Trump Administration Uses Social Assistance Cuts to Expel Immigrants

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de junio de 2026, p. 20

Washington y Nueva York., Además de redadas y encarcelamientos en centros de detención, el gobierno de Donald Trump también utiliza métodos menos visibles, pero posiblemente más efectivos para expulsar a no ciudadanos de Estados Unidos, al eliminar sistemáticamente asistencia social para servicios básicos de salud, educación, vivienda y alimentación, entre otros, a millones de inmigrantes, tanto legales como indocumentados.

“El gobierno del mandatario republicano intenta expulsar a todo inmigrante, legal e indocumentado, sin ninguna pretensión de que sus pogromos sirvan a un propósito social o económico más amplio”, escribió el comentarista liberal Paul Krugman.

El también economista Premio Nobel aclara: “empleo la palabra pogromo de manera deliberada”, en referencia al término ruso que significa “causar estragos, demoler de manera violenta”. En los hechos, este esfuerzo podría ser más efectivo que las redadas violentas televisadas, pero como se realiza de manera administrativa detrás de bambalinas, no capta la misma atención del público.

Esta estrategia integral contra inmigrantes, concebida por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, está diseñada para hacer cada vez más intolerable la vida en este país para un máximo número de inmigrantes, al girar órdenes a toda agencia gubernamental de examinar los programas que benefician a inmigrantes con el fin de excluirlos.

Por ejemplo, durante una conferencia de prensa en la residencia oficial este martes, Mehmet Oz, encargado del programa federal de salud, explicó su exigencia de que a la administración federal le sean restituidos más de 2 mil millones por gobiernos estatales que usaron parte de esos fondos para brindar asistencia de salud a indocumentados. Muchos estados tienen leyes que obligan a otorgar servicios sanitarios básicos a todo residente sin importar su condición migratoria.

Pero este esfuerzo va más allá de ser aplicado sólo a indocumentados. Aproximadamente a 1.4 millones de inmigrantes que residen en el país de manera legal les fueron negados beneficios de salud por el gobierno federal a finales de 2025.

Algunas clínicas en California que brindan servicios de salud a los hijos de inmigrantes indocumentados temen perder los fondos federales con los que operan como resultado de esta estrategia.

La vivienda, otra necesidad negada

En la Casa Blanca se reporta sobre la insistencia de Miller de que los inmigrantes que están en el país de manera legal, pero que no son ciudadanos, también deberían ser expulsados. “Un 40 por ciento de la población con vivienda subsidiada (con fondos públicos) en Nueva York nació en el extranjero”, acusó el funcionario el año pasado, con lo que amplió la definición de aquellos que no son elegibles para recibir asistencia federal a todos aquellos que no nacieron en Estados Unidos.

“En escala, los inmigrantes y sus descendientes recrean las condiciones y los terrores de sus patrias rotas”, escribió Miller en redes sociales el año pasado.

En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Interna, entidad que incluye control de inmigración, difundió en redes sociales una imagen idílica de un automóvil en una playa vacía, con las palabras: “Estados Unidos después de 100 millones de deportaciones”.

Este esfuerzo para negar asistencia a ese sector incluye medidas exitosas para prohibir el empleo a inmigrantes legales en aeropuertos y otras instalaciones con regulación federal.

También se implementaron medidas para negar todo beneficio a inmigrantes recientes.

El gobierno pretende aplicar nuevas regulaciones para prohibir asistencia de educación y cuidados a todo menor que tenga un padre que no sea ciudadano. Miller ha elogiado al estado de Texas por obligar a todo estudiante a comprobar que está en este país con residencia legal.

Esto busca desmantelar avances impulsados por maestros, expertos en salud pública y activistas a lo largo de años recientes destinados a otorgar atención médica y educación a todo inmigrante sin importar si tiene documentos, por el bien de toda la sociedad. De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue senador, argumentó a favor de ofrecer asistencia federal a familias de “estatus mixto”, donde uno o ambos padres eran indocumentados, propuesta que ahora abandonó.

El gobierno también propuso un reglamento para que los 2 millones que esperan resolver sus solicitudes de asilo no tengan posibilidad de trabajar o recibir asistencia federal, hasta ahora tenían el derecho de laborar para que no tuvieran que depender de la ayuda federal.

Otra medida que elabora el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano es prohibir que inmigrantes legales vivan en inmuebles subsidiados por el gobierno si uno de los padres es indocumentado. Una investigación en 2024 calculó que hay 5.5 millones de niños que viven en familias de “estatus mixto”, unos 3.5 millones de los cuales son hijos de un padre mexicano sin residencia legal. Aunque hay amplia oposición a esta medida, incluidos casi 100 legisladores, el gobierno de Trump sigue promoviendo esta iniciativa.

Fuera de la banca comercial

El mes pasado, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Tesoro a requerir que bancos recauden más información sobre la condición migratoria de cualquier residente que intente abrir una cuenta, adquirir una tarjeta de crédito o intente comprar un automóvil.

En particular, la nueva medida identifica como un riesgo que bancos acepten documentos emitidos por consulados de gobiernos extranjeros. La llamada Matrícula Consular de México se ha convertido en un expediente de identidad clave para las comunidades de inmigrantes de nuestro país en Estados Unidos.

“Hubo un tiempo cuando activistas antimigrantes afirmaban que no los odiaban como personas. Insistían en que su preocupación era sólo en torno a extranjeros sin documentos, la supuesta ola de crimen que causaban o la pérdida de empleos para los nacidos” en Estados Unidos, continuó Krugman en su evaluación de la nueva política. “Es cada vez más evidente que la crueldad no es sólo instrumental. Más bien, es el propósito de todo este esfuerzo”.

El gobierno federal asegura que millones de inmigrantes han abandonado el país como resultado de estas iniciativas, pero es difícil calcular el número de quienes se fueron de manera voluntaria y esta administración tiene antecedentes de ofrecer datos poco confiables.

Según un conteo, 116 mil inmigrantes han salido de manera voluntaria, reportó The New York Times sobre documentos oficiales que revisó. Pero sea cual sea la cifra, no hay duda de que ha tenido impacto.

“Ha sido inmensamente efectivo”, comentó Daniel Delgado, un ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna, quien ha trabajado bajo gobiernos demócratas y republicanos, al Times. “Es realmente extenso y de gran alcance a través de todo el gobierno”, indicó al señalar que eso es resultado de que “hay tantas regulaciones (federales) que impactan a las comunidades de inmigrantes”.