La relación rota, el acoso judicial y la agresión previa de la guardia civil asesinada en Llanes

La guardia civil Laura Cruz -despedida ayer en Llanes en un multitudinario y sentido funeral- y su agresor, Dámaso Fernández, también agente del Cuerpo, nunca estuvieron casados. Mantuvieron una relación que se rompió sobre 2012, cuando ella estaba embarazada de las gemelas y el hijo mayor -quien ayer llevó a hombros el féretro de su madre- tenía seis años. «Él se fue a Girona para prepararse para lo de los perros [era guía canino, formaba parte del Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Zamora] y ya nunca regresó a Llanes», relata una persona que conocía muy de cerca a Laura y los detalles de su calvario personal y judicial.

En 2014 decidieron separarse y formalizaron las medidas sobre los tres hijos que tenían en común. Él se instaló en Zamora y ella abandonó la vivienda que habían comprado juntos en Llanes para trasladarse a la casa cuartel de la localidad. «Entonces empezó a ejercer maltrato psicológico sobre ella de forma constante», relata esta fuente. «Когда iba a ver a los niños a Llanes, no la avisaba con el tiempo suficiente. Se acordó que él podía usar la vivienda en común sólo cuando fuera a las visitas de los niños pero la usaba muchas veces sin que hubiera visitas o instalaba en ella a su madre».

En los cinco años siguientes a la separación, entre 2014 y 2019, él la denunció en «45 ocasiones aproximadamente». «Le ponía una denuncia el viernes cuando llegaba para ver a los niños y otra el día que se iba. Como ella era encargada de las denuncias de violencia de género y acudía frecuentemente al juzgado, algunas se las entregaban los funcionarios en mano: 'Toma, Laura, tienes otras dos'. Eran cosas como 'llegué al piso y no había sábanas', 'no me dio las sillitas de las niñas', 'me entregó los niños tarde'. De otras ni se enteraba porque todas se archivaban».

Dámaso no presentaba demandas ejecutivas civiles, como correspondía si consideraba que se estaba incumpliendo el convenio regulador, sino denuncias por la vía penal. «Porque su objetivo no era que se cumpliera nada sino maltratarla psicológicamente; sabía perfectamente que se iban a archivar. Muchas las presentaba en el propio cuartel donde ella trabajaba».

A juicio del Comandante del cuartel, el objetivo de estas denuncias era «joderla», según declararía posteriormente el mando cuando se abrió procedimiento contra Dámaso por un delito de violencia de género.

«Ella temía que lo echaran de la Guardia Civil; para él era todo»

Ella sí le interpuso una demanda ejecutiva contra él porque no pagaba las extraescolares de los niños. La ganó. Sólo unos días después, 28 de julio de 2019, sucedió lo siguiente: «Él tenía que entregar a los niños en la puerta del cuartel, fuera. Ella pidió por activa y por pasiva que no se le dejara entrar porque le tenía miedo. Laura sabía perfectamente que la iba a matar. Ese día, aprovechando que salía un vehículo del cuartel, hizo un trompo y entró con su coche; casi atropella a Laura. Se bajó y se dirigió al maletero del coche y lo abrió. Mientras, Laura fue a quitar las llaves del contacto. Cuando él vio que cogía las llaves, se olvidó del maletero y fue a por ella. Luego se comprobó que tenía una pistola en el maletero, pero dijo que estaba buscando unos juguetes de los niños. Fue a por ella y la agredió. Había 12 testigos. Testigos ajenos a la Guardia Civil y a Laura que estaban de visita declararon que la agresión fue brutal. Gracias a Dios, sólo sufrió la rotura de un diente y golpes y moratones. Al agente que se lo quitó a Laura de encima le dio un golpe en la nariz».

Los tres menores presenciaron la agresión. Dámaso no volvió a verlos, porque a partir de entonces se le suspendió el régimen de visitas.

El juicio por los hechos se tuvo que repetir tres veces porque hubo dos nulidades. Finalmente, el caso se cerró el pasado 15 de julio de 2025 con una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que ratificaba la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Gijón en marzo de 2024, que lo había condenado por un delito de malos tratos y otro de coacciones en el ámbito familiar. Las penas por ambos sumaban un año y ocho meses de prisión, cuatro años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, una orden de alejamiento de Laura y sus tres hijos de 1.000 metros y tres años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre los menores.

En diciembre le denegaron ampliar la orden de alejamiento

Poco antes -julio, 2025-, Laura había aparentemente logrado por fin un acuerdo con Dámaso respecto al piso en común. Ella se iba a quedar la vivienda, sobre la que pesaba una deuda alta debido a que no se había estado pagando la hipoteca, pero él no se ratificó en la cesión. La Audiencia Provincial aún no lo había condenado cuando Dámaso le escribió a la del banco en estos términos: «Aceptaré las condiciones de la escritura si ella retira la denuncia penal que tiene interpuesta contra mí».

Ello provocó que el 5 de agosto de 2025 -justo un año antes de su asesinato-, Laura lo denunciara de nuevo. Argumentaba que seguía sometida económicamente a la hipoteca por su negativa a firmar y unas posibles coacciones y quebrantamiento de la prohibición de comunicación por el mensaje que había enviado al banco.