Escalada política entre España e Italia previa a la reunión de ministros del Interior de la UE sobre la crisis de Ceuta

Más extraordinaria que la propia reunión de ministros del Interior de la UE que tendrá lugar hoy tras la crisis de Ceuta es la escalada política que la precede. La crisis entre Italia y España no solo no se ha rebajado, sino que sigue intensificándose con una dureza inédita.

En medio de ese clima, Ursula von der Leyen envió una primera señal de distensión hacia Madrid. En una carta dirigida a Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea aseguró que España “puede contar con el apoyo” del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, fuentes del Gobierno explicaron que hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska participará en el encuentro decidido a defender una política migratoria responsable con sus obligaciones y solidaria con el resto de Estados miembros.

La reunión telemática de hoy tiene oficialmente como único punto del orden del día la inmigración. Sin embargo, las capitales europeas se han apresurado a dotar de contenido político una cita impulsada inicialmente por Italia y Dinamarca para dar una salida institucional a la preocupación por lo ocurrido en Ceuta.

Posteriormente, otros veinte Estados miembros se sumaron a la iniciativa, firmando una carta que solicita la convocatoria de la reunión. El texto not solo expresa preocupación por la crisis, sino que responsabiliza indirectamente al Gobierno de Pedro Sánchez por la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes, considerada por sus promotores un “factor de atracción” para nuevos flujos migratorios.

En la reunión de hoy, Italia y Dinamarca insistirán en endurecer la política migratoria de la Unión. Más allá de la suspensión temporal de Schengen, el verdadero objetivo de Roma es acelerar la creación de centros para migrantes en África, financiados por la Unión Europea o por grupos de Estados miembros.

El modelo es Albania. Aunque el proyecto apenas ha arrancado —los centros siguen prácticamente vacío—, el Gobierno italiano considera que representa el primer paso para aplicar de forma concreta las posibilidades abiertas por el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El objetivo es extender ese sistema a otros países, entre ellos Uganda. Dinamarca, Austria, Países Bajos y Grecia figuran entre los principales apoyos de esa estrategia.

Roma quiere, además, endurecer la aplicación del nuevo programa GSP+, que entrará en vigor el 1 de enero del 2027. La propuesta consiste en vincular las ventajas comerciales y arancelarias concedidas por la UE a los países en desarrollo a su cooperación efectiva en la readmisión de inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea.

Entre los pocos países que se negaron a firmar la carta impulsada por Italia figura Francia. Fuentes del Gobierno francés consideran que la decisión italiana tenía un objetivo esencialmente político: aprovechar la crisis de Ceuta para cargar contra la política migratoria de Pedro Sánchez, en lugar de buscar una solución coordinada con Marruecos.

Las mismas fuentes recuerdan además que Ceuta, aunque forma parte de la Unión Europea, tiene un régimen especial dentro del espacio Schengen. Por ese motivo, los desplazamientos entre la ciudad autónoma y la Península ya están sometidos a controles policiales, a diferencia de lo que ocurre en las fronteras interiores del espacio Schengen. Francia reforzó temporalmente sus controles fronterizos —también por razones de seguridad ligadas a la presidencia del G-7—, pero insiste en que esa decisión no implica en ningún caso suspender Schengen, como ha hecho Italia. Más discreta ha sido Alemania. El canciller Friedrich Merz evitó criticar directamente a Pedro Sánchez, aunque el ascenso de AfD mantiene la inmigración en el centro del debate político alemán.

El Gobierno español llega a la reunión con la sensación de haber sufrido un gesto de deslealtad por parte de varios socios europeos, especialmente de Italia.

Más aun cuando las cifras avalan su gestión en comparación con otros países como la propia Italia. Las llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42 por ciento en 2025. Hasta el 16 de julio, últimos datos publicados, reflejan un descenso cercano al 25 por ciento en el conjunto de España.

La tensión diplomática entre España e Italia estalló tras la decisión del Gobierno italiano de reintroducir temporalmente los controles en las conexiones aéreas y marítimas con España. En la práctica, la medida se está aplicando de forma muy limitada, con controles selectivos dirigidos principalmente a ciudadanos de terceros países. Precisamente por su fuerte valor político, Palazzo Chigi quiere preservar el significado de la decisión, aunque no se descartan ajustes en su aplicación después de la reunión europea.

En Madrid, el malestar se concentra especialmente en el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani. Como dirigente del Partido Popular Europeo, ha criticado en repetidas ocasiones a Pedro Sánchez por cuestiones de política interna española, como la ley de amnistía o el uso del catalán en las instituciones europeas.