UE se divide ante la prohibición del comercio con asentamientos israelíes ilegales

Horas antes de la cumbre de los líderes de la Unión Europea, el pasado junio, decenas de miembros de las flotillas solidarias que en los últimos meses han intentado, infructuosamente, llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria se concentraron a las puertas de las instituciones europeas en Bruselas. El mensaje de activistas como la sueca Greta Thunberg y varios de los participantes en la Global Sumud —cuyo maltrato y humillación bajo las risas del ministro israelí ultra Itamar Ben Gvir provocaron en primavera una oleada de indignación en muchas capitales europeas— era conciso: “UE, deja de comprar lo que Israel roba”, reclamaban. Se hacían eco así de una amplia demanda internacional para frenar el comercio con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, territorio palestino ocupado.

Pero ni en un punto aparentemente tan claro como este consiguen los Veintisiete avanzar de manera decidida, pese a que hace ahora justo dos años que el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) decretó que los asentamientos judíos en territorio palestino “violan el derecho internacional” y muchos expertos afirman que mantener el comercio con estas colonias hace que Europa también esté incumpliendolo.

Este lunes, los ministros de Exteriores de la UE discutirán posibles “opciones” para prohibir ese comercio, pero nadie cuenta con que de esta cita se salga con mucho más que una petición de concretar más adelante alguna de las alternativas. Para cuando puedan volver a reunirse a revisar esas propuestas —la próxima cita formal está prevista en octubre— Israel estará ya en plena campaña electoral, lo que probablemente provocará que la UE evite —una vez más— tomar una decisión, con el argumento de no querer influir en el proceso.

Eso es lo que temen muchos diplomáticos contactados por EL PAÍS y que se muestran frustrados con la lentitud que ha demostrado el bloque comunitario para lanzar una advertencia seria a Israel desde el comienzo de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y la masacre a la que dio lugar y que continúa. En dos años y medio, el ejército israelí ha matado a más de 73.100 personas; un tercio de ellas, niños. La Franja está destruida y sin suministros básicos.

“Para muchos, es motivo de una profunda y justificada tristeza e indignación que Europa no haya hecho lo suficiente para ejercer presión sobre Israel ante sus atroces acciones”, advertía la semana pasada, en el Parlamento Europeo, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno europea. Irlanda ha sido, con España, uno de los países que más ha presionado para que la UE actúe con contundencia ante las acciones militares desproporcionadas del Gobierno de Benjamín Netanyahu en respuesta al brutal atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023. Sin éxito hasta la fecha.

“Respeto y comprendo plenamente que se trata de un tema delicado para muchos países y que está poniendo a prueba muchas relaciones y políticas arraigadas desde hace tiempo, pero, sencillamente, debemos hacer más”, insistió Martin en referencia al grupo pequeño pero clave de Estados, entre ellos Alemania, Austria o Hungría, que hasta ahora han frenado cualquier acción concreta —salvo algunas sanciones puntuales a colonos violentos— contra Israel o su Gobierno.

Los ministros de Exteriores analizarán en Bruselas este lunes las tres “opciones” que la Comisión Europea elaboró muy a regañadientes —hizo falta que los líderes europeos le encomendaran abiertamente la tarea— para responder al desafío de cómo frenar el comercio con los asentamientos ilegales de Israel. Algo que países como España, Países Bajos o Irlanda han acordado ya de forma unilateral, pero que no tendrá un impacto real salvo que se realice como medida europea.

Las “opciones” van desde la creación de un sistema especial de licencias (para garantizar que los productos israelíes que se importan a la UE no tienen un origen ilícito) a la imposición de aranceles muy altos y la prohibición “total o parcial” de la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales. Ninguna de esas medidas tendría un impacto económico muy considerable sobre Israel —la propia Comisión calcula que el comercio en la UE de los productos de los asentamientos representó el año pasado alrededor de 75,6 millones de euros de un volumen total de importaciones con Israel de 15.300 millones—, pero Bruselas sí cree que “enviaría un mensaje claro”.

En todo caso, las “opciones” no son más que ideas aún muy preliminares en un proceso largo que el Ejecutivo europeo dirigido por la alemana Ursula von der Leyen —señalada por muchos dentro y fuera de las instituciones europeas como otro de los grandes frenos a cualquier medida europea contra Israel— se ha encargado ya de complicar. ¿Cómo? Abriendo la vía, en su argumentación legal de las medidas, a que puedan ser consideradas sanciones políticas y no meramente comerciales.

Se trata de un matiz clave, porque mientras que las medidas comerciales solo requieren la mayoría cualificada para salir adelante, las políticas exigen unanimidad. Y en un bloque como el europeo, donde países como Alemania arrastran un lastre histórico que, en aras de proteger la seguridad de Israel como “razón de Estado” les hace oponerse a cualquier acción que pueda suponer un castigo a ese país, si ya es difícil reunir una mayoría suficiente, pedir la unanimidad es casi imposible.

Es, por tanto, una pista de que la iniciativa no llegará previsiblemente a ninguna parte y volverá al cajón del olvido donde han quedado, desde que comenzó el sangriento conflicto entre Israel y Gaza, prácticamente todas las medidas reclamadas y hasta las formalmente propuestas.

Esa insinuación de que las sanciones serán debatidas como medidas “políticas” ha indignado a muchos de los países miembros —hasta 18 de los 27, según recuentos internos—, que exigen por lo menos actuar frente a los asentamientos ilegales, aunque no está tampoco claro que, a la hora de la verdad, estén todos dispuestos a votar a favor de una medida concreta, reconocen fuentes diplomáticas.

El argumento tras esta demanda, compartida por al menos una parte de la Comisión que mira con recelo las maniobras de su cúpula, es que la política israelí de asentamientos amenaza con hacer imposible la solución de dos Estados (israelí y palestino) que defiende la UE para poner fin al histórico conflicto en la zona.

“Es un error”, afirman varios diplomáticos en vísperas de la cita del lunes. Una opinión compartida por el centenar de expertos internacionales que en una reciente carta abierta a la Comisión sostienen que la “base legal correcta” para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales es la mayoría cualificada estipulada para la política comercial común en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

“Afirmaciones de que esta prohibición solo puede ser adoptada por unanimidad son incompatibles con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y están basadas en consideraciones políticas, no legales”, subrayan los expertos. Entre ellos está Ignacio García Bercero. El español estuvo al frente de la Dirección General de Comercio de la Comisión y también fue responsable de las relaciones comerciales de la UE con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump.

Tratar esta prohibición como una sanción política “es una lectura totalmente incorrecta del Tratado de la UE y, además, estaría en contradicción con una serie de medidas que han sido adoptadas por la UE, incluso por la Comisión de Von der Leyen”, ratifica García Bercero en conversación telefónica con EL PAÍS, recordando entre otras cosas la reciente prohibición de importar productos asociados con el trabajo forzado o la de importar gas ruso a la UE.

Pero Berlín, en un giro para muchos sospechosamente bien coreografiado con Bruselas, ya ha dejado claro que se aferrará al argumento de la unanimidad que le ha posibilitado la Comisión para frenar cualquier medida colectiva que vaya más allá de sanciones puntuales a colonos.

“Von der Leyen está cometiendo un error político grave”, considera un antiguo alto responsable comunitario bajo condición de anonimato. “Está protegiendo la posición alemana cuando la dirección de la discusión de los Estados miembros está evolucionando claramente hacia la conclusión de que hay que tomar una acción (…) y va a poner a la Comisión en una posición políticamente muy vulnerable”, señala la fuente, que apunta a otros momentos en los que la dirigente alemana también ha “arrastrado los pies” a la hora de proponer medidas sancionadoras.

Ese fue el caso, por ejemplo, de la propuesta de suspender la parte comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel que finalmente sí presentó Bruselas en septiembre. “[La propuesta] era adecuada, pero se presentó muy tarde y cuando la situación en Gaza [con la hambruna declarada durante el verano por el bloqueo de la entrada de ayuda por parte de Israel] estaba alcanzando tales niveles de dramatismo que Von der Leyen se dio cuenta finalmente de que, si no presentaba una propuesta, iba a encontrarse también en una situación política muy delicada”, analiza este ex alto cargo.

Cierto es que esa propuesta tampoco ha llegado a prosperar porque, como constató la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en abril, no había mayoría cualificada —un 55% de países que supongan al menos el 65% de la población total europea— por la oposición de Alemania e Italia, otro país que hasta ahora ha impedido medidas contra Netanyahu, si bien en los últimos tiempos también se ha mostrado crítico ante su Gobierno.

A ello se ha aferrado la Comisión para argumentar de manera insistente que no es que intente frenar medidas, sino que lo que busca es evitar proponer cosas que luego no salgan adelante y pongan más en evidencia aún la profunda división que genera en los Veintisiete la respuesta al conflicto de Oriente Próximo. “No se trata de jugar a culpar a los demás, pero la pelota está en el campo del Consejo”, recordó esta semana la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

Es verdad que Alemania “no está sola”, reconocen fuentes diplomáticas europeas que temen que la nueva discusión sobre la forma de voto vaya a opacar los debates de este lunes. “Seguramente habrá un bloque de Estados que se aferrarán a lo de la unanimidad”, lamenta un diplomático frustrado por esta maniobra de Bruselas que muchos no vieron venir. “Pero no es más que otra estrategia puramente dilatoria para no hacer nada. Lo llamen como lo llamen”, condena.