El Gobierno defiende la legalidad de los aplazamientos de deuda de Plus Ultra

El Gobierno asegura que los aplazamientos de deuda de la compañía Plus Ultra con la Seguridad Social en los meses previos al rescate de la aerolínea se efectuaron "siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente" y sin ánimo de "favorecer" a la compañía.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que durante el rescate dirigía el exministro José Luis Escrivá, aseguran que aplazar cuotas es un procedimiento "habitual", después de que el juez José Luis Calama, que ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, haya destacado en el auto que el expresidente del Gobierno se reunió con Escrivá un mes antes de que se le concediera el último aplazamiento.

La reunión tuvo lugar el 7 de septiembre de 2020 y la reconsideración de la deuda —de más de 450.000 euros— se aprobó el 5 de octubre. Además, el instructor ha identificado una supuesta comida de Zapatero con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Al respecto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aclarar que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) actúa de acuerdo con criterios "estrictamente técnicos", además de que la figura del aplazamiento de deuda es habitual, más en 2020, cuando se concedieron más de 137.000 aplazamientos, el doble que el año anterior a causa de la pandemia de la Covid.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social concreta que para recibir un aplazamiento, las empresas deben acreditar "una dificultad transitoria de liquidez" y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con "garantías". También apuntan a que se tienen en cuenta que se hayan recibido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad.

En el auto, el magistrado Calama recoge un informe pericial realizado cuando la investigación aún corría a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, resumiendo algunos extremos del informe y concluyendo que la aerolínea no cumplía los requisitos para el rescate. El análisis pericial "determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar", apunta.

Al respecto, el Ejecutivo también se respalda en que la concesión de este aplazamiento se ciñó "en ese momento a la normativa vigente" y al "proceder normal en una situación de este tipo". Además, argumentan que todos los aplazamientos que se concedieron, también el de Plus Ultra, "finalizaron por pago".