El TJUE condena a Hungría por violar el derecho europeo con su ley anti-LGTBI+

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a Hungría por su normativa en contra de las personas LGTBI+. El máximo órgano de justicia de la Unión ha publicado este martes su fallo con respecto a la “ley de propaganda LGTBI”, que fue aprobada en 2021 por el Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orbán. “Hungría ha violado el derecho de la Unión en varios planos: el Derecho primario y secundario, relativo a los servicios en el mercado interior; la Carta de derechos fundamentales de la UE (el artículo 2 del Tratado de la UE); y el Reglamento general de protección de datos (RGPD)”, ha determinado el TJUE. La Comisión había interpuesto un recurso al organismo judicial por la normativa húngara en el que, justamente, argumentaba que esta quebrantaba el derecho comunitario en esos aspectos. Una opinión que era compartida por la abogada general del TJUE, Tamara Ćapeta. Es la primera vez que el TJUE condena a un Estado por violar los principios fundacionales de los Veintisiete. Las personas LGTBIQ+ siempre han estado en la diana de Orbán y su partido, los ultraconservadores de Fidesz, que han controlado el Gobierno durante 16 años. Aunque el 12 de abril fueron derrotados por el conservador y proeuropeo Péter Magyar, que consiguió aglutinar el apoyo de la oposición, el legado ultra y de deterioro del Estado de derecho de Fidesz ahora mismo sigue vigente. A partir de 2021, la inquina de Orbán hacia las personas LGTBIQ+ se intensificó y tuvo su máxima expresión en el veto gubernamental al Orgullo del año pasado. La base normativa de ese veto también era la ley de propaganda anti-LGTBI. Esta legislación imitaba una similar promovida en Rusia por Vladímir Putin, de quien Orbán siempre ha sido uno de los principales aliados en la UE. La aplicación de la norma de inspiración rusa llevó a modificar otras normativas, como la referente a la protección de la infancia. Así, el Ejecutivo ultra censuró en el espacio público cualquier mención “al cambio de sexo, la desviación respecto a la identidad conforme al sexo de nacimiento, así como a la homosexualidad”. Eso implicó, por ejemplo, el veto a libros que hablaran de diversidad. En marzo del año pasado, Orbán dio un paso más y expandió la ley a una nueva esfera: “Ya no solo limita la libertad de expresión, ahora también restringe el derecho a reunirse. Y de nuevo, lo justifica en la protección de los derechos de los niños”, explicaba entonces Eszter Polgári, abogada y responsable jurídica de Háttér Society, la principal organización de defensa de derechos del colectivo de Hungría. El Orgullo, al ser considerado una reunión LGTBI+, fue también prohibido. Finalmente, entre fuertes medidas de seguridad, amenazas de extrema derecha y una retórica incendiaria por parte del Ejecutivo de Orbán, la cita se celebró. De hecho, fue el Orgullo más masivo de la historia del país al congregar a cientos de miles de personas, además de decenas de políticos de la UE así de numerosos Estados miembros, como la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Para la abogadoa general del TJUE, “Hungría no ha aportado prueba alguna del posible riesgo de daño que el contenido que retrata la vida cotidiana de las personas LGTBI+ pudiera suponer para el desarrollo saludable de los menores”. “Dichas modificaciones se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y no cisgénero no tiene el mismo valor o estatus que la vida heterosexual y cisgénero”, ha defendido Ćapeta. “Esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados”, ha agregado el TJUE en un comunicado. Este caso, uno de los más importantes de la historia de la UE basado en la vulneración de derechos fundamentales, ha tenido también el respaldo del Parlamento Europeo. Además, hasta 20 Estados miembros exigieron a Hungría la anulación de la ley de propaganda y los tentáculos de sus enmiendas. Los países que censuraron la norma húngara fueron Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia. Todos ellos publicaron un comunicado diplomático en mayo del año pasado. No se unieron al mismo, además de Hungría, Italia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia ni Croacia. “Este es el primer test de fuego de la comunidad internacional con respecto al nuevo Gobierno de Péter Magyar para pedir cambios más allá de lo cosmético”, opina Esther Martínez, de Reclaim, organización de defensa de derechos civiles en la UE. “La derrota de Fidesz en las últimas elecciones puede hacer pensar a la gente que va a haber un giro de 180 grados, pero no se puede olvidar que tras más de tres lustros de Orbán, en Hungría hay una extrema derecha muy radical, otra muy corrupta y una derecha conservadora. Magyar no tiene oposición ahora mismo”, añade.