Abogada del socavón del Carmel lidera la defensa de afectados por el hundimiento en Sant Gervasi

«Tengo 21 años más, lo que yo sufrí en el Carmel esta vez no lo voy a sufrir. Conozco cómo se negocia con la Administración y cómo se gestionan las emociones de los afectados. Aquí tengo un curso». Habla Carmen Pérez-Pozo, la abogada que representó a un tercio de los vecinos afectados por el socavón de la L5 en el Carmel en 2005. Un accidente sin precedentes, que obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas, y generó un fuerte impacto social, político y mediático. Ahora, dos décadas después de ese fatídico 27 de enero de 2005, la plataforma de afectados por el hundimiento en Sant Gervasi, también en Barcelona, la ha fichado como letrada para liderar una «negociación colectiva» y luchar por el futuro del barrio ante la Generalitat.

El pasado 7 de julio por la mañana se abrió un agujero de nueve metros de diámetro por cuatro de profundidad que engulló el baño y patio interior de la pizzería Verona, en la calle Teodora Lamadrid de la capital catalana, junto a la plaza del mercado y la parada de ferrocarriles del Putxet. El motivo fueron las obras de la L9 del metro, un socavón que obligó a desalojar a 300 vecinos de ocho edificios y varios locales comerciales ubicados en los bajos.

«Cuando lo vi por la tele pensé: 'uf, no no'», bromea Carmen desde la sede del Grupo Pérez-Pozo, despacho del que es CEO y fundadora. «Luego, cuando me contactaron, obviamente no pude negarme, lo hablé con el equipo [por las fechas, en pleno verano] y en seguida nos pusimos a trabajar. En una semana ya llevamos a dos tercios de los afectados», unas 200 personas, resume sobre la plataforma creada para centralizar las demandas y presentar una reclamación conjunta por responsabilidad civil contra la Generalitat, como responsable directa, por la vía administrativa, y que luego sea la Administración que reclame a las empresas que ejecutan la obra. El objetivo es negociar y evitar un enjambre judicial que pueda alargar el proceso años.

Una negociación en la que trabaja la abogada y su equipo y que plantea indemnizaciones en tres ámbitos (al margen de las ayudas directas concedidas por la Generalitat): los daños materiales, los daños personales o morales y el perjuicio económico. «La angustia es brutal. La mayor parte de los afectados son gente mayor, que ha tenido una vida muy tranquila. En el Carmel había más visceralidad, había mucha tensión. En este caso es un barrio de clase media, con gente de más edad, pero la ansiedad está», explica Pérez-Pozo.

La secunda Katherine Sánchez, vecina de toda la vida, heredera por parte de su padre de un negocio de joyería y relojería del barrio afectado por el socavón: «El ambiente en Sant Gervasi ahora es completamente distinto que antes del hundimiento. Se siente angustia, antes del 7 de julio la gente vivía tranquila, con sus rutinas, y ahora se ve en un hotel». «Yo misma no puedo dormir», añade.

Casi un mes después de que la tierra cediera, la mitad de los vecinos afectado todavía no han podido volver a sus casas y este viernes supieron que la mayoría (un 40%) no podrán hacerlo al menos hasta septiembre por la aparición de nuevas grietas «de carácter estructural» que se vinculan con el paso de la tuneladora de la L9 del metro que debe unir esta zona con el barrio de Gracia de Barcelona. De hecho, ya se han iniciado los trabajos de inyección y estabilización para solidificar la grieta porque debajo de ella se ha detectado una «pequeña» cavidad, «mucho más pequeña que la inicial», pero que ha obligado a cambiar el paso.

Sobre las afectaciones y la responsabilidad, Pérez-Pozo explica: la Generalitat responde por «culpa in vigilando». «Cuando promueves una obra civil o una obra pública, tienes que responder de que el personal contratado cumpla con lo que has encargado». También exige técnicos independientes que inspeccionen la zona para que los vecinos puedan volver «con toda la seguridad».

Sobre las viviendas y negocios afectados, el de Katherine pone en evidencia el impacto que puede conllevar un accidente de estas características. «Nuestro local se basa en la confianza, son objetos delicados (joyas y relojes). Llevamos casi 50 años en el barrio, todo el mundo nos conoce», describe sobre un negocio que ya era de su padre y en el que ahora trabajan ella y su marido. Una economía familiar que depende de Jersvalles, una joyería y relojería ubicada en la zona cero y cerrada desde el socavón del 7 de julio. «Suerte que yo tengo otro trabajo de fin de semana y que nos entretenemos con nuestro hijo pequeño», resume sobre la «angustia» y «ansiedad» que la situación les ha provocado.

Eso sí, pese a que la reclamación es bajo el mismo paraguas, se negociará «caso a caso», de «forma específica», añade la abogada. En negocios como el de la joyería Jersvalles, se calculan los daños emergentes, pero también el lucro cesante y los perjuicios a futuro para reclamar.

«Vivimos en el barrio y trabajamos en el barrio, todos estamos conectados», asegura Katherine sobre una afectación que se siente colectiva.