La presunta trama de corrupción del PSOE se unifica en torno a Antxon Alonso

La presunta corrupción en torno a la antigua mano derecha (2021-2025) de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, investigada por la Guardia Civil y la Justicia, va poco a poco dejando de conformar un archipiélago de causas sin vinculación ni sentido entre sí para ir uniéndose, mediante una suerte de puentes, en lo que parece ser una sola oceánica trama. Que gira, a veces más de lleno, a veces de forma más tangencial, en torno al colaborador principal del ex número 2 del Partido Socialista, Antxon Alonso.

Así, lo que en principio eran los casos Koldo, Leire Díez, Sepi y Forestalia, distintas presuntas corruptelas, que abrían telediarios por estar vinculadas al PSOE y con algunos actores que sospechosamente se repetían, cada vez van uniéndose más, con Antxon Alonso, a la postre socio secreto (mediante escritura privada) del ex número 2 del PSOE en Servinabar, como nexo más evidente.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) desvela así que una de las mercantiles centrales en el caso Forestalia, en el que se acusa al ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez de haber recibido cinco millones por favorecer a la empresa de Fernando Samper, fue a la vez uno de los canales no de pago de cohechos, sino de supuesto cobro, por parte de los conjurados en el caso Sepi, liderado por el ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales Vicente Fernández Guerrero, y por la fontanera socialista Leire Díez -que a su vez tiene también su propia trama homónima, en la que el juez Santiago Pedraz la acusa de pretender «desestabilizar» las causas judiciales contra el Partido Socialista-.

La sociedad se llama Next Generation Caliope Innova SL, y evidencia cómo los entramados corruptos tienden a relacionarse entre sí. A ella estaban vinculadas las firmas que se usaron para, presuntamente, sobornar a Domínguez con hasta cinco millones de euros. Y, según Anticorrupción, esa sociedad, junto a Servinabar y otra denominada Mediaciones Martínez, sirvió para la «gestión y circulación de fondos de aparente procedencia ilícita» en el caso Sepi, según informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.

La historia, además, viene a explicar cómo dos cuerpos policiales, ambos perteneciente a la Benemérita, terminan confluyendo tras comenzar a investigar una misma cuerda por distintos cabos.

La UCO arrancó por el lado más directamente de Santos Cerdán, tras explotar el caso Mascarillas y en parte alertada por una sencilla denuncia anónima, en Navarra, contra Servinabar, la empresa supuestamente usada para conseguir contratos y cohechos. Un ciudadano anónimo se dio cuenta de que la sociedad fundada en 2015 por Antxon ganaba concursos de millones de euros sin apenas empleados ni músculo real. Dentro de Servinabar se consignaban pagos a Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, que había estado a sueldo de la propia firma. Los agentes se convencieron muy pronto de que Servinabar era, presuntamente, un instrumento para conseguir contratos públicos y las consiguientes mordidas, así que todo lo que hubiera pasado por ese contenedor podría tener el marchamo de presuntamente ilegal.

La UCO descubrió el chat Hirurok, en el que Antxon, Leire y Vicente Fernández proyectaban negocios de apariencia ilícita, y en él cinco operativas para supuestamente comisionar ilegalmente, una de ellas vinculada a Forestalia: el cobro por el grupo de 200.000 euros a cambio de conseguirle a Samper un rescate público de 17 millones para una de sus firmas, Arapellets.

El otro cabo en torno a Next Generation Caliope Innova era mucho más lejano: concretamente, se hallaba en el Maestrazgo, una zona solitaria, agreste y bellísima de Teruel. Allí, la rama medioambiental de UCO, llamada UCOMA, comenzó a destejer hace años la posibilidad de que Fernando Samper, heredero del cárnico Grupo Jorge y devenido en magnate de los parques eólicos en Aragón, hubiera untado a funcionarios públicos para conseguir permisos medioambientales para instalar molinos de viento.

El negocio de Samper era claro, según han conseguido cuadrar los agentes: arrancar los parques, conseguir permisos y vender, con la consiguiente plusvalía. Para ello, presuntamente, consiguió controlar el Inaga, la institución aragonesa que otorgaba los permisos, pero cuando los proyectos superaban determinada producción eléctrica, 50 megahertzios, debían aprobarse en Madrid, en el Ministerio.