El Congreso rechaza por primera vez un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado

La instancia parlamentaria encargada del Tribunal de Cuentas ha rechazado, por primera vez, un informe del organismo fiscalizador sobre la Cuenta General del Estado.

Se trata, según fuentes del PP, del primer freno en el Parlamento al informe que valida cada año la actuación presupuestaria del Gobierno. El documento rechazado es el que validó, con gran fractura interna, la Cuenta General del Estado de 2024 pese a que, entre otras irregularidades, se había detectado el desvío presupuestario de fondos europeos al pago de pensiones.

PP y Vox han hecho valer su mayoría y la ponencia de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas rechaza el informe de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024. No hay precedentes.

Según fuentes populares, "la letrada encargada de redactar el informe de la ponencia ponderó los pronunciamientos de los Grupos y señaló que por 20 (PP y VOX) contra 15 (PSOE y Sumar)". Por tanto, "el informe que redactará recogerá que la Ponencia ha rechazado dicha Cuenta General".

No es un pronunciamiento definitivo. Ahora irá a la Comisión el próximo día 23 y se votará en ese organismo, además de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos. La mayoría del PP y Vox apunta a que se formalizará ese rechazo.

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, ya anunció el pasado mes una ofensiva parlamentaria contra un informe que, en su opinión, no puede despachar sin más el incumplimiento de la Constitución de no presentar presupuestos desde 2023. Y también el incumplimiento constitucional del artículo 135.3, que regula que el Estado y las CC.AA. "habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer créditos", lo cual el Gobierno ha pasado por alto estos últimos años.

Una consecuencia de la falta de Presupuestos es que se hayan dado de baja partidas ligadas a los fondos europeos para hacer hueco a otras que permitan pagar pensiones y otros gastos, lo cual, según el Tribunal de Cuentas, genera dudas de legalidad. No obstante, se impuso en este organismo la mayoría a propuesta del PSOE encabezada por la presidenta, Enriqueta Chicano, partidaria de señalar este hecho, pero sin llegar a calificarlo de irregularidad como querían gran parte de los consejeros.

El PP ha presentado además un escrito, como publicó este diario, en el que reclama la devolución del informe al Tribunal de Cuentas para que lo acompañe en un plazo máximo de tres meses de un estudio sobre las consecuencias en las cuentas públicas sobre la falta de Presupuestos. Desde 2023, las llamadas "modificaciones presupuestarias" superan los 182.000 millones de euros.

En el principal partido de la oposición apuestan que, tras las votaciones en Comisión, el dictamen rse llevará a Pleno en Congreso y Senado, "siendo muy posible que por primera vez en la historia la Declaración de una Cuenta General del Estado sea rechazada por el Parlamento".