Coahuila to Hold Only State Election Sunday

Leopoldo Ramos Corresponsal Periódico La Jornada Miércoles 3 de junio de 2026, p. 27

Saltillo, Coah., Coahuila llegará el próximo domingo a la única elección estatal de este año en el país, con la renovación de las 25 curules del Congreso local, en una contienda en la que el PRI busca conservar la mayoría legislativa y Morena intenta avanzar en una entidad donde la oposición no ha logrado romper la hegemonía priísta.

De acuerdo con la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), 2 millones 501 mil 847 ciudadanos podrán emitir su voto para elegir 16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

En la contienda participan PRI, PAN, Morena, Partido Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y los estatales Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Nuevas Ideas y México Avante Coahuila.

En los comicios de 2023, cuando fue renovada la legislatura local y la gubernatura, PRI, PAN y PRD compitieron juntos y obtuvieron “carro completo” con las 16 diputaciones de mayoría; esta vez, el blanquiazul contenderá por separado; mientras el PRI mantiene una alianza con UDC, y Morena va con sus aliados del PT; el Partido Verde registró candidatos propios.

Actualmente, el Congreso tiene una composición favorable al bloque que respaldó la candidatura del actual gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De las 16 diputaciones de mayoría, el PRI tiene 10; el PAN, cinco, y el extinto PRD una; en las nueve posiciones plurinominales, Morena cuenta con cinco, mientras PRI, Partido Verde, PT y UDC tienen uno cada uno.

Las campañas concluirán hoy después de un mes de actividades proselitistas. Entre los aspirantes priístas hay cinco legisladores que buscan la relección, incluida la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez.

Los Moreira, otra vez

En las boletas destaca de nuevo un Moreira: Álvaro Moreira Valdés, quien busca la relección por el distrito 16 de Saltillo.

El apellido permanece en competencia electoral desde 2022, cuando el ex gobernador Humberto Moreira Valdés contendió por la alcaldía de Saltillo y después buscó la gubernatura.

Morena enfrenta sus propios desafíos, pues en el distrito 13 de Saltillo compite Eduardo Hernández Carrizales, identificado con la sección 38 del magisterio.

Durante la campaña recibió el respado de maestros provenien-tes de distintas entidades bajo la coordinación de la diputada federal Sonia Rincón Chanona, cercana al dirigente nacional del sindicato, el coahuilense Alfonso Cepeda Salas.

La alianza Morena-PT tiene heridas abiertas de la elección para gobernador de 2023, pues en sectores del partido guinda persiste el resentimiento contra el diputado federal petista Ricardo Mejía Berdeja.

Le atribuyen la derrota de la izquierda por rechazar alinearse con el entonces senador, el fallecido Armando Guadiana Tijerina y competir por la gubernatura con las siglas del PT, del cual ahora es dirigente estatal.

La ruptura provocó críticas de dirigentes morenistas y de figuras nacionales; incluso la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó entonces la decisión de abandonar el proyecto político después de haber aceptado las reglas internas para definir la candidatura.

Tres años después, Morena y PT se rencontraron y durante la campaña, Mejía Berdeja acompañó a varios candidatos guindas, entre ellos Alberto Hurtado Vera, quien antes lo calificó de traidor, por el antecedente de 2023.

Otra característica de la elección es que varios partidos reservaron las primeras posiciones de sus listas plurinominales para sus dirigentes estatales; es el caso de Carlos Robles Loustaunau (PRI), Diego del Bosque Villarreal (Morena) y José Refugio Sandoval Rodríguez (Partido Verde).

Mientras que morenistas y petistas centraron sus mensajes de campaña en la necesidad de alternancia política, los priístas insistieron en defender la estabilidad social y el modelo de seguridad pública que impulsa el gobierno estatal: “Coahuila es el estado del norte más seguro y el segundo en la escala nacional”.

El PREP está listo

En el plano operativo, las autoridades electorales reportan una organización sin contratiempos. El pasado fin de semana fue realizado el último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y consejeros nacionales del INE dieron seguimiento a dichas pruebas.

A unos días de la jornada electoral, el principal incidente repor-tado fue la circulación de citatorios falsos atribuidos a la Fiscalía Es-pecializada en Delitos Electora-les de la Fiscalía General de la República.

Las autoridades federales investigan para determinar su origen; de acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez, hay indicios de que las notificaciones con documentos falsos fue para intimidar a electores.

El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, sostuvo que existen condiciones de seguridad para la instalación de casillas y el desarrollo de la votación; además, en los operativos participan corporaciones estatales, municipales, Ejército, Marina y Guardia Nacional.

El resultado del próximo domingo definirá la integración de la legislatura estatal, pero también medirá la capacidad de movilización y la fuerza territorial de los partidos en una entidad donde el PRI mantiene la gubernatura, mayoría en el Congreso local y en los gobiernos municipales.

La actual Cámara de Diputados aprobó reformas para robustecer la seguridad pública, inclusión social y acceso a la justicia, como la Ley Orgánica de Seguridad Pública para agilizar los mecanismos de denuncia digital e incorporar el uso de tecnológicas para tareas de inteligencia policial;

Reformó el Código Penal para endurecer las penas contra los delincuentes reincidentes en narcomenudeo y se validó una reforma constitucional que amplía el derecho a la igualdad y no discriminación, integrando la identidad de género y expresión de género.

Los legisladores también resolvieron la reforma a la Ley de Pensiones y otros beneficios sociales que garantiza un retiro digno a los trabajadores al servicio del Estado y aprobaron la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, que permite al Estado supervisar, registrar y controlar a los centros de rehabilitación (anexos) para evitar abusos y garantizar los derechos humanos de los internos.