Asociación Víctimas de Despojo CDMX propone medidas contra el fraude inmobiliario

La recién creada asociación civil Víctimas de Despojo CDMX presentará al Congreso de la Ciudad de México una propuesta que contempla la implementación de la firma obligatoria con datos biométricos en escrituras notariales, expedientes digitales de cada inscripción pública y la creación de una unidad de inteligencia en la fiscalía capitalina que investigue específicamente fenómenos de fraude, corrupción, redes criminales y manipulación registral, con el fin de avanzar contra el despojo de inmuebles.

Hugo Torres Zumaya, concejal de Morena en la alcaldía Benito Juárez y vocero de la asociación, informó que acordó con el presidente de la Comisión de Vivienda del legislativo, César Emilio Guijosa Hernández, realizar en los próximos días un foro sobre el despojo que permita hacer un diagnóstico y elaborar iniciativas que refuercen la reforma penal de noviembre pasado –que ya incrementó las penas– mediante propuestas en materia administrativa para la prevención del delito.

Explicó que la asociación se integró con alrededor de un centenar de víctimas que fueron llegando al Congreso capitalino a partir de la reunión con legisladores a la que se convocó para exponer sus casos.

En el foro, con fecha aún por definir, además de integrar a víctimas de despojo, se convocará a diversas instancias vinculadas con el tema, como la Fiscalía General de Justicia de la capital, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Colegio de Notarios, entre otros, así como a integrantes de la academia e institutos de investigación.

Hasta este momento, explicó Torres, el colectivo de víctimas de despojo recién creado ha generado una decena de propuestas que llevarán al foro para ser consideradas en una eventual iniciativa de reforma.

Además de la creación de la antedicha unidad de inteligencia registral en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu) de la fiscalía capitalina, las víctimas proponen establecer niveles de riesgo para inscripciones registrales de inmuebles vulnerables, con protocolos de validación reforzada en casos como sucesiones, apoderados y notarios fuera de la Ciudad de México.

También plantean implementar una alerta gratuita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC).

Asimismo, la vinculación jurídica de manifestaciones de construcción, autorizaciones de uso y ocupación, catastro, RPPyC, el Archivo General de Notarías y el Registro de Condominios en la Procuraduría Social, con un expediente único.

Por último, proponen establecer una ventanilla judicial electrónica conectada con el RPPyC, la profesionalización de policías en protocolos, diligencias de recuperación y la publicación mensual de indicadores de denuncias, restituciones y tiempos de respuesta por colonia y demarcación.