Victoria parcial para las familias del caso residencias: la Audiencia Provincial falla a favor de unir procedimientos

Los abogados de las familias del caso residencias han comunicado este miércoles una inesperada victoria parcial que puede suponer un vuelco para la investigación. Tres magistrados de la Audiencia Provincial han fallado a favor de su pretensión de unir procedimientos, según una nota de prensa de los letrados. La resolución, dicen, afecta solo a dos procedimientos y contradice dos anteriores dictadas por compañeros de otras dos secciones de la Audiencia. Fuentes judiciales dicen que ahora surge la duda de si las familias podrían usar este nuevo auto para reactivar su propósito de acumular en un solo juzgado los más de 80 procedimientos abiertos, acabando con la dispersión que ha marcado este asunto durante seis años.

Como resultado, existen ahora tres resoluciones distintas de la Audiencia Provincial: dos en contra de unir los procedimientos y una a favor. Los propios abogados y otras fuentes jurídicas consultadas desconocen cómo se resuelve este conflicto “insólito” entre resoluciones del mismo órgano jurisdiccional. El profesor de Derecho Procesal y Penal de la Complutense Manuel Quintanar le dice a EL PAÍS que habría que elevar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La nota de prensa de los abogados informa de que la nueva decisión ha sido dictada por la sección séptima de la Audiencia. Los magistrados han decidido que dos procedimientos deben unirse debido a su similitud para evitar que los jueces dicten sentencias contradictorias: se trata de las investigaciones del juzgado 5 de Móstoles y del juzgado 3 de Madrid. Antes, en abril, la sección primera había ordenado que más de 20 procedimientos continuaran siendo investigados por separado, y en diciembre, la sección decimosexta había dictado otro auto contra la unión de dos procedimientos.

La idea de crear una macrocausa había dado aliento a las asociaciones de familias de los fallecidos, que denuncian que fueron discriminadas en el acceso a la asistencia sanitaria durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en la primavera de 2020, cuando Madrid fue severamente castigada por el virus. Más de 7.200 personas mayores murieron en las residencias en marzo y abril, durante la vigencia de unos protocolos de la Comunidad de Madrid que recomendaban limitar el acceso al hospital de ese colectivo para evitar un colapso del sistema.

Los retrasos y solapamientos ha sido frecuentes durante los seis años en los que la causa ha estado dividida en decenas de juzgados de la región de Madrid. Con el modelo actual, los jueces investigan las circunstancias de cada fallecimiento denunciado en su partido judicial, pero las asociaciones consideran que todas las muertes tienen en común un origen político y por ello deberían unificarse. La ley prevé concentrar las instrucciones en una sola cuando existe riesgo de resoluciones contradictorias y por economía procesal.

En abril, esta opción pareció extinguirse cuando la Sección Primera de la Audiencia decidió que los casos no eran idénticos. Era la respuesta a un movimiento iniciado por las familias y contaba con el apoyo de la Fiscalía y uno de los imputados, el doctor Francisco Javier Martínez Peromingo. Después de ese revés, parecía que el asunto había concluido y las asociaciones se habían resignado. Este nuevo auto, que los abogados de las familias han conocido este miércoles, tiene su origen en un choque entre jueces, que planteó el juez de Móstoles a los magistrados de la Audiencia.

La situación que surge ahora es “inédita y caótica”, dicen en la nota de prensa los abogados de las familias, Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz. “Debería buscarse una solución para que haya una investigación conjunta, igual que ocurre con la Dana en Valencia”, afirman.

Cuatro ex responsables de la administración madrileña de Isabel Díaz Ayuso están imputados: el alto cargo de la Consejería de Sanidad que firmó los protocolos de triaje que limitaron las hospitalizaciones, Carlos Mur; el doctor que redactó esos documentos y lo sucedió en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo; el director gerente del Summa 112, Pablo Busca; y el asesor de la presidenta para la pandemia, Antonio Burgueño. Además, también está siendo investigada otra doctora que ha sido señalada como autora de los protocolos, la geriatra María Teresa Vidán, del Hospital Gregorio Marañón.