El Gobierno de Sánchez, entre "lawfare" y la agonía legislativa

En muchos países de nuestro entorno el Gobierno ya habría caído. El día que no se amanece con un sumario, salta una nueva investigación, y las habituales acusaciones de que “todo es lawfare” cada vez resultan menos verosímiles incluso entre las filas del progresismo. Por más que el presidente del Gobierno hable de presentar unos presupuestos, socios clave como el PNV y Junts ya dan por liquidada la legislatura. Cabe preguntarse si estamos asistiendo ya a una fase que podríamos tildar de tardosanchismo. No parece casual que algunos socialistas se hayan atado al mástil en los últimos tiempos, abonándose a las teorías de que hay un supuesto complot judicial, policial, o internacional contra el Gobierno. De un lado, esos relatos son útiles para restarle gravedad a las presuntas tramas que se investigan y sembrar sospechas sobre la Justicia con tal de que no pasen factura. Del otro, que figuras como Óscar Puente denuncien formas “antidemocráticas” para derribar al Ejecutivo rinde cuenta de una lógica aún más profunda: en toda organización política, quien aspire a heredar necesita partir de un relato fundacional que excite las pasiones de su militancia, siempre más escorada que el ciudadano medio o la cúpula. Así como Sánchez llegó a lomos de la narrativa antiélites, tras haberse enfrentado al aparato del partido, quién sabe si otros eventuales aspirantes querrán llegar a lomos del ilegitimismo. Es decir, instilando el recelo de que el Gobierno no cayó por su agonía y parálisis, sino porque había poderes oscuros entre bambalinas.

En consecuencia, es posible detectar cuándo un movimiento político languidece porque sus relatos cada vez suenan más rebuscados e, incluso, se empieza a poder señalar herederos entre sus filas. La realidad es que no hace falta que nadie maniobre desde fuera para que el Ejecutivo esté varado en el Congreso: la mayoría de los socios no quieren pactar porque perciben que las presuntas tramas relativas a Ábalos, Cerdán o Leire Díez les resultan radioactivas en sus territorios. Tampoco hacen falta intereses ocultos contra La Moncloa para que se dispare el precio de la vivienda: si no se construye suficiente, los precios seguirán subiendo por pura ley de la oferta y la demanda.

El caso es que al Gobierno se le acaban algunas de sus cartas para mitigar su imagen de agonía. La primera era la política internacional. Desde que la parálisis entró por la puerta, esta ha sido el refugio del PSOE para apretar las filas de la izquierda —y ensancharse entre el electorado de Podemos y Sumar— sobre temas que la interpelan como la guerra en Gaza o la defensa del derecho internacional frente a Donald Trump. Las aguas amagan con calmarse en Irán, y la baza extranjera perderá fuelle como señuelo, haciendo más evidentes los problemas domésticos. Sánchez habla ahora de un decreto de protección a la industria, al igual que el escudo social que también le ayudó a mostrar utilidad al ciudadano sobre por qué debe seguir en el poder pese a todo.

En segundo lugar, Vox ha vuelto a la irrelevancia mediática tras generar un gran revuelo con la medida sobre la “prioridad nacional”. Cada vez que entran en Gobiernos del PP empiezan a diluirse, algo que suaviza una de las pocas cartas que le quedan al PSOE para movilizar a su electorado: el miedo a la ultraderecha. Esta ya no sirve ni para hundir el voto al PP, como solían creer en La Moncloa, dado que Vox también absorbe nuevos electores y un porcentaje muy pequeño de fuerzas de izquierda.

Sin embargo, Pedro Sánchez amaga con tirar de una última baza de aquí a 2027, si el expresidente Zapatero se acaba difuminando como referente moral y emocional en los juzgados: se habla ahora de presentar unos Presupuestos Generales del Estado, cuando en tres años no se ha logrado aprobar ninguno. La acción toma tintes de puesta de largo, previa a unas generales, seguramente presentándose ante los españoles como el Gobierno social al que sus socios no quisieron dar apoyo.

Quizás por eso, la mesa del Congreso acabó impidiendo que se votara sobre instar a Sánchez a convocar elecciones esta semana. Desde el punto de vista formal, la intentona de Junts y el PP es un brindis al sol: convocar elecciones es un acto personalísimo del presidente del Gobierno, como lo es presentar una cuestión de confianza. Ahora bien, que la Cámara se hubiese posicionado a favor de unos comicios habría hecho evidente que, de aquí a 2027, ni presentar unas cuentas del Estado es creíble toda vez que el Congreso ya se habría pronunciado sobre el fin de la legislatura.