Trabajo inicia el trámite para ampliar la 'Ley Rider' a todas las plataformas digitales

Yolanda Díaz da otro empujón a su agenda legislativa antes de irse de vacaciones. Según ha podido constatar EL MUNDO, el Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso para aprobar una nueva ley que ampliará la regulación del trabajo en plataformas digitales más allá del reparto a domicilio y adaptará la legislación española a la directiva europea sobre plataformas.

El Gobierno busca así extender el control sobre los algoritmos que implantó la conocida como Ley Rider, dirigida a poner coto a compañías como Glovo o Uber Eats, y obligar a cumplir con las mismas exigencias y garantías de derechos laborales a todas las empresas que hagan uso de estas herramientas y de otros sistemas de inteligencia artificial (IA) para la organización del trabajo, independientemente de su modelo de negocio.

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha sacado a consulta pública el anteproyecto con el que pretende transponer la directiva europea relativa a "la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas" antes del 2 de diciembre de 2026, fecha límite fijada por Bruselas.

Como paso previo a la apertura de una mesa específica de diálogo social, la vicepresidenta ha activado este trámite para recopilar las aportaciones de los agentes afectados durante la primera quincena de este mes de agosto. Previsiblemente, el Ministerio retomará el desarrollo normativo ya a la vuelta del verano y acelerará las negociaciones con los agentes sociales para tener lista la norma antes de que acabe el año.

Díaz suma así una nueva reforma de calado a la agenda que pretende desplegar en septiembre, con medidas como el registro horario o la transposición de la directiva sobre transparencia salarial aún encalladas.

Y en plena campaña internacional como candidata a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta última circunstancia no es baladí, ya que la vicepresidenta necesita apuntalar su aval político y sacar adelante alguna de estas reformas para reforzar su candidatura en un momento muy delicado para el diálogo social. No en vano, acumula más de dos años sin lograr sumar a los empresarios a un acuerdo, mientras los sindicatos le exigen que cumpla ya con la ristra de promesas atascadas en materia laboral.

La iniciativa actual supone una revisión de la Ley Rider, aprobada en 2021 tras un acuerdo con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, que introdujo la presunción de laboralidad para los repartidores de plataformas y obligó a las empresas a informar a los representantes de los trabajadores sobre el funcionamiento de los algoritmos que afectan a las condiciones laborales.

Según explican desde el Ministerio en la documentación colgada en el portal de participación pública, la nueva directiva europea tiene un alcance "mayor" que la normativa española vigente, por lo que será necesario aprobar un nuevo régimen jurídico.

El futuro texto extenderá la regulación a todas las empresas que organizan trabajo mediante plataformas digitales, con independencia de su sector de actividad o del país en el que estén establecidas, e incorporará nuevos derechos relacionados con la correcta clasificación de la relación laboral, la transparencia algorítmica, la supervisión humana de los sistemas automatizados y la protección de los datos personales de los trabajadores.

En varias intervenciones públicas recientes, la propia Díaz ha puesto de ejemplo a las plataformas que ofrecen empleadas del hogar como uno de los negocios que quedarán sujetos a la nueva regulación.

Trabajo justifica la reforma por la rápida implantación de sistemas de IA en la organización del trabajo y por el riesgo de que estos puedan afectar a derechos laborales. En este sentido, sostiene que la regulación vigente debe actualizarse para responder al uso creciente de algoritmos en la gestión empresarial y armonizarse con el resto del marco europeo sobre protección de datos e inteligencia artificial.

Además de la directiva comunitaria, el Gobierno quiere que la futura ley sea compatible con el Convenio 193 de la OIT sobre trabajo decente en la economía de plataformas, aprobado recientemente y considerado el primer tratado internacional específico sobre esta materia.

El convenio incorpora garantías sobre libertad sindical, negociación colectiva, protección social, prevención de riesgos laborales y obligaciones empresariales en materia de transparencia algorítmica.