EE.UU. impone nuevas sanciones a cinco entidades cubanas y a la esposa de Alejandro Castro

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dejado claro que la nueva reforma económica que ha introducido La Habana no le parece suficiente.

Este martes ha dado una nueva vuelta de tuerca a la presión que impone sobre el régimen: el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado nuevas sanciones contra cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado económico Gaesa, controlado por las fuerzas armadas de Cuba y al que Washington describe como “el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad cubano”, así como contra la esposa de uno de los hijos del hombre fuerte del régimen, Raúl Castro.

“La situación en Cuba está retrocediendo ya que el régimen corrupto, brutal y comunista antiestadounidense sigue dando prioridad al control total en vez del bienestar, la libertad y las oportunidades del pueblo cubano”, ha escrito el secretario de Estado en un mensaje en redes sociales.

“El conglomerado Gaesa, bajo control militar, sirve de manera persistente como el principal medio para que las élites del régimen se apropien de los pocos recursos de la isla y los dediquen a la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en vez de a escuelas, plantas eléctricas y las necesidades básicas del pueblo cubano”.

Rubio insta a los bancos internacionales y “otras compañías que prestan servicio” a las entidades sancionadas a “congelar ese tipo de actividades de manera inmediata” y ha advertido que “cualquiera que proporcione servicios a estos entes sancionados se arriesga a ser sancionado a su vez”.

En total, Washington ha impuesto castigos este martes a cinco entidades cubanas, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa), y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y antiguo jefe de los servicios de inteligencia cubanos.

Entre las tres entidades relacionadas con Gaesa, dos son instituciones financieras asociadas con “el movimiento de dinero en nombre del régimen”, según el Departamento de Estado: Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI). La otra es una empresa logística y portuaria, Almacenes Universales, “que ejecuta lo que el régimen le ordena en toda la isla”.

También están incluidas dos entidades “generadoras de ingresos para Cuba mediante la explotación de reservas de metales y minerales, incluida la estatal Geominera”. Se trata de la empresa siderúrgica José Martí, que es la mayor productora de acero bruto de Cuba y que fue modernizada recientemente con fondos rusos, y GeomInera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos, y que cuenta con inversión de la australiana Antilles Gold y otras firmas extranjeras.

“Todas estas entidades y personas aportan fondos, facilitan o se benefician de las actividades malignas del régimen, tanto en Cuba como en nuestro continente”, señala el comunicado del Departamento de Estado.

Las medidas de este martes se han anunciado apenas cuatro días después de que Cuba anunciara un paquete de 176 medidas económicas drásticas, el conjunto de reformas más extenso en décadas y que introduce formalmente dinámicas de mercado, autoriza la creación de bancos privados, permite devaluaciones sucesivas de la moneda nacional y abre las empresas estatales a accionistas particulares, entre otros pasos.

Esa reforma, que busca “hacer lo necesario para conservar lo esencial”, parece un intento de responder a las presiones de Estados Unidos contra el régimen, que se aceleraron tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.