este año en 801,85 euros mensuales).

Además de las posibles irregularidades económicas, el sevicio de menores autonómico sigue estando en el foco de la actualidad por otros motivos. La semana pasada se conoció la condena del Juzgado de menores número 4 de Barcelona a la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que sustituyó en 2025 a la DGAIA tras los cambios en el ente a raíz de varios escándalos, a indemnizar con 12.500 euros a la familia de un menor tutelado por haber sufrido una agresión sexual, por parte de otro interno, en un centro residencial de la Generalitat en 2023.