PP y Vox pactan excluir a inmigrantes irregulares de ayudas sociales en la Comunidad Valenciana

Tras la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026, le toca el turno a la ley de medidas fiscales, la conocida como ley de acompañamiento de las cuentas públicas. Si PP y Vox aprobaron esta semana los presupuestos del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, con la inclusión por primera vez del término "prioridad nacional", ambos partidos han pactado ahora excluir a los inmigrantes irregulares de las ayudas sociales.

El acuerdo ha quedado por escrito en una de las enmiendas a la ley de medidas fiscales registradas este viernes en las Cortes Valencianas. La firma de ambos partidos figura en la enmienda que propone modificar la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana. La ley de acompañamiento, de hecho, suele usarse tradicionalmente para cambiar infinidad de normas.

En este caso, lo que ambos partidos han acordado es "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular". "Limitando su acceso exclusivamente", añade el texto, "a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico".

La enmienda en concreto propone añadir una disposición final a la ley de servicios sociales para incluir el principio de "prioridad nacional". En este sentido, afirma que "el Consell aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas". El texto deja claro que los recursos públicos irán a "quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana".

En la práctica, esto significa que quienes aspiren a ser beneficiarios de una prestación social deberán acreditar un "periodo mínimo reforzado de arraigo", que es el concepto que usa el PP para aterrizar la "prioridad nacional" de Vox. Y aquí cuenta tanto el empadronamiento como la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema".

Además de la exclusión de las personas en situación irregular, esto se concreta también en cambios en la renta valenciana de inclusión. Se trata de la prestación más importante de la Generalitat destinada a personas vulnerables, que verá sin embargo endurecidos sus requisitos. Tal y como había avanzado Vox, el acuerdo con el PP pasa por elevar el listón de acceso a la renta de inclusión a través del requisito de "residencia habitual".

Para ello, habrá que cumplir al menos "tres años de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud" -frente a los 15 meses actuales- o "diez años dentro de los treinta inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpida".

Para el portavoz del PSPV-PSOE, José Muñoz, el nuevo acuerdo entre PP y Vox supone "un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunidad Valenciana". Muñoz ha criticado que, después de la ley de presupuestos, ahora pretendan extender el "apartheid institucionalizado" al resto del ordenamiento jurídico, "convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos".

"Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada", ha asegurado Muñoz. "La aberración llega al extremo de que, a través de las enmiendas, se encarga al Consell que haga un desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional, es decir, que elabore el reglamento del racismo institucionalizado en la Generalitat".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví: "Una vez más vemos cómo el PP se arrastra ante Vox y pactan medidas que van contra los consensos más básicos de la sociedad. Los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo". El Gobierno de España ya ha amenazado con un recurso de inconstitucionalidad a la ley de presupuestos, al igual que Compromís anuncia ahora otro recurso contra la ley de acompañamiento.

Tras la aprobación de los presupuestos, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, negó cualquier tipo de discriminación con la "prioridad nacional". "Este presupuesto no distingue entre color de piel. No distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no. Jamás lo toleraría", señaló.