El Gobierno de Sánchez, acorralado por la corrupción ocho años después de su llegada al poder

Era un día de junio de paraguas. Estreno bajo la lluvia. Debut de carteras mojadas. Los ministros del nuevo Gobierno conversan entre ellos, ojean documentos, ponen a prueba su paciencia posando ante los fotógrafos... Encima de la mesa un sobre con una carta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dejado una a cada uno de los miembros de su gabinete, entre los que están flamantes fichajes como Pedro Duque, Máximo Huerta, Dolores Delgado o Fernando Grande-Maslaka, entre otros. "Respondamos a la ejemplaridad que cabe esperar de este nuevo Gobierno", reza el escrito que firma de su puño y letra. Entre quienes leen la carta estaba José Luis Ábalos, entonces nuevo ministro de Fomento.

Estos días tiene lugar el octavo aniversario de la llegada al poder de Sánchez tras el triunfo de la moción de censura y, por tanto, de la celebración de su primer Consejo de Ministros, el 8 de junio de 2018. Ocho años después, la corrupción domina, otra vez, la escena política. "Estemos siempre a la altura de una ciudadanía que reclama otra forma de gobernar", decía la carta escrita por Sánchez días después de desalojar al PP del poder con un discurso contra la corrupción y blandiendo la regeneración. Ocho años después, las investigaciones judiciales cercan al Ejecutivo y al PSOE. El caso mascarillas, con Ábalos en el banquillo; el caso Zapatero; el caso de Leire -la llamada "fontanera del PSOE"-; la presunta trama de amaños de contratos de obra pública, que implica a Santos Cerdán; las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano de Sánchez...

"Lo importante aquí es diferenciar cómo actuamos unos y otros ante las sospechas de corrupción. En el PSOE somos implacables con los presuntos corruptos, en el PP echan a quien denuncia la corrupción", explican fuentes del Gobierno cuando se les pregunta por su situación actual y el hecho de que la lucha contra la corrupción fue la bandera de la llegada al poder de Sánchez. "Es un error que los ciudadanos exijan la perfección", expone un importante miembro socialista del Gobierno, argumento que siempre existe el riesgo de que haya "manzanas podridas". "Nadie está libre de que le pase un caso de corrupción, la diferencia es cómo se actúa".

Una visión con la que no están de acuerdo desde la parte de Sumar. "La corrupción cero sí existe", zanjan. "Es un fin que debemos perseguir". En el seno del PSOE, los últimos casos conocidos han acrecentado el desánimo y el desconcierto entre cuadros, cargos y miembros de la formación en toda España. Cuando aún sangraban por la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de corrupción, la entrada de la UCO en la sede de Ferraz en el caso conocido coloquialmente como las "cloacas del PSOE" clavó otro puñal en su animosidad. "Todos estos casos son un disparo en el pie de un pilar nuestro que era la lucha contra la corrupción", señala un dirigente de una importante federación.

Hace un año, el Gobierno vivió también una situación convulsa por el informe de la UCO que destapaba la presunta corrupción que implicaba a Cerdán, ex lugarteniente de Sánchez. Entonces, como ahora, trató de capear el temporal con una comparecencia en el Congreso en la que buscó calmar a sus socios con un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con muchas de las promesas aún por cumplir. "Es importante que desde el Gobierno despleguemos una agenda contra la corrupción. Que no vayamos caso a caso, sino tener una política estructural", admite un ministro.

Diferencias con Ábalos

Lo cierto es que los ritmos en la reacción del PSOE respecto a las nuevas investigaciones judiciales contrastan con la celeridad con la que se actuó contra Ábalos. A su ex secretario de Organización y ex ministro le exigieron la entrega del acta de diputado por su "responsabilidad política" en la presunta trama de cobro de comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid tras la detención de quien había sido su mano derecha, Koldo García, pese a reconocer que todavía en aquel momento no había contra él "reproche penal" alguno.

En cambio, aún no se ha aplicado ninguna medida disciplinaria a la gerente del partido, Ana María Fuentes, imputada desde la semana pasada por un posible delito de falsedad en documento mercantil por "la emisión de facturas mendaces" en el presunto intento de boicotear las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Sánchez, que se investiga en la causa contra Leire Díez. Contra la conocida como "fontanera de Ferraz" tampoco se han emprendido ninguna acción pese a que -según el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz- decía actuar "por orden del One".

"Si nos tenemos que querellar, nos querellaremos. A nosotros no nos tiembla la mano", afirman desde la cúpula socialista mientras aplazan la toma de medidas, en su caso, a conocer el detalle del sumario, cuyo secreto se levantó sólo parcialmente este lunes. Entre tanto, inciden en la estrategia de la victimización a la que puso voz en primer lugar el ministro Óscar Puente, denunciando el uso de "métodos no democráticos" para "derribar al Gobierno", y después propio presidente al cargar en un acto del partido contra lo que calificó como una "oposición marrullera": "Van a por nosotros, a que salgamos con el carnet del PSOE y las manos arriba".

Confianza "de momento"

En Ferraz mantienen "de momento" su confianza en la gerente, con el somero argumento de que "ha llevado bien las finanzas". También se la trasladan a Juan Francisco Serrano, diputado en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal, sobre el que según el auto de Pedraz habría "indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan". Por ahora apelan a la "presunción de inocencia" a la vez que deslizan lo que les "chirría" que hayan coincidido en el tiempo el juicio por la Kitchen contra el PP con el del hermano de Sánchez, la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Durante su intervención a puerta cerrada este lunes con la dirección de su partido, Sánchez trasladó a los suyos un mensaje de "tranquilidad y confianza en la Justicia" y desoyó la petición de asunción de medidas más contundentes para intentar atajar los efectos de la acumulación de causas judiciales que le llegan más allá de los límites de su guardia pretoriana, como el adelanto de las generales para evitar un "voto de castigo" en las municipales y autonómicas. Una exigencia que cada vez suma más adeptos entre cargos en activo y ex dirigentes.