El costoso fracaso del centro de deportación de Italia en Albania y su encaje en la nueva política de la UE

El centro de deportación de Italia en Albania era la propuesta estrella de Giorgia Meloni contra la inmigración irregular, muy vistosa para su electorado, pero pese a sus promesas de que reanudaría este verano los traslados, enarbolando el Pacto de Migración y Asilo de la UE que entró en vigor en junio, no ha sido así. En realidad, la nueva normativa europea no engloba el experimento del campo de Gjadër, que sigue sin funcionar por sus problemas legales, y en octubre cumplirá dos años casi vacío.

La agresividad de Meloni ante la llegada de miles de migrantes a Ceuta esta semana se explica en clave interna porque, a un año de las elecciones, está compitiendo con sus rivales más a la derecha, pero también porque le sirve para presionar a la UE para que ese modelo acabe siendo viable, justificar su empeño y superar su fracaso. Este martes, en la reunión extraordinaria de ministros de Interior europeos convocada por lo ocurrido en España, insistirá junto a otros socios para que la UE acelere en la creación de centros de repatriación en terceros países, pero ya pagados desde Bruselas. Porque el centro albanés, aunque sigue casi vacío, es muy costoso.

Pero lo esencial es que el modelo Albania sigue rodeado de dudas legales y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aún debe resolver los dos últimos recursos planteados por magistrados italianos. No se prevé que lo haga hasta después del verano, por eso todo sigue parado. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha admitido que prefieren esperar las decisiones judiciales. Confía en que den la razón a Italia y que el centro albanés pueda funcionar por fin a pleno rendimiento “antes de fin de año”. Pero está por ver.

El centro albanés se ha convertido en una carísima pesadilla en la que está atrapada la primera ministra italiana y que es probable que acabe abandonando, porque esas nuevas normas de la UE ya permiten soluciones más drásticas y, lo más importante, más baratas. El campo de Gjadër, estando casi vacío, cuesta 138 millones al año, según el Gobierno italiano, aunque la oposición habla de que la factura ya asciende a casi 1.000 millones.

Con el nuevo y controvertido Pacto de Migración y Asilo, la UE permitirá enviar directamente a un solicitante de asilo a otro país considerado seguro y con leyes homologables, por ejemplo, algún estado de los Balcanes, que se encargará de todo y donde esa persona se quedará si obtiene el estatus de asilado. Una segunda legislación europea de repatriaciones, que aún no tiene fecha de entrada en vigor y es lo que quiere acelerar Meloni, también hará posible enviar a un tercer país a migrantes a la espera de expulsión, para que ese Estado se ocupe de las gestiones o incluso acepte a esas personas si el trámite no tiene éxito. Ya se ha filtrado una lista de 12 países con los que hay conversaciones: Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania, Egipto, Uganda, Uzbekistán, Armenia, Montenegro y Etiopía.

El problema es que el modelo Albania es algo distinto; es un centro considerado suelo italiano donde rigen las leyes europeas, y quedará desfasado. Ya ha sido superado por el viraje a la derecha de la nueva política migratoria de la UE. El único consuelo de Meloni es proclamarse pionera en este ámbito. “El nuevo modelo será todavía peor desde el punto de vista de respeto de los derechos humanos, y se presentarán nuevos problemas legales”, opina Andreina De Leo, jurista especializada en migración, investigadora en la Universidad de Maastricht y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos para la Inmigración (ASGI).

El tribunal europeo aún debe resolver tres dudas legales

La líder ultraderechista italiana, que se embarcó en esta costosa empresa a sabiendas de que podía chocar con las normas europeas, sigue pendiente de la justicia europea. El TJUE debe decidir sobre dos casos presentados por jueces italianos y responder a tres preguntas. En uno de los procedimientos, tiene que aclarar si se puede enviar a otro país a un inmigrante irregular a la espera de repatriación y, en segundo lugar, si es legal retener allí a quien pide asilo, pues en ese momento se convierte en un solicitante que, según la directiva UE 32/2013, tiene derecho a esperar la decisión en el territorio de ese país. Es decir, lo que está en duda es que el centro de Gjadër pueda considerarse territorio italiano a todos los efectos o, como dicen los juristas críticos con este sistema, es una ficción que no se sostiene. En la segunda causa, lo que se cuestiona en general es si todo el acuerdo de Italia y Albania es legítimo, pues el derecho de asilo es competencia exclusiva de la UE, no algo que pueda decidir por su cuenta un Estado miembro.

Los abogados generales de la UE han dado de momento un parecer favorable en ambos casos, que no es vinculante, a condición de que en el centro de Albania se respeten los derechos recogidos en la legislación europea. Se trata de un requisito que tampoco es fácil cumplir, pues plantea problemas prácticos, como garantizar las visitas y la comunicación de familiares y abogados en un centro que está en otro país.

“Serán dos sentencias muy importantes. El problema ya no es el protocolo rápido de frontera en sí, sino si se puede aplicar en Albania. Si las sentencias son negativas para Italia, el modelo Albania estará definitivamente muerto, pero si es así, me temo que su fracaso llevará a modelos aún más radicales”, señala De Leo. Y en todo caso, apunta, aunque para Meloni sea importante políticamente, “ningún país de la UE tiene interés en replicar este modelo, porque es caro y poco eficaz”.

Si, por el contrario, el TJUE le da la razón a Meloni, le servirá para salvar la cara in extremis y reivindicar el modelo a un año de las elecciones generales. Luego, pasado un tiempo prudencial, podrá optar por las nuevas soluciones más baratas que le permite la UE. Por ejemplo, otro acuerdo con Albania para que empiece a gestionar el centro directamente, en el nuevo marco legal europeo, además de pactos con otros países.

Objeciones judiciales

El acuerdo entre Italia y Albania, firmado en noviembre de 2023 y que comenzó a aplicarse en octubre de 2024, chocó desde el principio con objeciones de los jueces. Los primeros tres intentos de deportación quedaron frustrados (73 personas entre octubre de 2024 y enero de 2025), porque los tribunales italianos no convalidaron la retención en frontera. Cuestionaban el requisito básico del protocolo rápido de gestión de peticiones de asilo en frontera, aplicado en Albania: Italia consideraba seguros los países de procedencia de los migrantes deportados y presumía, a priori, que sus solicitudes serían rechazadas. Sin embargo, los jueces italianos adujeron que los países de origen de aquellos primeros deportados, Bangladés y Egipto, no eran seguros y, por tanto, no se les podía aplicar un protocolo rápido, sino que sus solicitudes debían examinarse con detalle en Italia.

El Gobierno italiano suspendió las deportaciones hasta que el TJUE se pronunciara. Para que el centro de Gjadër no estuviera vacío, en marzo de 2025 Meloni lo reconvirtió en Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR), similar a los que hay en Italia, aunque cuatro veces más caro, por el coste de llevar y traer personas en buques militares. Desde entonces han sido enviados allí desde los CPR de Italia más de 600 migrantes con orden de expulsión, aunque solo llegaron a ser repatriados menos de un centenar y los demás volvieron a Italia. La media de internos en Gjadër ha sido de 20 personas al mes. El plan inicial preveía 3.000.