La Generalitat pide al Tribunal de Cuentas que no demore la amnistía a los encausados del procés

El Govern de la Generalitat podría haber sido una de las partes personadas en la causa del Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable del procés en tanto que perjudicado. El Ejecutivo catalán utilizará esta condición para remitir este viernes un escrito al órgano contable para que no demore más la aplicación de la ley de Amnistía a la treintena de ex altos cargos de la administración catalana que están encausados por los gastos de referéndum del 1-O y de la acción exterior a través del Diplocat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, y otros exconsellers.

En paralelo, en la administración catalana se trabaja para acreditar con un escrito de la intervención general que el dinero que se destinó a los gastos de la consulta y de la acción exterior no provenía de fondos europeos. Ese certificado, si acaba viendo la luz, podrían incluirlo las defensas en sus escritos de alegaciones.

Sea como fuere, la Generalitat, según fuentes consultadas, pedirá en su escrito al Tribunal de Cuentas que se extinga la responsabilidad de los dirigentes políticos. Además, reclamara que se levanten los avales que fueron depositados por el Institut Català de Finances (ICF) en el 2022, después de que un año antes el órgano fiscalizador rechazara el dinero de la entidad pública de crédito. En total, se entregaron 5,4 millones de euros que ahora retornarán a la cuenta del ICF si se da carpetazo a la causa de manera definitiva.

En ese escrito se remarcará que no procede “demorar más” el olvido penal para los exdirigentes de la administración catalana. En junio del 2024, con Esquerra todavía en el Palau de la Generalitat, el mismo día en que entró en vigor la ley de Amnistía, el ejecutivo catalán con Pere Aragonès de presidente en funciones acordó pedir al Tribunal de Cuentas “la inmediata aplicación” de la norma y que hubiera oposición “a las pretensiones en sentido contrario, en cualquier fase del proceso, en todos los trámites y todas las oportunidades de formular alegaciones y recursos”. “En todos estos casos, la Generalitat y las entidades del sector público que dependan de ella y que ostenten la condición de perjudicadas no se tienen que oponer al archivo de las actuaciones”, proseguía el mentado acuerdo. Ahora, según las citadas fuentes, se quiere “dar continuidad” a aquella acción que aprobó el anterior ejecutivo.

El objetivo de todo ello es intentar agilizar la resolución de la causa, exponen las fuentes consultadas. En el Govern defienden además que lo que corresponde tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la extinción de responsabilidad en todas las causas y no dilatar más los procedimientos judiciales.

Este escrito llega después de que el lunes el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador dictara una providencia para levantar la suspensión al proceso ahora que ya hay respuesta a las cuestiones prejudiciales que elevaron al tribunal con sede en Luxemburgo. En lugar de aplicar la amnistía, tal y como dispone el fallo del TJUE, se abrió un plazo de diez días para que las partes personadas en la causa presentaran alegaciones. Además se instó a aportar documentación que acredite el origen de los fondos que se destinaron al procés , para aclarar si provenían del presupuesto europeo o no. En esa providencia se eludía que en la sentencia ya quedaba claro que no había afectación a los intereses financieros de la Unión Europea.

Societat Civil Catalana ejerce como acusación en la causa y aún no ha presentado sus alegaciones. El mes de agosto no es hábil en el Tribunal de Cuentas y pretenden apurar los plazos, de modo que hasta septiembre, en teoría, no habrá nuevas resoluciones.

Desde ERC, por ahora, se ha elevado un recurso de reposición, al considerar que la maniobra del Tribunal de Cuentas “vulnera abierta y flagrantemente” la sentencia del TJUE, los tratados europeos y la Constitución. En su escrito, Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa y otros seis ex altos cargos republicanos reprochan al órgano fiscalizador que plantee la posibilidad de no amnistiar la malversación cuando “en el procedimiento que ocupa no existe evidencia ni prueba alguna del uso de fondos provenientes de la Unión Europea”.

Vistas estas “vulneraciones”, la defensa insta a la “inmediata anulación y revocación de la resolución dictada y su sustitución por otra por la que se resuelva la aplicación de la amnistía”.