La Policía no puede registrar la sede de Inteligencia Prospectiva, clave en el caso Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudió este martes al Paseo de la Habana (Madrid) con el objetivo de registrar una de las empresas clave del caso Plus Ultra, pero según Europa Press encontraron la sede "en obras y sin personal", lo cual frustró el registro. De modo que la Policía ha realizado un requerimiento de información a esta compañía, Inteligencia Prospectiva, que según la Audiencia Nacional pagó 561.440 euros a la agencia de marketing de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav SL. También abonó otras cantidades significativas a otras compañías relacionadas con la trama.

Este martes, coincidiendo con la imputación del expresidente del Gobierno, el juez instructor José Luis Calama acordó el registro de varios inmuebles, entre ellos el despacho de Zapatero en la calle Ferraz y las sedes de Whathefav e Inteligencia Prospectiva. En un extenso auto, el magistrado señaló que "la sede de Inteligencia Prospectiva SL constituye un lugar directamente vinculado a los hechos investigados". Por tanto, argumentó que la UDEF podría encontrar allí "documentación contable, contratos, facturas, borradores, archivos digitales, dispositivos electrónicos" y más información.

Pero los agentes no hallaron más que un edificio residencial, un inmueble en obras y ningún empleado. En el número 187 del Paseo de la Habana, en Madrid, no había nada. Esto podría encajar con la tesis de que Inteligencia Prospectiva es "una sociedad carente de actividad real" cuya operativa resulta "plenamente coherente con un uso instrumental".

La mercantil inició sus actividades en enero de 2020 bajo la tutela de dos hermanos: Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Desde entonces, el volumen de ingresos ha sido "nulo" o inferior a "los 35.000 euros", mientras que los gastos "por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros" ha sido "extraordinariamente elevado". Entre 2020 y 2025, la mercantil movió en sus cuentas "más de 2,6 millones de euros", una cifra que al magistrado José Luis Calama le resulta "absolutamente incongruente con su actividad declarada".

La conclusión de la Oficina Nacional de Investigación del Frauda (ONIF), que Calama hace suya, es que "Inteligencia Prospectiva es una sociedad sin actividad económica efectiva, utilizada para introducir fondos en España simulados como ampliaciones de capital". El beneficiario "final" de esos fondos era Zapatero, de acuerdo con las pesquisas, y también sus hijas.

El auto redactado por José Luis Calama expone que la empresa de los Amaro Chacón pagó más de 561.000 euros a la compañía de las hijas del expresidente. También facturó 386.258,72 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que, a su vez, pagó más de 450.000 euros a Zapatero. Finalmente, Inteligencia Prospectiva pagó 266.200 euros a Gate Center, otra de las piezas del entramado investigado en la causa.

De acuerdo con el escrito de Calama, los pagos a Análisis Relevante se justificaron a través de tres contratos de "asesoramiento", "idénticos entre sí y carentes de duración definida", que preveían "la entrega de informes mensuales y asesoramiento continuado sobre tendencias económicas y políticas". Esto choca con el hecho de que Inteligencia Prospectiva no tenía "actividad real", de acuerdo con el instructor.

Las comunicaciones intervenidas por la UDEF llevan al juez a pensar que Domingo Arnaldo Amaro Chacón actuó como "intermediario en operaciones internacionales" relacionadas con "petróleo, oro, compraventa de acciones y operaciones en divisas".

El conjunto de indicios recabados llevó al instructor de la Audiencia Nacional a aceptar la práctica del registro de Inteligencia Prospectiva. En su escrito, subrayó que este era "el único medio para acceder a documentación interna no disponible por otras vías y asegurar evidencias susceptibles de destrucción". Sin embargo, dicho registro no ha podido llevarse a cabo y ahora la Policía se ha visto en la necesidad de formular un requerimiento para recabar la mencionada información.