Madrid restricts public transport card to residents

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha aprobado un cambio de la normativa para obtener la tarjeta de transporte público personal, la conocida como TTP por sus siglas y que es el soporte de los abonos mensuales, que será efectivo desde el próximo lunes, 15 de junio.

A partir de entonces, la expedición de este documento quedará condicionada a que el solicitante acredite que reside en la Comunidad de Madrid, en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 o en algunas localidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con carácter excepcional en base a los convenios de colaboración que mantiene la Administración madrileña con estas autonomías.

El nuevo criterio afectará tanto a la emisión de nuevas tarjetas como a la de duplicados de las que ya existan, lo que significa que las personas que ahora mismo estén en posesión de una tarjeta y no estén empadronadas en la región perderán el derecho a la misma si la extravían, tienen que renovarla —la vigencia es de 10 años— o se les deteriora y tienen que cambiarla.

Esto es así porque la normativa en vigor no exige que estar empadronado en la región para obtener la tarjeta de transporte público, unas reglas a las que les quedan apenas dos días de vigencia tras el cambio de los requisitos anunciado este viernes por el Consorcio a través de una publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad.

"La condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en vigor en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios señalados en el apartado anterior", se lee en el anuncio oficial rubricado por el gerente del Consorcio, Pablo Rodríguez Sardinero, el pasado 5 de junio.

"El solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta en los casos en que dicha consulta sea posible", se agrega en el texto, que remite a la web del organismo dependiente de la Consejería de Transportes para conocer el listado completo de municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León que estarían incluidos dentro de la medida y que se permitirían excepcionalmente por los convenios que desde hace años firman ambas con la Administración madrileña.

El cambio de criterio comunicado por el Ejecutivo incluye una previsión específica para las familias numerosas.

"Con carácter excepcional, por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario para garantizar la correcta aplicación de los beneficios legalmente reconocidos a las familias numerosas, se mantendrá la posibilidad de expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal para los titulares de título acreditativo de familia numerosa, en los términos previstos en la normativa específica aplicable", se expresa en el anuncio del Consorcio que introduce un cambio profundo en las reglas que hasta ahora se seguían con la TTP.

La exigencia del requisito de empadronamiento para conseguir la tarjeta que soporta el abono mensual y otros títulos de viaje personales afectará directamente a unas 200.000 personas, que son los usuarios del transporte público que no residen en la región, de acuerdo con las estimaciones del Consorcio, que explicita que representan menos del 4% de los viajeros totales del sistema.

Los afectados serían, por ejemplo, estudiantes y trabajadores de otras comunidades autónomas que permanecen empadronados en sus lugares de origen porque su estancia en Madrid es temporal; o quienes vienen a Madrid con frecuencia a hacer negocios en el día y se marchan después a sus lugares de residencia. También personas inmigrantes que lleven poco tiempo viviendo en la Comunidad o aquellas que no están empadronadas.

Críticas de Más Madrid y PSOE

La oposición no ha tardado en reaccionar a los cambios ejecutados por el Consorcio.

"Mientras pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar, mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre", ha señalado Mónica García, previsible cabeza de lista de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas, en referencia a Díaz Ayuso.

La decisión del Gobierno madrileño, ha agregado la ministra de Sanidad, "deja fuera" del transporte público "a miles de estudiantes, trabajadores y migrantes".

Mientras, Manuela Bergerot, portavoz de la formación progresista en la Asamblea regional, se ha referido a la medida como "prioridad nacional de tapadillo".

Desde el PSOE-M se ha exigido a la Comunidad una rectificación del cambio de criterio.

"Sólo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables", ha expresado Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

"En cuanto el Papa ha dejado Madrid, han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente", ha añadido.

Una medida 'durmiente' desde 2011

Desde el Consorcio han señalado que el requisito de acreditar el empadronamiento en la Comunidad para acceder a la tarjeta de transporte es una exigencia prevista en el ordenamiento regional desde 2011.

Fuentes del organismo han explicado que la ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada a finales de diciembre de ese año bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre incluía un artículo para garantizar que sólo fueran objeto de subvención "los abonos de transporte que se expidan a usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios".