Vox ha presentado querellas contra María Ester Pérez Jerez y Sofía Puente Santiago, altas funcionarias del Ministerio de Justicia, acusándolas de usurpación de funciones legislativas y prevaricación administrativa. Las acciones legales se centran en las instrucciones dictadas para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
Más de la mitad de los españoles desaprueba que los nacionalizados por la 'ley de nietos' tengan derecho a voto en elecciones generales y autonómicas, según un barómetro DYM. La oposición critica la ley como "ingeniería electoral", mientras el Gobierno la defiende como "reparación".
El Partido Popular ha solicitado a la Secretaría de Estado de Justicia la "revisión de nulidad de oficio" de la instrucción que amplía la Ley de Memoria Democrática, permitiendo la nacionalización española a bisnietos y tataranietos de exiliados, argumentando que va en contra del espíritu de la ley y las preocupaciones de la JEC.
El ministro Ángel Víctor Torres estima que medio millón de extranjeros nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán votar en las elecciones generales y autonómicas de 2027. Torres critica al PP por su "hipocresía" y defiende la instrucción que amplía el alcance de la ley.
La Ley de Nietos, que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados, ha superado 32 trámites parlamentarios. El PP critica la "opacidad y prisas" del proceso, aunque la ley lleva años aprobada y con enmiendas populares. Una instrucción de 2022 amplió los beneficiarios, generando controversia.
Vox denuncia un "fraude electoral" por la concesión masiva de nacionalidad española a descendientes de exiliados bajo la "ley de nietos", argumentando que los beneficiarios "no conocen" España y no deberían votar. El partido ha recurrido la ley y pide excluir a estos ciudadanos del censo electoral.
La Ley de Memoria Democrática, conocida como 'Ley de Nietos', ha provocado un aumento sin precedentes del censo electoral exterior (CERA), que pasará de 2,2 a casi 5 millones de electores. Este crecimiento masivo, impulsado por la concesión de nacionalidad a descendientes de españoles, ha desbordado las proyecciones y generado debate político sobre su impacto en las elecciones, especialmente en circunscripciones pequeñas, y sobre la transparencia del proceso.
España ha gastado 1,6 millones de euros en tres contratos con el Grupo Empresarial Palco, una entidad cubana vinculada al régimen de Raúl Castro, para agilizar la tramitación de solicitudes de nacionalidad española bajo la 'ley de nietos'. La norma, que permite obtener la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados, ha recibido 2,3 millones de solicitudes desde 2025, 350.000 de ellas en Cuba. La vinculación de Palco con el régimen ha generado desconfianza y críticas de la oposición española, que acusa al gobierno de "ingeniería electoral".
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, apoya el derecho a la nacionalidad española para los "nietos" con parentesco claro, pero critica la gestión del Gobierno por la "ley de nietos". Denuncia la falta de transparencia, las pocas garantías, la contratación de empresas vinculadas al Estado cubano y el impacto económico en los servicios públicos y el censo electoral.
El debate sobre el voto exterior, la Ley de Nietos y la regularización de inmigrantes se intensifica de cara a las elecciones. Mientras el PP y Vox critican la "Ley de Nietos" y alertan de "fraude electoral", expertos señalan que el voto exterior no suele alterar resultados generales y que la inmigración tiene sesgos diversos.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica la Ley de Nietos por considerarla "ingeniería electoral" y una amenaza al Estado de Bienestar español. Argumenta que la concesión de nacionalidad a 2,6 millones de personas sin vínculo real con España podría colapsar los servicios públicos y el censo electoral. Feijóo también confirmó el pacto entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno en Andalucía.
El Gobierno defiende la 'ley de nietos' frente a las críticas del PP, recordando que el partido popular apoyó medidas similares en su programa electoral. El PP acusa al gobierno de "ingeniería electoral" al ampliar el número de beneficiarios más allá de los exiliados.
El PP critica una instrucción del Ministerio de Justicia que amplía la Ley de Nietos a todos los descendientes de españoles, no solo exiliados. Denuncian "barra libre" y "opacidad" en un proceso que podría afectar a 2,6 millones de personas.
El PP critica la "opacidad" del Gobierno en la aplicación de la 'ley de nietos' y exige "transparencia y garantías jurídicas" sobre el proceso de nacionalización que afecta a 2,6 millones de personas. El partido llevará a cabo una ofensiva parlamentaria con más de veinte preguntas y solicitará la comparecencia del ministro de Exteriores.
Isabel Díaz Ayuso critica la "ingeniería electoral" del Gobierno central por la ley de Nietos y la regularización de inmigrantes, temiendo que aumente el censo para favorecer al PSOE. Pide transparencia y observadores electorales.
La 'ley de nietos' del Gobierno español ha recibido 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad, con casi un millón de argentinos. La oposición (PP y Vox) denuncia que busca alterar el censo electoral, mientras el PSOE defiende que es una medida de "reparación y justicia".
El ministro Ángel Víctor Torres defendió la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos) y la regularización de inmigrantes, rechazando las acusaciones del PP de "ingeniería electoral". Torres señaló la hipocresía del PP al criticar medidas similares a las que implementó en el pasado y destacó la inclusión de colectivos perseguidos y el apoyo de diversas instituciones.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, critica al PP por oponerse a la 'Ley de Nietos', que otorga nacionalidad a descendientes de represaliados del franquismo, alegando que Alberto Núñez Feijóo la apoyaba antes. Atribuye el cambio a las exigencias de Vox.
La "ley de nietos" permite a descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad. Políticos de la oposición critican la norma, acusando al gobierno de "fraude electoral" y "ingeniería electoral", mientras que el gobierno defiende el derecho de estos descendientes a la nacionalidad.
El PSOE reconoce que la 'ley de nietos' impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez alterará el censo electoral, con hasta 2,5 millones de potenciales nuevos votantes, principalmente de Argentina. PP y Vox denuncian un intento de "ingeniería electoral" para conseguir votos, mientras el Gobierno defiende la ley como "reparación y justicia".
El partido Iustitia Europa denuncia la Ley de Nietos ante la Junta Electoral Central por "manipulación" del censo. El PP y Vox acusan al Gobierno de "ingeniería electoral" al ampliar el número de ciudadanos con derecho a voto. La ley permite recuperar la nacionalidad a descendientes de exiliados.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica la "Ley de Nietos" y la regularización de 1,3 millones de inmigrantes, calificándolo de "ingeniería electoral" para "fabricar" 2,5 millones de votantes. Acusa al Gobierno de actuar unilateralmente y contra el derecho europeo.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusa al Gobierno de "ingeniería electoral" con la 'ley de nietos' y la regularización masiva de inmigrantes, argumentando que busca "fabricar votantes" y va contra el derecho europeo. Señala que estas medidas podrían incrementar el censo electoral en millones.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, acusa a Pedro Sánchez de "ingeniería electoral" con la ley de nietos, alegando que busca nuevos votantes al otorgar nacionalidad a casi 2,5 millones de personas, mayormente en el extranjero, para alterar el censo y evitar perder las elecciones.
