La regularización extraordinaria de más de un millón de inmigrantes en España genera división. Una encuesta del Instituto DYM para 20minutos revela que el 55,7% de los españoles considera "excesiva" la cantidad de beneficiarios, con un claro rechazo en la derecha y mayor apoyo en la izquierda.
PP y Vox boicotean la Conferencia Sectorial de Migración, impidiendo el debate sobre la regularización de más de 1.5M de migrantes. Acusan al Gobierno de deslealtad y opacidad, temiendo un 'efecto llamada' y la saturación de servicios públicos, mientras la Policía Nacional alerta sobre la gestión.
La regularización masiva de 1.2 millones de migrantes en España genera interrogantes sobre su impacto en el mercado de la vivienda. Expertos de Provivienda y CEAR sugieren que podría mejorar el acceso para los regularizados, pero también agravar la tensión en precios o impulsar la repoblación rural.
El aluvión de 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes supera las previsiones del Gobierno. Mientras la Seguridad Social registra 160.000 nuevos cotizantes, expertos estiman que unos 20.000 regularizados se han apuntado al paro, un dato que el Ministerio de Trabajo mantiene oculto.
El PP exige explicaciones al Gobierno sobre el impacto de la regularización masiva de inmigrantes en servicios públicos y seguridad. Reclaman la comparecencia de ministros y presentan una PNL para garantizar el Pacto Europeo sobre Migración.
El Gobierno español abrió una regularización extraordinaria que registró 1.174.978 solicitudes, más del doble de lo previsto. El artículo cuestiona las explicaciones del Gobierno, sugiriendo un error de cálculo, falta de cálculo o manipulación de cifras, y critica la improvisación y la falta de planificación en la política migratoria.
Cataluña ha recibido más de 257.000 solicitudes, liderando el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España, que ha superado 1.17 millones de peticiones. El proceso ha impulsado la afiliación a la Seguridad Social, con Colombia, Marruecos y Venezuela como principales nacionalidades de origen.
La regularización de extranjeros finalizada el 30 de junio ha sumado 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social en España. La mayoría se inscribió en el Régimen General, destacando hostelería, comercio y construcción.
España alcanzó un récord de 22,47 millones de afiliados a la Seguridad Social en junio, impulsado por la regularización de migrantes y el crecimiento en hostelería y comercio. El empleo extranjero sumó dos de cada tres nuevos puestos, aunque se debate la proporción entre afloramiento de economía sumergida y creación real de empleo.
La Policía Nacional ha activado un "plan de choque" para gestionar la demanda récord de documentos de regularización de inmigrantes en España, con 1.174.978 peticiones. El plan incluye la apertura de más unidades y turnos extra para expedir las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE), mientras sindicatos advierten sobre la carga de trabajo y posibles retrasos.
Casi 1,2 millones de inmigrantes han solicitado la regularización extraordinaria en España, duplicando las previsiones del Gobierno. El 52% de las peticiones ya han sido admitidas provisionalmente, con Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía a la cabeza.
España alcanzó un récord histórico de 22.466.339 afiliados a la Seguridad Social en junio, impulsada por la regularización de migrantes. El desempleo también descendió a mínimos desde 2008, con los trabajadores extranjeros sumando dos de cada tres nuevos empleos.
España registró 128.533 nuevos afiliados a la Seguridad Social en junio, impulsada por la regularización de migrantes. Los trabajadores extranjeros sumaron 86.630 nuevos afiliados, dos de cada tres empleos creados.
España alcanza un récord de 22,4 millones de empleos en junio, con seis de cada diez nuevos cotizantes siendo extranjeros. El proceso de regularización de inmigrantes aflora empleo irregular y contribuye al aumento de la afiliación, mientras el paro desciende por debajo de 2,3 millones.
España ha recibido más de 1,3 millones de solicitudes para la regularización extraordinaria de extranjeros, cifra que el Gobierno considera un éxito. La migración es vista como un motor económico crucial, con cálculos que la vinculan a un avance significativo del PIB y del crecimiento per cápita. Sindicatos y patronal coinciden en la necesidad de inmigrantes para cubrir vacantes laborales y evitar el declive económico.
El proceso de regularización migratoria en España cierra con 1,2-1,3 millones de solicitudes, el doble de lo previsto. La Policía Nacional critica la falta de transparencia, improvisación y el riesgo de "efecto llamada" y saturación de servicios públicos, alertando sobre fraudes y antecedentes penales no verificados.
Isabel Díaz Ayuso critica la "ingeniería electoral" del Gobierno central por la ley de Nietos y la regularización de inmigrantes, temiendo que aumente el censo para favorecer al PSOE. Pide transparencia y observadores electorales.
La ministra Elma Saiz anuncia que el 50% de más de un millón de solicitudes de regularización de inmigrantes en España ya ha sido concedido, a pesar de las dudas sobre su posible colisión con la normativa de la UE. Paralelamente, el Gobierno defiende la "ley de nietos" frente a las acusaciones de "ingeniería electoral" de PP y Vox.
La ministra Elma Saiz anunció que el 50% de más de un millón de solicitudes de regularización en España han sido concedidas, superando las estimaciones iniciales. El Gobierno defiende la medida ante posibles recursos del Tribunal Supremo y critica al PP y Vox por sembrar dudas sobre la ley de nietos.
El ministro Ángel Víctor Torres defendió la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos) y la regularización de inmigrantes, rechazando las acusaciones del PP de "ingeniería electoral". Torres señaló la hipocresía del PP al criticar medidas similares a las que implementó en el pasado y destacó la inclusión de colectivos perseguidos y el apoyo de diversas instituciones.
Los discursos de odio contra personas del norte de África, musulmanes, afrodescendientes y latinoamericanos han aumentado un 54% en España, coincidiendo con el proceso de regularización de más de un millón de migrantes. El Gobierno lanza un plan de 500 millones para combatir estas narrativas.
El Tribunal Supremo español ha dado el primer paso para consultar al Tribunal de Justicia de la UE si la regularización extraordinaria de extranjeros aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez se ajusta a la normativa europea, especialmente al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.
El Congreso de los Diputados ha aprobado en ponencia una proposición de ley para facilitar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental. El Gobierno también anuncia un plan de integración para inmigrantes dotado con 505 millones de euros.
El Gobierno español confía en que la justicia no frenará la regularización de un millón de migrantes, ya que los plazos judiciales son más lentos que los del proceso de concesión de permisos. El Tribunal Supremo ha planteado elevar la cuestión al TJUE, pero el Ejecutivo cree que para entonces los permisos ya habrán sido concedidos.
