La UCO pide todos los movimientos bancarios del PSOE y PSC de 2024 y 2025
Una radiografía completa de las cuentas del PSOE y campo libre para requerir más datos sin futuras autorizaciones judiciales. La UCO ha pedido al instructor del caso Leire que recabe todos los movimientos bancarios del PSOE en los ejercicios 2024 y 2025. La unidad de la Guardia Civil solicita esos registros en cuentas del partido en las entidades bancarias n Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell, según ha adelantado la SER y ha confirmado este diario en un oficio de la Unidad fechado el pasado lunes al que ha accedido EL PAÍS. Solicita también que el juez Santiago Pedraz pida a Hacienda un informe exhaustivo de las cuentas bancarias del PSOE y de su partido hermano en Cataluña, el PSC, además de varias empresas y particulares presuntamente implicados. Y le pide que los agentes tengan potestad de recabar más datos directamente de los bancos, sin necesidad pues de nuevos oficios autorizados por el instructor.
Además, la Guardia Civil solicita a Santiago Pedraz que requiera “las relaciones comerciales” mantenidas por estos partidos con varias empresas presuntamente implicadas en la trama, como las del despacho de Gaspar Zarrías, empresas del abogado Ismael Oliver, Grupo Crónica Libre y Grupo IKI.
En el oficio, la Guardia Civil detalla que se pida a la Agencia Tributaria, para los años 2024 y 2025, una larga lista de información bancaria y financiera del PSOE y del PSC. Además, los pide de otros implicados en la presunta trama, como el mencionado Zarrías, los abogados Oliver y Jacobo Teijelo, y de empresas que aparecen en las pesquisas, como Zaño Sociedad Consultores (de Zarrías); el estudio jurídico y una comercial de Oliver; Crónica Libre y Grupo IKI de comunicación, integrado por “al menos” cinco sociedades. En concreto, se solicitan de todos ellos sus cuentas bancarias, con sus titulares y autorizados, y los movimientos en efectivo, además de cheques, fondos de inversiones, valores, seguros, bienes inmuebles urbanos y rústicos, transmisiones patrimoniales, hipotecas, declaraciones de impuestos y un largo etcétera.
La UCO pide al juez una suerte de control total sobre la información, porque solicita autorización para recibir directamente los datos y para que sus agentes puedan pedir directamente ampliaciones y aclaraciones adicionales a bancos y empresas se entiende sin necesidad de nuevos requerimientos judiciales intermedios. Así, se especifica una petición al juez para los bancos que faciliten “de forma directa” a la unidad de la Guardia Civil “cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases”. Y solicita al instructor que sus agentes “puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria (...) precisen para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan”. La UCO fundamenta esta petición en “el objetivo de agilizar las investigaciones”.
Pagos a Díez y a otras empresas
La petición de la UCO busca respaldar varios de los indicios que la unidad operativa ha recopilado de las relaciones económicas de Leire Díez y otros miembros de la trama con el PSOE. En 2024, la supuesta fontanera del PSOE comenzó a comentar en su entorno que quiere pagarle Santos Cerdán, al que el juez atribuye indiciariamente que pudo poner a disposición de la trama la estructura del partido. Díez hizo algún remilgo a que se le abonara a través del “despacho de Gaspar [Zarrías]”, pero finalmente fue contratada en junio de 2024 y comenzó a recibir pagos de 4.000 euros al mes.
El juez entiende que después se arbitró otro procedimiento con el mismo objetivo de pagar a Díez sus servicios, y que consistió en usar dos sociedades que administraba el abogado Ismael Oliver. El PSOE abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros pero, “con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver usó otra sociedad suya, Oliver Gruppe S. L., para entregárselos a Leire Díez, recoge el sumario.
La petición sobre la empresa Grupo Crónica Libre parece derivar de un pago a la periodista Patricia López —ya fallecida— de una cantidad “cercana a los 20.000 euros” a través del plan de medios del Partido Socialista. La empresa era la propietaria del medio Crónica Libre, al que la investigación atribuye publicar informaciones que contribuían a los objetivos de la trama, esto es, la desestabilización de causas judiciales que salpicaban al Gobierno y al PSOE.
Del grupo IKI, integrado por al menos cinco empresas, la UCO señala que ya ha detectado pagos por 18.125,80 euros de IKI Group Communications SL en 2024, que la Guardia Civil relaciona con un pago vinculado a la campaña de las elecciones catalanas de ese año.
Además de los datos bancarios y fiscales mencionados arriba, la UCO requiere información sobre cajas de seguridad alquiladas, bienes en el extranjero (cuentas, inmuebles o activos fuera de España), modelo 750 (que es la declaración tributaria vinculada al proceso extraordinario de regularización fiscal conocido como “amnistía fiscal”), tráfico de divisas (movimientos internacionales de dinero y moneda), importaciones y exportaciones, DUA (documentos únicos administrativos utilizados en operaciones aduaneras), pagos del Tesoro (cobros o pagos realizados desde organismos públicos del Estado), operaciones intracomunitarias (transacciones económicas dentro de la Unión Europea), planes de pensiones y sistemas alternativos de ahorro previsional, atribuciones de renta (el mecanismo fiscal por el que determinadas rentas se imputan a terceros aunque no las cobren directamente) y cuentas con abonos superiores a tres millones de euros, un indicador que Hacienda utiliza para detectar movimientos financieros de especial relevancia.
