Pacto PP-Vox en Andalucía: Sindicatos en pie de guerra por recorte de subvenciones

El acuerdo de gobierno suscrito el pasado jueves entre Juanma Moreno y Manuel Gavira podría suponer un duro golpe a uno de los pilares sobre los que el presidente de la Junta ha basado su gestión en los últimos ocho años, la concertación social.

A lo largo de las dos últimas legislaturas, Moreno se ha caracterizado por promover acuerdos con patronal y sindicatos, por implicar sobre todo a estos últimos en grandes pactos que han garantizado la paz social en áreas tan sensibles como la educación o la sanidad.

Pero dentro de las 150 medidas del pacto entre el PP y Vox hay iniciativas que pueden romper esa concertación y poner a los sindicatos en pie de guerra. De hecho, las principales organizaciones, desde UGT a CCOO, han rechazado el acuerdo y a ellas se ha unido CSIF, con una fuerte implantación en la administración autonómica.

El PP y Vox han pactado una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales para el "ejercicio de la participación institucional", según detalla el acuerdo de gobierno sellado por ambos partidos antes de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

El acuerdo entre ambas formaciones, que supone la entrada en el Gobierno andaluz de Vox con una consejería con rango de vicepresidencia, incluye medidas sobre diversas áreas, como fiscalidad, inmigración, energía, industria y empleo, familia, cultura y turismo, vivienda, movilidad y transporte, educación, justicia y sanidad. También se detallan medidas sobre el sector primario, el medio ambiente, el gasto superfluo y las leyes ideológicas.

Precisamente en el apartado de "gasto superfluo" se incluye la medida número 145, que hace referencia a la "reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública".

"Se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces", recoge la medida, que se va a aplicar desde "el primer presupuesto".

El sindicato UGT se encuentra en una situación comprometida. Mantiene una deuda con el Gobierno andaluz de más de 40 millones de euros derivada del escándalo de las facturas falsas destapadas por EL MUNDO en 2013. Durante años, el sindicato se dedicó a saquear subvenciones de la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, destinadas a impartir cursos para los parados. En vez de emplearlas en la formación, la federación andaluza de UGT las usó para financiar todo tipo de gastos sindicales. Años atras, ya con el PP en el Gobierno, la Junta cerró un acuerdo con el sindicato para que devolviera esa suma millonaria en un plazo de 25 años.

Además de esta deuda con la Junta, el sindicato debe hacer frente al pago de sumas millonarias también por el fraude de las facturas falsas, en virtud de una sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2024 que todavía no es firme, ya que está recurrida en el Tribunal Supremo. La Audiencia condenó a multas que suman 225 millones de euros a cinco ex dirigentes del sindicato, entre los que está Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir cuando este diario destapó el escándalo. A esa suma millonaria se unen los 40,6 millones de euros que los cinco condenados deben abonar a la Junta de Andalucía como indemnización por el desvío de esa cantidad de ayudas públicas. En total, son 265,6 millones. Si los condenados no abonan los 40,6 millones, el sindicato deberá hacer frente al pago de esa suma, ya que la Audiencia lo ha declarado responsable civil subsidiario.