Crisis migratoria en Ceuta: saturación de menores y controversia política sobre alertas del CNI

El papel lo aguanta todo. Cuando se reformó, hace año y medio, la Ley de Extranjería para redistribuir a menores inmigrantes sin amparo familiar entre las comunidades autónomas se estableció el término de la “capacidad ordinaria”. Un estándar de las plazas de acogida para extranjeros no acompañados con las que debía contar cada territorio, en función de su población. Calculadora en mano, la capacidad ordinaria de Ceuta se estableció en 29 camas. La ciudad autónoma, tras la entrada masiva de la semana pasada, atiende a 862 menores; cuatro veces más que hace tan solo dos semanas. Un 2.865% más de su capacidad. Y aún quedan decenas de ellos en la calle, escondidos, sin identificar.

Las unidades de Regulares y de La Legión del Ejército de Tierra seguían ayer realizando batidas por los barrios periféricos de la ciudad en busca de las personas que siguen deambulando por las calles. Cinco días después de la avalancha que bordeó el espigón de El Tarajal, mientras Marruecos se ponía de perfil, siguen bailando las cifras sobre cuántos inmigrantes continúan en Ceuta. Unos 2.500 dice la Delegación del Gobierno. Hasta 5.000 –el doble, ni más ni menos–, apunta el gobierno ceutí. El modus operandi se repite: los magrebíes que menos rasgos de niño tienen, a un camión militar de vuelta al paso fronterizo; los subsaharianos, como posibles solicitantes de protección internacional, a playa de Benítez que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) les pilla cerca; los menores, que sigan circulando hasta que la Policía los filie.

Las autoridades ceutíes no dan abasto. Están buscando recursos hasta debajo de las piedras para atender a los adolescentes que cruzaron a España sin familiares, mientras que los agentes locales peinan la ciudad para no dejar ninguno atrás. Una de las lecciones que dejó la crisis del 2021, por la que entraron en Ceuta unas 10.000 personas alentadas por Rabat, fue que las devoluciones sumarias de menores son ilegales, que cada caso exige un expediente individualizado en el que, por encima de prioridades fronterizas, prevalezca siempre el interés superior del menor. Esos informes, en los que se recaban consentimientos, se realizan radiografías para calcular su edad y se escucha al menor, requieren tiempo. A veces, más del que exige la emergencia.

Como no hay tiempo que perder, Ceuta está ampliando a marchas forzadas su capacidad de acogida con dos nuevos grandes espacios: uno de ellos, una nave industrial en el polígono de El Tarajal, que también sirvió para dar techo a los chavales que entraron hace cinco años. Cuando se habla de la vuelta a la normalidad de Ceuta, ese polígono queda al margen. Allí el cúmulo de inmigrantes, que denuncian desatención, es la tónica. El trasiego de días atrás ha dado paso al agotamiento, al desasosiego. En esta parte de la ciudad hay más magrebíes que subsaharianos. También hay menores, que aún no han sido registrados por la policía. Esperan, sin saber si tendrán noticias pronto sobre su futuro más inmediato, tirados en colchones, con apenas pertenencias. Cruzaron a España tras comprobar en sus redes sociales, casi en directo, que muchos de sus compatriotas lo estaban haciendo.

El casi millar de menores que acoge Ceuta debería ir redistribuyéndose por la Península, lo que avecina que el reto migratorio volverá a situarse en el centro del tablero político. Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria desde agosto del 2025. Fue el botón verde que activó, al igual que Canarias y Melilla, para aliviar la tensión de su sistema de acogida de menores. Durante casi un año se han trasladado a otras comunidades autónomas unos 650 adolescentes. Es el territorio, según fuentes ministeriales, que más rápido ha tramitado expedientes para que las derivaciones se puedan realizar. En términos porcentuales, la que más menores ha trasladado. Ahora, se teme que las autonomías en las que Vox ha sido determinante para que el Partido Popular gobierne puedan poner trabas para aceptar más traslados. De hecho, algunos pactos con la ultraderecha recogen la oposición a la llegada de más menores inmigrantes.

Fuentes de Juventud e Infancia, aseguran que el ministerio trabaja para “la activación de todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños y adolescentes”. Y uno de ellos, el clave, la distribución obligatoria y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas. Unos mecanismos que se aplicarán de manera individualizada atendiendo a la mejor fórmula para garantizar los derechos de cada menor. Además, avanzan las mismas fuentes que se habilitarán partidas de financiación y crédito extraordinario para ello, que todavía no han sido concretadas.

La crisis de Ceuta tomó ayer otra derivada, que se colaba en las conversaciones en las terrazas del centro, donde nadie duda de que se ha recuperado la total normalidad. Si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mintió el pasado jueves, en la propia ciudad autónoma, cuando aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no le alertó de la marea de inmigrantes procedentes de Marruecos que se dirigían a la frontera. Nuevas informaciones periodísticas apuntan a que los servicios de inteligencia emitieron “varios avisos” de una entrada masiva en España. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, tras ser preguntada en varias ocasiones en una entrevista televisiva, negó la existencia de cualquier informe del CNI, en línea con lo defendido por el titular de Interior, que advirtiera de la magnitud de la avalancha, que las autoridades han elevado hasta las 60.000.

Fuentes ministeriales explican que los servicios de información pusieron el foco en el posible efecto llamada que podría provocar la sentencia del Tribunal Supremo, que determinó que no se permiten las devoluciones en caliente de los inmigrantes interceptados en el mar. Se temía que las mafias pudiesen aprovechar la nueva doctrina para alentar a los migrantes, provocando una brecha de seguridad en la frontera. Sin embargo, desde Interior defienden que no hizo falta ningún aviso de inteligencia para percatarse de ello. Que desde el mismo día en que se conoció la sentencia del Supremo se comenzó a trabajar sobre este escenario de posible repunte migratorio. En Interior distinguen entre el auge de los migrantes nadadores, que crecía cada día, frente al salto cualitativo del pasado jueves, que fue calificado por el presidente del Gobierno como una “violación a la integridad territorial”. De esa muchedumbre que avanzaba, alentada por las redes sociales y ante la permisividad de Marruecos, mantiene Interior, no se recibió “ningún informe” del CNI.

Mientras que las palabras de la portavoz de Moncloa suponen una espaldarazo a la versión de Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, eludió responder de manera directa sobre el papel del CNI, que depende de su departamento. Robles destacó “el trabajo excepcional” que realizan sus trabajadores, rechazando entrar en polémicas.