España anuncia un Plan de Integración y Ciudadanía para migrantes con 505 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un Plan de Integración y Ciudadanía que se pondrá en marcha este mismo año con una dotación de 505 millones de euros para desplegar una serie de medidas que contribuyan a la "convivencia" de la población migrante en España. Un plan, ha destacado, que lanza "para aprovechar las oportunidades que aborda la inmigración y responder a los desafíos que está generando". La estrategia, estructurada en cuatro grandes ejes y 16 medidas, contempla la creación de una Agencia Estatal de Movilidad para "simplificar" la gestión migratoria; medidas de empleo y formación para inmigrantes; programas para reforzar el aprendizaje de las lenguas cooficiales y el conocimiento de las leyes españolas; y acciones para eliminar "barreras" en el acceso a ciertos derechos.

"Este es nuestro modelo de integración: orden y regularidad, trabajo digno y un marco claro de convivencia basado en el acceso efectivo a derechos y obligaciones", ha defendido el líder socialista en un acto institucional al que también han acudido numerosos ministros de su Gobierno. El anuncio llega justo el día en que culmina el proceso de regularización extraordinaria que habría recibido más de un millón de solicitudes en los dos meses y medio que ha estado en vigor. Una medida que, según ha subrayado, es el "primer pilar" del nuevo plan, pues responde al desafío de atender a los inmigrantes que ya viven y trabajan en el país. "Buena parte de los desafíos asociados a las migraciones nacen precisamente de la exclusión administrativa, porque impiden trabajar legalmente, desarrollar su propio talento, contribuir al Estado de Bienestar y ejercer derechos y obligaciones", ha señalado.

Pero el Ejecutivo pretende actuar también desde los países de origen, para ofrecer alternativas "antes" de que los inmigrantes emprendan el viaje, mediante "vías legales, seguras y ordenadas", que respondan a las necesidades del tejido productivo y, en definitiva, de las empresas, de tal modo que las personas migrantes crucen ya la frontera con un contrato y un proyecto de vida. Con ese objetivo se creará la Agencia Estatal de Movilidad Humana que, tal y como ha explicado el líder del Ejecutivo, reunirá funciones y recursos que hoy en día están "dispersos" entre la Dirección General de Atención Humanitaria y Protección Internacional, la Oficina de Asilo y Refugio y las Oficinas de Extranjería. El fin es que este nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se encargue de coordinar "cualquier procedimiento".

El segundo eje sitúa el "trabajo digno" como principal herramienta de integración, con una inversión total de 185 millones. Se impulsarán, así, con 35 millones, programas para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda (como la construcción, los servicios o la hostelería); y la promoción del emprendimiento y el refuerzo de las oportunidades en zonas rurales. Con otros 50 millones se realizará una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral. También se reforzará la Inspección de Trabajo. "No hablamos, por tanto, de importar mano de obra. Lo que hacemos es incorporar personas con talento, con derechos y con un proyecto propio a esa realidad laboral", ha aseverado

Aprender los idiomas y las leyes españolas

El tercer eje se centra en la convivencia, y pretende reforzar el acceso a los derechos, pero también a las obligaciones de los inmigrantes. Se trata, según ha apuntado Sánchez, de "entender la integración como algo recíproco". Con una dotación de casi 30 millones, el Gobierno desplegará programas para reforzar el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de las normas y valores españoles.

"Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad, y formar parte de esa comunidad necesita de reglas compartidas que nos damos democráticamente", ha señalado Sánchez, enumerando algunas de esas "reglas", como los valores democráticos, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos y libertades de las personas LGTBIQ o la libertad de expresión. También se implementará un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y un mayor apoyo a las víctimas de discriminación.

Eliminar barreras

El cuarto y último pilar del plan pretende garantizar a los inmigrantes su acceso "real" a los derechos como ciudadanos. Este eje recibe una dotación de más de 260 millones que se destinarán a "eliminar barreras" culturales, sociales y administrativas que, según ha subrayado Sánchez, impiden a muchas personas acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos del país. En ese sentido, se reforzarán los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades, como por ejemplo, combatiendo la segregación escolar, haciendo hincapié en el refuerzo del aprendizaje de idiomas desde edades tempranas, actuando contra posibles discriminaciones en el acceso a la vivienda, y garantizando el acceso efectivo al sistema sanitario.