España ha recibido 900.000 solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes a 15 días de que finalice el plazo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido 360.000, lo que la convierte en la mayor regularización hasta la fecha.
La jefa de misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek, advierte que miles de migrantes están en "limbo" en el país, sin opciones de regularización tras el cierre de CBP One. Propone programas temporales y vinculados a empleo para su incorporación.
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por fraude fiscal y contrabando de joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al exlíder del PSOE, quien ya enfrentaba cargos por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La Comisión Europea expresa su descontento con la política de regularización masiva de España, advirtiendo sobre posibles impactos negativos en otros Estados miembros. La medida contrasta con el endurecimiento migratorio de la UE y el nuevo Pacto de Migración y Asilo.
Spain's Social Security registered a record 289,000 foreign workers in the past year, with a 9.4% annual increase in May. This surge coincides with a government regularization program, though officials and experts caution it's too early to definitively link the two phenomena.
Familias mixtas en España enfrentan graves retrasos en la regularización de sus familiares extranjeros debido al colapso de las oficinas de Extranjería. Los expedientes de arraigo superan los plazos legales, afectando derechos fundamentales y generando indignación.
Dos jóvenes de Guinea Conakry, Bouba y Lamine, se encuentran en situación de calle tras ser expulsados de un centro de menores en España. A pesar de sus pasaportes, que indican que son menores de 18 años, la fiscalía dictaminó que eran mayores de edad, dejándolos sin protección legal.
El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de suspensión cautelar del real decreto de regularización masiva de inmigrantes presentada por la Comunidad de Madrid y Vox. La decisión, que afecta a 549.596 solicitudes, se basa en que no se cumplen los requisitos para la suspensión y podría afectar derechos fundamentales.
El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Vox y la Comunidad de Madrid para paralizar la regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes. El tribunal admitió a trámite el recurso de Vox y la Comunidad de Madrid, pero denegó la suspensión cautelar, considerando que no hay daño irreparable.
Inmigrantes sin hogar en Barcelona enfrentan una "epopeya" para regularizar su situación en España. La falta de domicilio fijo, documentos de Argelia y antecedentes penales complican los trámites, mientras que otros como Moussa usan ChatGPT y buscan alternativas para presentar sus expedientes.
El líder de Vox cierra la campaña en Sevilla atacando la regularización de inmigrantes y acompañado de su cúpula ultra
Los extranjeros cuya solicitud de regularización ha sido admitida a trámite siguen esperando para formalizar sus contratos de trabajo
Aún sin efectos de la regularización extraordinaria, la afiliación de foráneos crece más que nunca en un solo mes en una serie que empieza en 2012. Marroquíes y colombianos son los que más nuevo empleo aportan
Los servicios jurídicos del Estado rechazan que el proceso perjudique a los servicios públicos
Más de la mitad cree que afectará negativamente al acceso a la vivienda y el sistema sanitario. La prioridad nacional es el criterio más popular para la concesión de ayudas públicas
España pone en marcha la mayor regularización migratoria de su historia con más de 130.000 solicitudes en los primeros 10 días. La ley permite a migrantes irregulares obtener permisos de residencia y trabajo, cambiando vidas de clandestinidad por libertad y derechos. Sin embargo, la derecha y ultraderecha critican la medida con acuerdos de «prioridad nacional» en Extremadura y Aragón, mientras organizaciones sociales defienden que la regularización beneficia económicamente al país.
El líder de la formación de extrema derecha y el candidato andaluz convierten la “prioridad nacional” en el eje de la campaña electoral
La misiva pone el foco en el voto por correo y en los procesos de regularización de inmigrantes para conspirar con “una alteración del censo”. La oposición acusa a la presidenta de seguir el “manual trumpista”
Los migrantes empiezan a recibir las primeras solicitudes admitidas a trámite de la regularización extraordinaria
El presidente defiende la intervención del mercado para frenar “los precios desbocados” y pone como ejemplo las políticas urbanísticas de Barcelona, Vitoria o Pontevedra frente a Madrid
El Gobierno espera que la medida afecte a 500.000 personas que residen en España
Miles de inmigrantes colapsan las oficinas de Servicios Sociales de Madrid para obtener el certificado de vulnerabilidad necesario en algunos casos de regularización. El sistema pasó de gestionar 1.500 citas diarias a 5.500. El Ministerio de Migraciones y el Ayuntamiento (PP) se culpan mutuamente del caos. El plazo termina el 30 de junio y ya se han recibido más de 80.000 solicitudes.
El Gobierno español no ha logrado el apoyo sindical para su oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE). Las tres principales centrales —CC OO, UGT y CSIF— han rechazado la propuesta, que será similar a las aproximadamente 27.000 plazas de 2025, por considerarla insuficiente y por la falta de transparencia en la negociación. Los sindicatos critican que el Ejecutivo no ha proporcionado cifras sobre la distribución de plazas por territorios, departamentos y cuerpos, lo que impide una valoración rigurosa. Además, warn que la AGE está desbordada por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
Isabel Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para impedir la regularización de más de 500.000 inmigrantes en España. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su Abogacía General, argumenta que la medida afecta gravemente a los servicios públicos sin mecanismos de financiación, vulnera la normativa europea y constituye un problema de «seguridad nacional». La medida de Pedro Sánchez afecta principalmente a latinoamericanos (dos de cada tres).
