El Estado del bienestar en España: un pacto intergeneracional en riesgo por el envejecimiento

El Estado del bienestar funciona como un gran pacto entre generaciones: quienes trabajan pagan impuestos y cotizaciones que financian la educación de los niños, la sanidad de todos los ciudadanos o las pensiones de los jubilados. Pero ese equilibrio empieza a resquebrajarse por el envejecimiento de la población. Y prueba de ello es que solo el 41% de los españoles aporta más al Estado de lo que recibe en prestaciones y servicios públicos a lo largo de su vida, mientras el 59% restante son receptores netos. Una proporción que responde al diseño normal de un modelo redistributivo, pero que se volverá cada vez más difícil de sostener conforme aumente el número de pensionistas y disminuya el peso de la población en edad de trabajar.

Es una de las contundentes conclusiones del informe Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico, elaborado por EsadeEcPol, que analiza cómo se distribuyen los impuestos y las prestaciones entre generaciones y alerta de que el envejecimiento multiplicará las tensiones financieras del sistema si no se acometen reformas. En base a la metodología de las Cuentas Nacionales de Transferencia (NTA), los autores calculan el "saldo fiscal asignable por edad", que estima la diferencia, a cada edad, entre los impuestos pagados y las prestaciones y servicios públicos recibidos por un individuo.

El resultado esboza el recorrido habitual de cualquier ciudadano: durante la infancia y la juventud predominan el gasto en educación, sanidad y apoyo a las familias; en la vida laboral, las cotizaciones y los impuestos superan las prestaciones; y con la jubilación el saldo vuelve a ser negativo por el peso creciente de las pensiones y del gasto sanitario. Y así, revela que la cifra del 41% esconde enormes diferencias por edad: entre los 25 y los 64 años, el 68% de las personas aporta más al Estado de lo que recibe; en cambio, entre los menores de 25 y los mayores de 65 apenas uno de cada diez es contribuyente neto.

Es precisamente esa transferencia de recursos desde la población activa hacia quienes todavía no trabajan o ya se han jubilado la que sostiene el Estado del bienestar. Tanto es así que el saldo fiscal alcanza su máximo alrededor de los 50 años de edad, cuando un trabajador aporta unos 11.000 euros anuales más de lo que recibe del conjunto del sector público. Apartir de los 60 el balance comienza a deteriorarse y hacia los 70 el déficit ronda los 16.000 euros.

El informe estima que, en ausencia de reformas, una persona nacida en 2024 recibirá a lo largo de toda su vida unos 140.000 euros más de los que aportará al sistema. Un resultado que refleja que el diseño vigente depende de que exista una base suficientemente amplia de trabajadores financiando las prestaciones de quienes todavía no trabajan o ya han dejado de hacerlo. Y contrasta con la percepción crítica sobre el equilibrio entre los impuestos que se pagan y los servicios públicos que se reciben, ya que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 54,4% de la población acepta que los impuestos son necesarios para sostener estos servicios, pero el 58% afirma que la sociedad se beneficia "poco o nada" de esas aportaciones.

En cifras agregadas, los autores estiman un saldo negativo de más de 30.000 millones de euros (la diferencia entre 586.000 millones en impuestos y unos 617.000 en prestaciones), lo que equivale al 1,9% del PIB. Pero advierten de que el verdadero desafío llegará con la jubilación de la macrogeneración del baby boom y proyectan que para 2050 el desequilibrio podría elevarse a una horquilla de entre el 6,7% y el 9,1% del PIB.

El estudio analiza qué factores podrían compensar ese deterioro. El primero es el aumento del nivel educativo, puesto que entre los 30 y los 54 años una persona con estudios superiores genera un saldo fiscal positivo de 15.900 euros al año, frente a los 6.300 euros de quienes tienen bachillerato o FP y apenas 2.500 euros entre quienes no superan la ESO. Y el segundo es la inmigración, si bien sus efectos serán limitados. En un contexto marcado por la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha recibido 1,3 millones de solicitudes de extranjeros, los autores advierten de que aunque se mantengan flujos elevados de entrada de inmigrantes al mercado laboral el impacto será temporal, ya que acabarán jubilándose y generando gasto en pensiones y sanidad.

El problema de las pensiones

El documento sitúa parte del problema en el propio diseño del sistema de pensiones. Según calculan, las reglas actuales proporcionan una rentabilidad implícita del 2,6% anual para las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, por encima del aumento de los ingresos que financian el sistema (1,4%). Y esa diferencia, unida al aumento de la esperanza de vida y en ausencia de reformas, incrementará progresivamente la presión sobre las cuentas públicas.

Ante este escenario, EsadeEcPol propone tres grandes líneas de actuación. La primera pasa por elevar la participación laboral entre las personas de 55 a 64 años, ya que, según sus estimaciones, si España alcanzara tasas de empleo similares a las de los países europeos más avanzados la recaudación neta aumentaría en torno a 14.000 millones de euros anuales. La segunda consiste en vincular de forma automática la edad efectiva de jubilación a la evolución de la esperanza de vida para repartir el aumento de la longevidad entre más años de trabajo y más años de cobro de la pensión. Y la tercera plantea avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales que refuerce la relación entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones futuras.

Con todo, la principal conclusión del informe es que el envejecimiento no hace inviable el Estado del bienestar, pero sí obliga a adaptar sus reglas de funcionamiento. De lo contrario, advierten sus autores, el coste de mantener el sistema recaerá cada vez más sobre unas generaciones en edad de trabajar que serán proporcionalmente menos numerosas.