El Gobierno, contra las cuerdas por los fondos europeos: dos plazos y 13 ministros citados

Dos fechas aprietan al Gobierno en su gestión de los fondos europeos con los que Bruselas respondió a la crisis económica del Covid. Este jueves 4 de junio, cuando vence el plazo concedido por el Tribunal Supermo para entregar al PP los nombres de los mayores beneficiarios de las ayudas del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR). Y el 31 de agosto, fecha tope que fijó Bruselas para ejecutar las reformas pendientes de las que depende otra inyección comunitaria de más de 31.000 millones. Con la espada de Damocles del calendario sobre Moncloa, el partido de Alberto Núñez Feijóo va a forzar a comparecer a 13 ministros en el Senado para que rindan cuentas por el maná europeo.

Los populares quieren cercar a Moncloa por todos los flancos para romper la «opacidad» con la que, denuncian, el Gobierno viene manejando la información del PRTR. Por ello, van a utilizar su mayoría parlamentaria en el Senado para obligar a comparecer a los ministros que arrastran los peores porcentajes de ejecución de fondos UE en 2025. Previamente lo intentaron sin éxito en el Congreso.

A la cola se encuentra la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cuya cartera apenas habría ejecutado el 1,48% de los fondos bajo gestión. Le siguen el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con un desempeño del 8,66% y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el 10,88%. La lista incluye también a la responsable de Ciencia, Diana Morant (13,3%); a la titular de Educación, Milagros Tolón (13,86%), y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo (15,69%).

Mejor posicionados en la tabla, pero todavía por debajo del 20% de ejecución, estarían los ministerios de Política Territorial, con Ángel Víctor Torres al frente, y el de Seguridad Social, que capitanea Elma Saiz. Algo mejor, pero todavía con menos de la mitad de los fondos ejecutados estarían Sara Aagesen, titular de Transición Ecológica y Arcadi España, ministro de Hacienda. Tampoco llegan al 50% los ministros de Industria, Jordi Hereu, y Transportes, Óscar Puente, que por poco superan el 30%.

«El objetivo es duplicar la presión parlamentaria sobre el Gobierno, evitar que las preguntas no contestadas queden sin respuesta», justifican desde el PP. La ofensiva llega en un momento delicado para el Gobierno, precisamente, por el impacto de presuntas irregularidades en la trasfusión de dinero público durante la pandemia.

Por un lado, el Tribunal de Cuentas ha acreditado el desvío de más de 2.000 millones de fondos europeos para pagar pensiones, como adelantó este medio. Por otro, la Audiencia Nacional ha señalado recientemente al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una red de «tráfico de influencias», entre otros, en el reparto de ayudasde a empresas afectadas por el Covid, en el marco del caso Plus Ultra.

Respaldo judicial

Todos los ministros llamados a rendir cuentas están obligados a comparecer, pero no necesariamente a contestar las preguntas de los senadores. Los populares cuentan con un «precedente decisivo», si el Gobierno se niega a compartir la información precisada. Es la sentencia del Supremo que obligó a Moncloa a entregar al PP la lista de beneficiarios finales de los fondos UE.