El juez Peinado da por concluida la investigación contra Begoña Gómez y propone juzgarla por cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar por concluida la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y propone juzgarla por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Esta decisión llega tras dos años de una polémica instrucción judicial. El juez ha decidido excluir un quinto delito, el de intrusismo profesional.

Según el instructor, Gómez habría presuntamente utilizado su relación con Pedro Sánchez para influir en autoridades y funcionarios con el fin de impulsar su carrera privada, especialmente en relación con el desarrollo de una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Las partes implicadas disponen ahora de cinco días para presentar sus conclusiones y alegaciones.

La noticia sorprendió a Gómez este lunes mientras se encontraba de viaje oficial en China junto al presidente Sánchez.

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en un auto fechado el pasado 11 de abril, ha acordado finalizar la fase de investigación, acercando a juicio a Gómez y a los otros dos investigados en la causa: la asesora en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Este paso es equivalente a un procesamiento.

El caso se destapó en abril de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias, y se amplió posteriormente con querellas presentadas por Hazte Oír y Vox. La investigación se centró en la actividad profesional de la esposa del presidente con empresarios y su vínculo laboral con la Complutense, así como en determinar si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora para que colaborara con la actividad privada de Gómez en lugar de la institucional.

La decisión del juez se produce después de que el pasado Miércoles Santo se celebrara una vista en la que se comunicó a los implicados que, en caso de ir a juicio, la causa sería juzgada por un jurado popular. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía han mantenido consistentemente que el asunto carece de relevancia penal y debe ser archivado.

En un auto de 39 páginas, Peinado expone los argumentos de la vista del 1 de abril y detalla los indicios que, a su juicio, sustentan los cuatro delitos atribuidos a Gómez. Recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado su imputación, si bien este órgano judicial ha corregido en varias ocasiones la instrucción del magistrado, como ocurrió cuando intentó investigar la supuesta relación de Gómez con el rescate de la empresa Air Europa por parte del Gobierno.

Doce apuntes sobre el tráfico de influencias:

Para fundamentar la acusación de tráfico de influencias, Peinado argumenta un supuesto “cambio en la trayectoria profesional” de Gómez tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Analiza la cátedra y el máster sobre Transformación Social Competitiva que Gómez lideraba en la Complutense hasta finales de 2024, señalando como indicio la falta de estudios universitarios de Gómez. Aunque el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, declaró que no era necesario un título superior para codirigir tales cátedras, el juez subraya que Doadrio mencionó que el caso de Gómez era “el único que conocía en el que pasó tal cosa”.

Peinado también señala el uso del Palacio de La Moncloa para algunas reuniones como un indicio adicional de corrupción, calificando estas conductas como impropias de un Estado democrático y comparándolas con regímenes absolutistas. Fuentes de La Moncloa han expresado indignación por estas afirmaciones y critican que el juez publique sus decisiones coincidiendo con viajes oficiales del presidente al extranjero.

En total, Peinado enumera 12 hitos que considera pruebas de las supuestas influencias: la indicación del rector Joaquín Goyache al vicerrector Doadrio de “crear una cátedra” para Gómez; la no localización de su currículum; y la “rapidez” en la creación de la cátedra. Añade las cartas de apoyo que Gómez envió a favor de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada, entre otros, por el empresario Barrabés —quien también era docente en el máster— para obtener un contrato público, si bien más de 32 personas firmaron misivas similares.

El juez destaca que la cátedra de la Complutense “sirvió como medio de desarrollo profesional privado” para Gómez, quien además habría recibido una remuneración. Las defensas argumentan que la cátedra no tenía retribución y que los fondos iban a la UCM, pero Peinado refuta que el beneficio puede ser indirecto y a favor de un tercero.

Barrabés es considerado cooperador en el tráfico de influencias por su participación en reuniones en La Moncloa, su asesoramiento estratégico en el máster y la coincidencia temporal de su relación con la emisión de cartas de apoyo para las licitaciones de la UTE.

Participación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa:

Peinado insiste en que Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, fue utilizada de forma continuada en las gestiones del proyecto universitario, incluso mediante correos electrónicos desde la Presidencia del Gobierno. Subraya que Álvarez, como personal eventual de la Presidencia, es funcionaria a efectos penales y participó en la captación de fondos y la interlocución con empresas como Google. Las defensas argumentan que no puede haber malversación porque Álvarez no era funcionaria de carrera.

El juez considera que Álvarez dio apariencia institucional al proyecto y que su participación puede calificarse como cooperadora necesaria de la presunta autora principal.

A Gómez la sitúa como cooperadora en la malversación, al entender que el desvío de fondos públicos en la contratación de su asesora fue para ella, aprovechando la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas a su cometido institucional.

“Captación de fondos privados”:

Respecto al delito de corrupción en los negocios, el juez destaca las negociaciones de Gómez y Álvarez con patrocinadores de la cátedra como Reale Seguros (60.000 euros), Fundación La Caixa (15.000 euros anuales) y empresas como Indra, Telefónica y Google. Peinado insiste en que la ausencia de participación del vicerrector o codirector en estas negociaciones evidencia el interés particular de Gómez, no el institucional de la UCM.

Considera que no son “contactos aislados”, sino una “actuación continuada, directa y operativa” de ambas investigadas en la captación de apoyos y el desarrollo del proyecto tecnológico. Sostiene que Gómez fue la “impulsora de la captación de fondos privados”, y no para la cátedra pública, sino para su patrimonio personal.

El juez acusa a Gómez de ofrecer como “contraprestación” la “ventaja competitiva” de dichas empresas patrocinadoras, aprovechando ser su esposo el presidente del Gobierno. Recuerda que las compañías involucradas son “grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública”.

Delito de apropiación indebida de marca:

Peinado expone indicios para atribuir a Gómez el delito de apropiación indebida de marca. Sostiene que Gómez actuó como gestora principal del proyecto de la cátedra y del software, con capacidad de dirección sobre recursos universitarios y aportaciones empresariales. El juez sugiere que pudo exceder ese ámbito desviando el activo hacia sus intereses propios (marcas, dominio y mercantil) en perjuicio de la UCM.

Eleva la cifra de 108.765,79 euros, coste del software según la Complutense, a “por encima del medio millón de euros” basándose en el desarrollo técnico, aunque sin especificar los cálculos. La defensa argumenta que la apropiación indebida solo aplica a dinero, efectos valores o bienes muebles, y que en este caso sería un delito contra la propiedad intelectual o industrial.