Zapatero investigado: el PSOE contiene la respiración ante el 'caso de las joyas'

José Luis es un autónomo que “ayuda a gente”. Asesora sin encargos formales porque “hay confianza”. Coloca a sus hijas, que “trabajan bien”. Nunca “en la vida” ha enviado un Excel. Y no sabe lo que es una offshore , algo que Jordi Sevilla le hubiera enseñado en dos tardes. José Luis no es cualquiera, es el “referente moral” de la izquierda, es el primer expresidente investigado en una causa judicial. Su sucesor, Pedro Sánchez, confía en él –empatiza con su familia: tienen esposa, hermano, hijas en los tribunales– y obliga al PSOE a contener la respiración.

Dice el filósofo Javier Gomá que la ejemplaridad debe ser un ideal de dignidad, no un aparato de linchamiento. Pero cuando la desviación se exhibe en informes policiales y un juez de la Audiencia Nacional no te cree, el ritual fúnebre está servido. El proceso judicial ha tumbado la imagen de Zapatero como un castillo de naipes. Ha escandalizado a la derecha, no exenta de hipocresía: calla ante los informes de Hacienda que revelan el enriquecimiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso mientras jalea el pa’lante de las hijas de Zapatero. Y solivianta a la izquierda, porque su ideal ético es intolerante con las desviaciones, los diamantes, las esmeraldas y los zafiros en cajas fuertes.

Pero una cosa es la moral y lo reprobable políticamente, y otra, el Código Penal. El delito de tráfico de influencias es complejo de probar, tal y como el propio juez Calama le concede a Zapatero en su declaración, y el recorrido penal de las “dichosas joyas” depende de si el expresidente puede acreditar que fueron regalos recibidos durante su paso por la Moncloa. En el interrogatorio, Zapatero es vehemente a la hora de negar los delitos que se le imputan, pero se atisba dejadez en la formalización de su actividad profesional.

Zapatero ha dejado su futuro en manos de su amigo runner , reiteró ante el juez que la confianza le permitía trabajar a golpe de llamada telefónica y que no puede responder por comentarios de otros implicados. Quien impuso un código de buen gobierno en el 2005 operó al margen del mismo desde la presidencia y, según respondió al juez, hubo dejadez al evaluar el alcance de sus gestiones fuera de ella.

El expresidente ha pedido confianza y tiempo. El ritmo del juez y las estrategias de los investigados imponen unos tiempos incompatibles con las necesidades políticas de Pedro Sánchez. Las respuestas a las comisiones rogatorias se demoran meses y el goteo de declaraciones de investigados minará el camino del PSOE.

Sánchez lanzó su plan de resistencia hasta las elecciones del 2027 a principios de mes en la reunión del Cercle d’Economia en Barcelona. Hacía diez días que se conocía la imputación de Zapatero, pero no el valor de las joyas de su caja fuerte. La imagen y el millón de euros perturba a los cuadros socialistas y, entre los crédulos, la frase más repetida es que “no se corresponde con el José Luis que yo he tratado”.

En el PSOE saben que vendrán nuevos golpes. Uno de los investigados por la UCO en la causa contra Leire Díez es Juan Francisco Serrano, diputado en el Congreso; y dos trabajadoras de Ferraz, encargadas de la gestión de gastos en el partido, tuvieron que llamar a sus abogados para ser asistidas durante la declaración. La imputación de Serrano elevaría el caso al Tribunal Supremo, si no renuncia antes al escaño, así que el juez Santiago Pedraz la intentará demorar todo lo posible. Luego está la causa bajo secreto de sumario que se instruye sobre una supuesta financiación irregular del PSOE. El partido ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la filtración de datos.

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