El Congreso inicia la tramitación de la reforma de la ley de eutanasia para acelerar los plazos

El Pleno del Congreso ha iniciado este jueves la tramitación de la reforma de la ley de eutanasia que busca acelerar los plazos en este proceso.

En concreto, el nuevo redactado propone acelerar la resolución de los recursos que se presenten en contra de solicitudes de ayuda para morir que ya hayan sido aprobadas por el cauce previsto.

La Cámara Baja ha acordado la toma en consideración de esta reforma, primer paso del trámite parlamentario, con 178 votos a favor, mientras que solo PP y Vox se han posicionado en contra -169 diputados-.

"Es obvio que la prolongación del procedimiento conlleva necesariamente un padecimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien se encuentra en este contexto", recoge la exposición de motivos de la propuesta de reforma, que se ha sometido a debate por iniciativa del Parlamento de Cataluña.

El texto propone que los recursos contra las resoluciones de las Comisiones de Garantía y Evaluación en relación a solicitudes de eutanasia se tramiten por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

Y, así, define un plazo máximo de 25 días entre la autorización de la concesión de la ayuda a morir y la resolución de posibles recursos que se presenten en contra.

Tres diputados del Parlamento de Cataluña han sido las encargadas de defender en el Congreso esta reforma: Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernàndez (ERC).

La parlamentaria socialista ha defendido que la modificación para acortar los plazos busca "profundizar en el respeto de las decisiones individuales" y, en palabras del diputado republicano, "persigue perfeccionar un derecho".

El representante de Junts, en la misma línea, ha sostenido que la eutanasia es "uno de los procedimientos más garantistas de todo nuestro ordenamiento jurídico y sanitario" para justificar que se reduzca el tiempo de resolución de recursos.

En el lado opuesto, los populares han expuesto en el Pleno su rechazo a acortar los plazos, argumentando que "cuando una decisión es irreversible las garantías nunca sobran".

Así lo ha defendido el diputado Antonio Román Jasanada, que ha recriminado a quienes hablan de "muerte digna": "La dignidad está en la vida, desde el principio hasta el fin".

Más dura ha sido la diputada de Vox María Ruiz: "No pueden venir a hablarnos de muerte digna cuando de lo que estamos hablando es de matar personas", ha reprochado la dirigente, que ha calificado la norma reguladora de la eutanasia como una "ley cruel que disfraza de derecho la renuncia del Estado [...] a luchar por los que más sufren".

"¿Qué diferencia hay entre un suicidio autoinflingido y un suicidio asistido?", se ha preguntado Ruiz.

El debate sobre la eutanasia ha vuelto este jueves al hemiciclo tan solo tres días después de que el Papa, en su visita a España, hiciera un alegato en contra de esta práctica en la misma tribuna del Congreso.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural", defendió León XIV el pasado lunes.

España despenalizó la eutanasia en 2021, cuando la Cámara Baja aprobó la ley que regula esta práctica y a la que solo PP y Vox se opusieron.

La norma permite a quienes sufren "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable" recibir ayuda para morir, siempre que el paciente cumpla unos estrictos requisitos y tras el examen y aprobación de médicos y de la Justicia.

No solo el discurso del Papa ha vuelto a traer al debate público la eutanasia en los últimos meses.

También lo hizo el caso de Noelia Castillo, la joven catalana que el pasado marzo recibió la eutanasia tras una batalla legal de casi dos años -su padre recurrió la decisión-.

La reforma que ahora inicia su tramitación pretende, precisamente, reducir esos plazos establecidos para resolver recursos.