Sindicatos policiales indignados por insinuaciones de fuga de Begoña Gómez

La afirmación del juez Juan Carlos Peinado de que los policías encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían colaborar, "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores", en una hipotética fuga de la esposa del presidente del Gobierno ha provocado una oleada de indignación entre los sindicatos policiales. Las organizaciones han exigido al magistrado que rectifique porque consideran que ha cuestionado, sin indicios, la profesionalidad de los agentes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó una queja formal al Consejo General del Poder Judicial y le reclamó que adoptara las medidas que considerase oportunas. La Comisión Permanente del órgano acordó este lunes remitir el auto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que determine si esas expresiones pueden constituir una falta grave de desconsideración.

La hipótesis planteada por Peinado tiene, sin embargo, precedentes históricos. En España y en otros países, varios dirigentes políticos han logrado escapar, retrasar su detención o frustrar un arresto con la ayuda de escoltas, policías y servicios de seguridad. Los casos no son idénticos, pero muestran que quienes tienen encomendada la protección de un mandatario también pueden convertirse en el último obstáculo para detenerlo.

Carles Puigdemont (España)

Carles Puigdemont presidió la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017. Abandonó España tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia, cuando la justicia comenzó a actuar contra los principales responsables del procés.

Fue investigado inicialmente por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La acusación por malversación se refiere al supuesto uso de dinero de la Generalitat para organizar y promocionar la consulta, pese a las resoluciones judiciales que obligaban a impedirla. La orden nacional de detención se mantiene principalmente por este delito, mientras los tribunales deciden si queda amparado por la Ley de Amnistía.

En marzo de 2018, dos agentes de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio lo recogieron en Estocolmo y emprendieron con él un viaje por carretera a través de varios países para llevarlo de vuelta a Bélgica sin que fuera identificado. El trayecto terminó en una autopista alemana, donde Puigdemont fue detenido. Posteriormente quedó en libertad y regresó a Bélgica. Los agentes fueron absueltos de encubrimiento, aunque la sentencia consideró probado que lo ayudaron pese a saber que pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega. Puigdemont continúa fuera de España y aún no ha sido juzgado.

Pese a que la orden de detención seguía vigente, al menos por el delito de malversación, Puigdemont reapareció en Barcelona en agosto de 2024. En su huida se utilizó un coche vinculado a un agente de los Mossos d'Esquadra y tres policías quedaron investigados. No obstante, una jueza archivó provisionalmente la causa al considerar que no estaba probada su colaboración activa. La Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia de Barcelona abordará el caso en los próximos días.

Yoon Suk Yeol (Corea del Sur)

El caso de Yoon Suk Yeol fue un paso más allá. Fue presidente de Corea del Sur desde 2022 hasta su destitución en 2025. La noche del 3 de diciembre de 2024 decretó la ley marcial y movilizó al Ejército, aunque el Parlamento logró reunirse y revocó la medida apenas unas horas después.

La Fiscalía lo acusó de dirigir una insurrección mediante el despliegue de tropas para paralizar la Asamblea Nacional, detener a adversarios políticos y tomar el control de la Comisión Electoral. También fue procesado por utilizar el Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran la orden judicial dictada contra él.

El primer intento de detención terminó en un pulso frente a la residencia presidencial. Decenas de escoltas y militares formaron una barrera humana y obligaron a los investigadores a retirarse. El segundo operativo, desplegado el 15 de enero de 2025, rompió el dispositivo y permitió arrestar al expresidente. En febrero de 2026 fue condenado a cadena perpetua por insurrección y, en otro procedimiento, a siete años de prisión por obstruir su detención y por otros delitos. Continúa encarcelado mientras recurre ambas sentencias.

Milorad Dodik (Bosnia y Herzegovina)

Milorad Dodik era presidente de la República Srpska, la entidad autónoma de mayoría serbia integrada en Bosnia y Herzegovina. Durante años cimentó su poder sobre un discurso separatista y un desafío permanente a las instituciones centrales del país.

Fue condenado a un año de prisión y seis de inhabilitación por desobedecer las decisiones del alto representante internacional, encargado de supervisar los Acuerdos de Dayton. Además, promovió varias leyes destinadas a impedir que la policía, la Fiscalía y los tribunales estatales actuaran en territorio serbobosnio.

En abril de 2025, la policía estatal trató de detenerlo, pero agentes armados de la República Srpska bloquearon la operación y amenazaron con emplear la fuerza. Una investigación periodística reveló que Hungría había desplegado a sus fuerzas especiales para rescatar a Dodik en caso de que fuera detenido. El presidente llegó incluso a viajar al extranjero pese a que había una orden de detención en vigor contra él.

Finalmente compareció voluntariamente ante la Fiscalía y la orden fue retirada. Perdió la presidencia, pero logró sustituir la pena de prisión por una multa, aunque mantuvo la inhabilitación de seis años.

Nikola Gruevski (Macedonia del Norte)

Nikola Gruevski fue primer ministro de Macedonia entre 2006 y 2016. En 2018 debía ingresar en prisión para cumplir una condena de dos años por abuso de poder, pero desapareció del país antes de que la pena pudiera ejecutarse.

La justicia consideró probado que había presionado a responsables del Ministerio del Interior para adquirir un Mercedes blindado de unos 600.000 euros, que después utilizó en desplazamientos privados. Fue condenado por intervenir ilegalmente en la compra y beneficiarse del uso privado de recursos públicos.

En su caso, los escoltas oficiales colaboraron sin saberlo en la fuga. Gruevski les hizo creer que iba a ingresar en prisión, les pidió ropa adecuada para ello y les indicó que volvieran a recogerlo en su domicilio a la mañana siguiente. Mientras lo esperaban convencidos de que seguía en casa, cruzó la frontera con Albania. Desde allí, vehículos diplomáticos húngaros lo trasladaron a Hungría, donde recibió asilo político. Permanece fuera del alcance de la justicia macedonia, que elevó su condena a nueve años.

Mijaíl Kasiánov (Rusia)

Mijaíl Kasiánov, primer ministro de Rusia entre 2000 y 2004, durante el primer mandato de Vladímir Putin, pasó a la oposición después de abandonar el Gobierno. Se convirtió entonces en una de las principales figuras de las autodenominadas Marchas de los Disidentes.

El 14 de abril de 2007 participó en Moscú en una marcha que las autoridades habían declarado ilegal. La Fiscalía le había advertido dos días antes de que no acudiera a la convocatoria. La policía desplegó miles de agentes antidisturbios, bloqueó el recorrido y detuvo a más de un centenar de personas, entre ellas Garri Kaspárov, periodistas y numerosos manifestantes.

Kaspárov y otros detenidos fueron acusados de vulnerar las normas sobre celebración de manifestaciones y condenados a pagar multas de 1.000 rublos. Kasiánov estuvo a punto de correr la misma suerte. Según recogió posteriormente el Parlamento Europeo, sólo evitó ser arrestado porque sus guardaespaldas lograron sacarlo del lugar cuando los agentes intentaron detenerlo. Nunca fue procesado por aquellos hechos y más tarde abandonó Rusia.

Víktor Yanukóvich (Ucrania)

Víktor Yanukóvich fue presidente de Ucrania entre 2010 y febrero de 2014. Durante la insurrección del Maidán, huyó de Kiev en helicóptero gracias a una operación coordinada entre sus escoltas y las fuerzas especiales de la Federación Rusa.

En 2019 fue condenado en ausencia a 13 años de prisión por alta traición y complicidad en la guerra de agresión rusa. Entre las pruebas figuraba la carta que envió a Vladímir Putin para solicitar la entrada de tropas rusas en Ucrania. En 2025 recibió una segunda condena de 15 años por organizar su cruce ilegal de la frontera, facilitar la salida de una veintena de acompañantes e inducir a varios miembros de su escolta a desertar.

Putin reconoció que Rusia intervino para sacarlo de Ucrania y trasladarlo a territorio ruso. Las autoridades ucranianas nunca han logrado detenerlo y todas las condenas se han dictado en ausencia. Permanece en Rusia.

Oscar Sudi (Kenia)

Oscar Sudi era diputado por la circunscripción keniana de Kapseret y uno de los aliados más estrechos del entonces vicepresidente William Ruto. En septiembre de 2020, la policía rodeó su residencia con la intención de detenerlo, pero, cuando los agentes entraron, el parlamentario ya no estaba allí.

La Fiscalía lo acusaba de dos delitos de incitación al odio y otro de conducta ofensiva por unas declaraciones contra el presidente Uhuru Kenyatta. Los investigadores consideraban que sus palabras no sólo eran insultantes, sino que también podían alimentar enfrentamientos entre comunidades étnicas.

Sudi logró abandonar la vivienda durante el operativo. Las sospechas se centraron en un mando de la Unidad de Escolta Presidencial que se encontraba en la zona y en otros agentes destinados en la residencia. El diputado permaneció oculto durante unas 48 horas antes de entregarse voluntariamente. En febrero de 2022 fue absuelto por falta de pruebas.

Ronald Bato dela Rosa (Filipinas)

Ronald Bato dela Rosa es senador de Filipinas y fue jefe de la Policía Nacional durante la presidencia de Rodrigo Duterte. Desde ese cargo se convirtió en uno de los principales responsables de la llamada guerra contra las drogas, una campaña policial que dejó miles de muertos en presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la policía.

La Corte Penal Internacional lo reclama por presuntos crímenes contra la humanidad. La acusación sostiene que, como máximo responsable policial, ordenó o alentó ejecuciones, promovió que las muertes se presentaran como actos de defensa propia, prometió impunidad a los agentes y premió a quienes participaban en las operaciones.