Patrimonio Nacional negó a sus empleados el informe sobre altos niveles de gas radón en palacios reales

La presidencia de Patrimonio Nacional, organismo público que depende del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se negó a entregar a sus empleados "durante año y medio" un informe técnico detallado sobre la alta presencia de gas radón registrada en palacios como el de Riofrío —una de las residencias oficiales de la familia real española— y el de la Granja de San Ildefonso. Ambos palacios están situados en la provincia de Segovia.

La cartografía del potencial de radón en España, desarrollada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), categoriza las zonas del territorio estatal en función de sus niveles de radón. Seis de cada diez personas en dicha provincia viven en zonas de riesgo por presencia del citado gas.

La situación más grave se daba en tres sectores de la Casa de Oficios del Palacio Real de la Granja, donde se registró un «resultado muy elevado» de dicho gas, con «riesgo muy alto» para las personas, según recoge la documentación a la que EL MUNDO tiene acceso. En concreto, se multiplicaba por más de cuatro el nivel máximo de concentración de radón en aire permitido por la legislación española y comunitaria.

El límite máximo legal y de seguridad establecido en España y en la Unión Europea para la concentración de dicho gas en lugares de trabajo y edificios residenciales se sitúa en 300 becquerelios por metro cúbico (Bq/m³). En un vestuario masculino del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se registraron hasta 1329 Bq/m³. En otras dos dependencias, 1214 y 1242 Bq/m³, respectivamente.

El radón es un gas radiactivo natural, incoloro e inodoro que se produce por la descomposición del uranio en la tierra. Su inhalación de manera continuada provoca que sea la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, sólo por detrás del consumo de tabaco, y el principal motivo de esta enfermedad en personas que nunca han fumado un cigarro.

LA MEDICIÓN, HACE CASI TRES AÑOS: 90 días

A principios de octubre de 2023 (los días 3 y 4), una empresa externa contratada por Patrimonio Nacional colocó medidores de presencia de gas radón en determinadas zonas de los palacios de Riofrío y de la Granja de San Ildefonso, como son la Casa de las Flores, el Taller de Carpintería, la Casa de Oficios o la Estebanilla. Los técnicos dejaron instalados los sensores durante 90 días, el período obligatorio de medida que establece la ley.

A inicios de febrero de 2024, la empresa trasladó su informe de conclusiones a Patrimonio Nacional, junto con una serie de recomendaciones futuras, tales como ventilaciones diarias en las zonas menos afectadas o trabajos específicos donde se habían registrado cifras más altas.

Desde el gabinete de comunicación de Patrimonio Nacional explican a este periódico que, una vez conocido el informe de la presencia de gas radón en determinados inmuebles gestionados por este organismo, «los delegados de prevención fueron informados de los resultados y de las actuaciones realizadas».

Sin embargo, fuentes de la Unión Sindical Obrera (USO) matizan que, «aunque es cierto que se informó sobre ello, desde la presidencia se negó durante año y medio a los delegados, y con ellos a los trabajadores, a tener acceso al informe concreto y a los registros reales». «Pensamos que es un derecho del trabajador conocer los riesgos a los que está expuesto cuando va a su puesto de trabajo», añaden. «Lo pedíamos y no nos lo entregaban», afirman.

En mayo de 2026, ante la negativa por parte de Patrimonio Nacional de entregar dicho informe a sus delegados, el sindicato USO presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad de Madrid. La presión surtió efecto. El 7 de julio de 2026, Patrimonio Nacional envió a los delegados de prevención el informe completo, al que EL MUNDO tiene acceso.

A preguntas de este medio, desde Patrimonio Nacional se señala que las mediciones posteriores, más recientes, reflejan una situación distinta a la descrita en aquel primer documento: los resultados se sitúan por debajo del nivel de referencia en «todas las dependencias», con una única excepción: la Casa de Oficios del Palacio de la Granja de San Ildefonso, «en la zona de vestuarios». «Allí, los valores también han descendido respecto a las mediciones anteriores, aunque todavía se sitúan por encima del nivel de referencia. Se trata de un espacio que no constituye un lugar de trabajo permanente —dicen desde Patrimonio Nacional— por lo que no existe riesgo para los trabajadores conforme a la normativa vigente. No obstante, se han adoptado medidas adicionales de ventilación en ese espacio, siguiendo la recomendación oficial. Estas medidas se están controlando a diario para verificar su eficacia».

una PRESIDENTA QUE APOYÓ EL RESCATE DE PLUS ULTRA

La actual presidenta del consejo de administración de Patrimonio Nacional es Ana de la Cueva Fernández, quien ocupa el cargo desde julio de 2021. Allí llegó tras dimitir como secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, donde ejerció entre junio de 2018 y mayo de 2021.