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GeriVíctor de Aldama pactó 50 millones en comisiones ocultas por la venta del cuartel general de la Sepi
Víctor de Aldama pactó 50 millones en comisiones ocultas por la venta del cuartel general de la Sepi
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El Mundo01.07.2026Siyaset5 dk okumaSpain

Víctor de Aldama pactó 50 millones en comisiones ocultas por la venta del cuartel general de la Sepi

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  • Un contrato secreto revela que Víctor de Aldama acordó 50 millones en comisiones por la venta de la sede de la Sepi.
  • Se investiga el reparto de 5 millones con José Luis Ábalos y Koldo García.

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La venta de la sede de la Sepi fue impulsada por María Jesús Montero. Víctor de Aldama pactó comisiones ocultas y se investiga el reparto con José Luis Ábalos y Koldo García.

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La venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) impulsada por María Jesús Montero llevó aparejadas por escrito unas comisiones ocultas de 50 millones de euros para Víctor de Aldama.

Este empresario tenía previsto repartir al menos 5 millones del montante total con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor personal, Koldo García, por haberle permitido optar a este multimillonario negocio en el corazón de Madrid. No en vano, la Guardia Civil interceptó una grabación en la que ambos abordaron abiertamente el reparto de la millonaria mordida.

EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva al contrato secreto suscrito entre el fondo de inversión Platinum Estates Limited, radicado en Hong Kong, y la sociedad Pilot Real Estate, propiedad de Aldama, en el que se acuerda un calendario de pagos de las comisiones si la operación fructificaba.

Tal y como reza el documento que se reproduce en esta página, firmado el 24 de abril de 2019, si el Ministerio de Hacienda que dirigía en ese momento la ex vicepresidenta del Gobierno «aceptaba» la oferta de 250 millones del grupo encabezado por Aldama, éste recibiría un primer pago de 15 millones de manera automática.

Una vez que se rubricara «el contrato privado de compraventa» para hacerse con el complejo urbanístico denominado Campos Velázquez, ubicado entre las calles Velázquez y María de Molina de Madrid, el fondo de inversión se comprometía al pago de 20 millones extra.

Un último abono de 15 millones quedaba vinculado a la «obtención de licencia de obras» tras la presentación del proyecto para la construcción de varias torres de viviendas de lujo y un hotel por parte de Platinum Estates Ltd al Ayuntamiento de Madrid.

Cabe recordar, tal y como desveló este periódico, que el intermediario recientemente condenado por el Tribunal Supremo en el juicio del caso Koldo y cuyo ingreso en prisión ha quedado suspendido por su colaboración con la Justicia (en la que ha puesto sobre la mesa entre otros episodios inéditos la operación de Campos Velázquez), fue invitado a concurrir en esta gran operación inmobiliaria de la mano de Koldo García. Este último, condenado a 19 años por el Supremo, le trasladó el interés de la ex ministra de Hacienda en poner a la venta uno de los grandes activos inmobiliarios de Hacienda. «Montero le ha dicho a Ábalos que están buscando a un empresario de confianza para quedarse con los edificios de la Sepi», sostiene Aldama que le trasladó textualmente Koldo para animarle a concurrir a toda prisa.

El interés de quien fuera la mano derecha de Ábalos radicaba en que tenía previsto repartirse con el entonces ministro al menos 5 millones del montante total de comisiones que le correspondía a Aldama. Así consta en una grabación intervenida a Koldo por la Guardia Civil en el registro de su domicilio y que fue reproducida durante el reciente juicio en el Alto Tribunal. En dicha conversación, ambos abordaron explícitamente esta cuestión.

El 9 de abril de 2024, apenas unos días antes de que Aldama acordara formalmente con el fondo de inversión las comisiones que le corresponderían si se materializaba la compraventa, Koldo se vio con el ex ministro y le espetó: «¿Te acuerdas de lo que hablamos de Sepi, el conjunto que está donde están las centrales de la Sepi, los edificios, la oferta de 250 que vinieron?». «Si se ejecuta eso...», le añadió Koldo.

«Pero, ¿eso ya se ha reunido?», replicó Ábalos. «Sí, sí, se ha reunido y le ha entregado la oferta, ¿vale? Entonces, están a la espera de que responda, ¿vale? Pero te tengo que explicar. Si se ejecuta eso, a él (Aldama) le generan un montante de 5 (millones)». «¿Cinco kilos?», preguntó sorprendido Ábalos. "Sí, a ti te corresponden (...) porque tiene que repartir". La Policía Judicial precisa que la cifra que menciona Koldo García para su jefe es «ininteligible» pero que, en cualquier caso, se iban a dividir la mordida.

Efectivamente, tal y como se aborda en esta conversación, el empresario ya había presentado una propuesta formal el 5 de noviembre de 2018 con la que tanto la entonces nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Sepi, Vicente Fernández, barajaban extraer nuevos recursos económicos con el elevado patrimonio inmobiliario estatal.

De la tramitación de esta operación se encargó directamente una persona de la máxima confianza de Montero, el entonces presidente de Sepides, Antonio Cervera, que es actual director general de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. No en vano, accedió a ambos cargos por decisión de Montero, que ya lo tuvo a sus órdenes como director de Patrimonio en la Junta de Andalucía.

Así, en marzo de 2019, el entonces presidente de Sepides respondió a la secretaria de Aldama que estaban analizando su oferta y que en cuanto hubiera decisión le responderían. Según la documentación que obra en poder de este diario, Aldama se puso a trabajar como si tuviera licencia, seguro de que la operación era para él.

El 24 de abril de 2019 Aldama tenía ya firmado con el fondo Platinum Real Estate de Hong Kong la compra de la sede central de la Sepi por 201 millones sin incluir IVA y ambas partes pactaron en un contrato paralelo el pago de los 50 millones en comisiones. El empresario remitió incluso a la Sepi esta «oferta no vinculante» inicial suscrita en persona por el magnate hindú Harry Hassomal Mohinani en nombre de Platinum para que la firmara también Sepides y la estudiara durante un plazo de 90 días.

La operación no llegó a fructificar, pero Aldama trabajó durante meses con conocimiento y en coordinación con el grupo estatal.

Lo hizo a través de Pilot Real Estate, la inmobiliaria que el entonces jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, trasladó internamente que precisaba un aplazamiento de deuda fiscal.

Según la versión de Aldama, tras tener a punto la materialización del negocio, fue el propio Koldo quien le telefoneó para pedirle que retirara la propuesta porque la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, había exigido que se abortara la venta del complejo de la Sepi. La razón, que colisionaba con los intereses del Instituto de Empresa para el que trabajaba. De hecho, esta entidad está alquilada en el complejo urbanístico y tenía incluso interés en concurrir a la adquisición de alguno de los inmuebles que lo componen.

La implicación de Koldo en esta operación fue tal que llevó personalmente la oferta de Aldama al registro de la Sepi para que la sellaran y registraran. Al comunicar a Aldama que debía renunciar a este multimillonario negocio, le prometió que le «compensarían» con otras operaciones inmobiliarias similares por las molestias ocasionadas.

El complejo Campos Velázquez ocupa cerca de 40.000 metros cuadrados y se reparte en seis edificios. Entre ellos, las sedes de la propia Sepi y Sepides y también el cuartel general de Navantia, además del referido IE.

El contrato de reparto de las comisiones contemplaba, además del calendario de pagos expuesto, que el fondo de inversión de Hong Kong se comprometiera a ofrecer «garantías suficientes» de que todos los pagos iban a realizarse.

De tal forma que Platinum debía garantizar a Aldama tras el primer pago de 15 millones los 35 millones restantes. Asimismo, Aldama y Platinum firmaron una cláusula que les obligaba a «mantener la más absoluta confidencialidad» sobre el acuerdo, subrayando que las comisiones eran «un elemento esencial» de su gran pelotazo.

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  • Posibles imputaciones y condenas para los implicados en la trama.

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  • Revisión de futuras operaciones inmobiliarias del Estado.

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